CARLOS STENERI

Balance a mitad de camino

Hace tres años, en vísperas de la contienda electoral, señalábamos los temas básicos que el gobierno electo debería resolver sin demora.

MEF quiere que salarios se negocien sin claúsulas indexatorias. Foto: M. I. Hiriart
Foto: Archivo El País.

Estos eran la reducción del déficit fiscal, la profundización de la inserción internacional y la mejora de la infraestructura. Su elección se fundaba en la necesidad de eliminar carencias que ponían en juego la propia consistencia macroeconómica, el fortalecimiento del crecimiento económico y la consolidación de las políticas sociales. Hoy, ya transcurrida más de la mitad de la gestión del actual gobierno y entrando ya en el año preelectoral que limita los márgenes de maniobra, la resolución de esos temas sigue pendiente.

déficit fiscal. Sigue siendo la piedra en el zapato del gobierno. De la negación preelectoral de que el problema no era como se decía, la nueva administración debió aceptar (o reconocer) la realidad dura de los números y la necesidad de un ajuste impositivo rebautizado "consolidación económica". El propósito era rumbear el desbalance de las cuentas públicas del 3.5% a una meta del 2.5% del PIB. Hoy seguimos girando alrededor de la misma noria del 3.5%, y en fase creciente, a pesar del aumento de la presión fiscal, el aporte de recursos por mayor crecimiento y la contribución extraordinaria de las empresas públicas. Su causa fundamental es el crecimiento de las transferencias, entre ellas a la Seguridad Social, como consecuencia de la flexibilización de las normas de elegibilidad otorgadas legalmente en el 2008 para recibir sus beneficios. Y como tiene alta probabilidad de que se aprueben compensaciones para los "cincuentones", aunque no se llegue a los dislates que andan circulando, su costo consolidaría un piso al gasto público que echa por tierra la meta prometida de rebaja del déficit fiscal.

Su contrapartida es una presión tributaria que se encuentra entre las más elevadas de América Latina, tarifas públicas excesivas que lesionan la competitividad externa y el aumento sin pausa del endeudamiento del sector público. Esta realidad insostenible siempre tiene un final irremediable si no se subsana de antemano. Es lento en gestarse, pero rápido en manifestarse, y más draconiano en lo necesario para instrumentar la recuperación del equilibrio. Miremos a nuestros costados para entender de qué se trata. Estamos creciendo, pero no es suficiente para salir del paso; y como vienen las cosas, todo permite suponer que será tarea de la próxima administración resolverlo.

inserción GLOBAL. También va por un derrotero similar. A una situación internacional en lo general refractaria a la negociación de acuerdos comerciales fructíferos, se agregan las dudas en la coalición de gobierno sobre la importancia del tema.

Siempre hay un escollo de último momento para aprobar lo negociado, y un freno para recrear un estado de espíritu que consolide una agenda agresiva en materia de política comercial externa. Esa es la condición necesaria para diseñar estrategias, buscar los nichos, derribar resistencias con nuestros socios comerciales y actuar en consecuencia. Hubo esfuerzos, pero los resultados hasta ahora fueron insuficientes. Quizás sea momento de cambiar de estrategia, pero viendo su baja prioridad en segmentos importantes de la administración, esto también parece que será otro tema para el próximo gobierno.

OBRAS. El shock de infraestructura prometido no ha pasado de lo declarativo. La restricción fiscal ha sido su primer freno, vistos los montos bajos destinados a la inversión pública. El fracaso de la participación privada para complementar los aportes públicos ha sido ya reconocido en los hechos por lo magro de las obras comprometidas bajo esta modalidad. Las propias autoridades reconocen su complejidad, y la experiencia internacional demuestra que no son un sucedáneo para la inversión del sector público. Hoy existen anuncios como la construcción de una vía férrea, condición previa para la instalación de una planta de celulosa, sin conocerse al detalle su forma de financiamiento, la provisión del material rodante ni su modo operativo. Son temas trascendentales por sus implicancias fiscales, y por la nueva institucionalidad que se requerirá para operar un corredor ferroviario de uso intensivo. Con esto se alimenta la idea de que se está operando sin un plan general, que va desde determinar las prioridades de inversión a la concreción de las reformas institucionales necesarias para que la infraestructura de transporte funcione como un todo orgánico. Hasta ahora, continuamos emparchando carencias más que siguiendo un plan maestro de inversiones.

De esto no escapan las empresas públicas, principalmente las dedicadas a la energía. Hasta ahora están las versiones parciales de cada empresa de cómo piensan acometer el futuro, y por ende su programa de inversiones. Pero la pregunta es quién diseña un plan maestro que optimice la oferta energética, con márgenes de confiablidad aceptables, costos operativos bajos e invirtiendo lo menos posible. Esto es una tarea que requiere visiones de largo plazo, tomar decisiones que coordinen a los involucrados y que a pesar de los esfuerzos, entendemos que se encuentra en el debe.

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