El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, advirtió que las dudas acerca de la implementación del Brexit ya están afectando la economía británica, al crear un clima de incertidumbre que limita las decisiones de inversión de las empresas y del gasto de las familias.

Carney ha formulado su advertencia luego de la reunión del Comité de Política Monetaria, en la que anunció el mantenimiento de las tasas de interés en el mínimo histórico del 0,25% y una rebaja en las previsiones de crecimiento anual hasta el 1,7%, frente al 1,9% que se preveía en mayo.

El sector empresarial británico muestra reticencias a la hora de tomar grandes decisiones, pues todavía no tiene claro cuáles serán los términos de la futura relación comercial con Europa. La libra esterlina ha retrocedido frente al euro hasta su mínimo en nueve meses.

Carney, un economista canadiense que suscita las reticencias de los eurófobos por su nítida posición favorable a la UE, es una de las voces que, junto al titular de Economía británico, Philip Hammond, apuestan por un Brexit blando para preservar los intereses empresariales y financieros de Reino Unido.

A raíz de las declaraciones de Carney, que implican una censura velada a la vaguedad de la primera ministra Theresa May ante las negociaciones con Bruselas, el ex director general de las Cámaras de Comercio británicas, John Longworth, ha achacado las negras perspectivas económicas a la "incompetencia" de Hammod.

Longworth, activo defensor de la salida de la Unión Europea durante el referéndum del Brexit, terciaba de este modo en el debate que desgarra al Gobierno de May entre el sector pragmático liderado por el canciller del Exchequer y los partidarios de una salida a cualquier precio.

Longworth quería decir que el gobernador del Banco de Inglaterra está avalando con su diagnóstico la reclamación de Hammond de llegar a un acuerdo transitorio con Europa que, al menos en el periodo inmediatamente posterior al divorcio, permita a los británicos permanecer en el mercado único.

Las cifras, en cualquier caso, son reveladoras en cuanto al impacto de estos tiempos inciertos en los ámbitos diversos de la economía de las islas. La previsión del crecimiento de los salarios, por ejemplo, ha disminuido en tan sólo tres meses desde el 3,5% al 3%. Si esa tendencia se mantiene, unida a la creciente inflación, mermará el poder adquisitivo de las familias británicas.

Muchos analistas vaticinan que las tasas de interés acabarán siendo modificados este mismo año pero, por el momento, el Comité de Política Monetaria ha decidido mantenerlas, después del voto favorable de seis de sus ochos miembros. Por otro lado, Carney seguirá al frente del banco emisor hasta junio de 2019, es decir, hasta tres meses después de que el Brexit sea ya una realidad de la que él mismo ha renegado tantas veces como las que ha tenido un micrófono a mano.

Por otro lado, un tema que también genera controversia es el de la libre circulación de personas. Según Philip Hammond, cuenta con el apoyo de todos los miembros del Gobierno para aplazar la entrada en vigor de un nuevo régimen de inmigración hasta después de concluido el llamado "periodo de implementación". El consenso es que dicho periodo dure dos años, pero Hammond desea que se extienda hasta tres o cuatro años después de que se formalice la salida que, según los plazos establecidos por el artículo 50 del Tratado de Lisboa, se producirá al final de marzo de 2019.

La idea de un periodo transitorio siempre ha disgustado a los más eurófobos, que temen que el mismo se prolongue indefinidamente, dejando al país en una situación como la de Noruega, que contribuye a las arcas de la UE y está sujeta a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, pero no tiene voz ni voto en Bruselas. Algunos proeuropeos, por esa misma razón, contemplan el periodo transitorio como una posibilidad de ganar tiempo para que la opinión pública cambie y se llegue a frustrar el Brexit.

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