JORGE CAUMONT

Discusiones parlamentarias de hace unos años, llevaron a consagrar legalmente las funciones que debe cumplir el Banco Central del Uruguay (BCU) y se dispuso que fueran llevadas adelante en un contexto de autonomía técnica.

El propósito nació amenazado en cuanto a su efectividad por la incorporación de un artículo en la misma ley de la carta orgánica, que creó un comité de política macroeconómica en el que actúan y deciden integrantes del propio BCU y del Ministerio de Economía (MEF). Una especie de equipo económico que da por tierra con la autonomía de la institución.

Hoy la política monetaria, una de las funciones naturales y legales del BCU y cuya finalidad es "la estabilidad de precios que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo", no está desvinculada de la política fiscal y del MEF, como ocurre en las naciones de las que se quiso tomar ejemplo cuando se discutiera la ley. No es comparable la "autonomía" del BCU con la que tiene la Reserva Federal , el Banco de Inglaterra o como es el caso más evidente, el Banco Central Europeo.

La autonomía del BCU la "borra" lo que ocurre con el resultado —déficit— del gobierno central, culpable asimismo de la limitada autonomía de los denominados "entes autónomos" o empresas estatales. Es un embrollo difícil de resolver, que tampoco puede perpetuar por el avance a tasas crecientes —como se desprende de lo ocurrido en los últimos años— hacia situaciones insostenibles y con efectos que pueden llegar a ser significativamente adversos para las futuras generaciones.

Algo que todos conocen y que solo mencionaré al pasar, es lo que se da como consecuencia de la potestad, hasta irrestricta, que tiene el MEF para introducir gravámenes impositivos y modificar otros que naturalmente deberían ser objeto de discusión parlamentaria pero que, por arbitrios que fueron descubiertos en el pasado no reciente, se logran cobrar por interferencias en la actividad económica y financiera de los entes autónomos. El ejemplo es el que se observa con la discusión de los nuevos precios —a partir de enero— de los bienes y servicios producidos por las empresas públicas. La imposición sin representación para ello, a través de aumentos no justificables de las tarifas públicas, es una clara interferencia con las decisiones que deben tomar autónomamente las empresas del Estado.

En el caso del BCU, la situación es diferente y más difícil de ver por el observador no especializado. Nadie percibe, ni siquiera los propios inversores en la letras de regulación monetaria (LRM), que esos títulos de deuda que emite el Banco Central, se deben a la necesidad de cumplir con una de sus funciones específicas: "… la estabilidad de precios que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo". Es cierto, el BCU emite LRM que, inversores atraídos por sus rendimientos, las adquieren con dinero que de ese modo la autoridad monetaria saca de circulación. La contracción de la liquidez que generan esas operaciones contribuye a mejorar el comportamiento de los precios.

Lo interesante y más difícil de ver es la razón por la que el BCU debe extraer esa liquidez del mercado de dinero y ver el costo que esa política tiene. Es que la autoridad monetaria ha perdido su autonomía debido a su oscilante opción cambiaria, así como en materia de relación con las entidades públicas y en particular con el gobierno central. En otras palabras, ha perdido autonomía monetaria porque son más las veces que interviene en el mercado de cambios que las que deja que el mercado fije su precio. A veces controla la cantidad de dinero y otras es el mercado el que la determina a través del resultado de la balanza de pagos —fundamentalmente a través del carry trade y del endeudamiento externo—. Y ha perdido autonomía de acción frente a lo que ocurre en el frente fiscal, porque al déficit lo financia parcialmente, directa o indirectamente, entregando el contravalor en pesos de parte del endeudamiento en moneda extranjera que el gobierno central usa para financiar sus resultados negativos. Pero tanto por la intervención en el mercado de cambios como porque le provee liquidez al deficitario gobierno central, la cantidad de dinero en circulación aumenta por encima de la demanda y, ante la amenaza inflacionaria, la alternativa es su esterilización con emisión de letras.

Esto no es gratuito para el BCU y al cabo de cada año el costo que debe pagar con emisión que luego debe volver a esterilizar es creciente. En los once meses de este año, trepó por encima de los U$S 400 millones. Una situación difícil de mantener, pues implica la pérdida de la tercera parte de un patrimonio que hoy está bien por debajo de lo que la carta orgánica fija como mínimo, y que su reconstitución como dice la ley, la debería hacer el mayor culpable: el Gobierno Central. Una mezcla de política fiscal y monetaria que muchas veces termina en mayor presión fiscal, depreciación del peso o en ambas cosas.