Se conocen los grandes trazos de la propuesta de Rendición de Cuentas. Se optó por volver a aumentar las erogaciones en US$ 72 millones y una nueva dosis de ajuste fiscal vía impuestos. Si bien se informó un incremento superior en el gasto, en realidad o no lo es o ya debería estar (estaba) previsto en la programación original.

En efecto, los supuestos US$ 50 millones para financiar el fondo de retiro militar, no aumentan las actuales erogaciones por dicho concepto; los aumentos de transferencias al BPS por pasividades surgen de la Constitución, la demografía y las leyes imperantes, que no han variado. Por último, la menor transferencia de utilidades del BROU es un menor ingreso.

No es propósito de esta columna analizar los impuestos que se impulsan, meramente me limito a señalar que la tasa consular tal como está planteada, no sólo cierra más nuestra economía, de por sí muy poco abierta, sino peor aún, nos encierra más dentro del Mercosur al aumentar la protección al comercio intrabloque dada la discriminación de origen y, más allá que es probable que tengamos algún litigio en la OMC es bueno recordar que, como todo impuesto a la importación, esta tasa equivale a un impuesto a la exportación, tal como la teoría económica demuestra(1). En breve, atenta contra la eficiencia y la competitividad del país.

Desde hace ya demasiados años, estamos asistiendo al aumento permanente del gasto público, el que se puede mensurar por las cuentas públicas y aquel que no se puede hacer, sea por subsidios indirectos vía precios, por ser realizado mediante las S.A. pertenecientes a las EE.PP. o diversos fideicomisos asegurados en todos los casos con cesión de fondos públicos futuros. A lo anterior debemos agregarle una parafernalia de nuevas regulaciones que no sólo entorpecen el funcionamiento de los mercados, sino que encarecen, y bastante, el costo para las empresas y los contribuyentes.

Por fuera de las transferencias, tres componentes principales explican en buena medida el aumento del gasto y su correlato, el déficit público. El primero, es el aumento de la cantidad de funcionarios públicos que, según las estadísticas que publica la ONSC llegan casi a los 65.000 desde fines del 2004; el segundo, algunos cambios a la ley de Jubilaciones pero fundamentalmente resoluciones administrativas del BPS, ya comentadas desde esta columna ("mini contrarreformas", la vuelta a la prueba testimonial y hasta la propia declaración "jurada" del interesado) que, sin justificación alguna ni otra necesidad que la demagogia electoral, minaron las bases de solvencia de un sistema que funcionaría sin inconvenientes al menos hasta el 2030-35 y, el tercero, del cual carezco de información para una mensura precisa, los subsidios y transferencias hacia las S.A. de las EE.PP.. Éstos pueden no aparecer en las cuentas públicas al exponerse en la contabilidad como "préstamos" o aportes de capital accionario —siendo en la mayoría de los casos gasto puro y duro—, o bien como garantías otorgadas por préstamos que dichas S.A. tomaron y luego pagaremos todos.

Sobre el aumento de los funcionarios públicos se argumenta que se concentran en Educación, Salud y Policía. Así aparecen en las estadísticas pero, en el mejor de los casos, los resultados no son acordes, quedando probado —por si hacía falta—, que el problema es la forma cómo se desarrollan las tareas y planes. Se sabe que por allí se entra y luego se "pasa en comisión", así como de la multiplicación de contratos y cargos de confianza personal, todo lo cual nos lleva a la situación actual. Meramente el aumento de personal que podemos medir, tomado a valores promedio y asumiendo que se hubiesen empleado en el sector privado al mismo sueldo, implica un aumento del gasto global de 1.8% del PIB. Si, por el contrario, todos esos compatriotas no hubiesen conseguido empleo, se puede decir que hoy tendríamos un desempleo encubierto que llevaría la tasa de desocupación real al entorno del 12,5% y el aumento del gasto público neto sería de 1,3% del PIB (los aportes personales y patronales serían parte de la mayor transferencia al BPS para cubrir su déficit (2).

Por su parte, básicamente la decisión administrativa del BPS implica erogaciones del orden de 1,2% del PIB superiores a las que deberían tener por pasividades. Por último, de los excesos en las S.A. estatales, sólo las de Ancap toman por año casi 0,4% del PIB. En estos tres conceptos está todo el déficit público o, si se quiere, visto de otro modo, todo el sobreprecio en los combustibles más 2/3 de la recaudación del IRPF e IASS proyectada para este 2017, luego del ajuste fiscal de inicios de año.

Sin encarar las causas no habrá solución real, y sólo el aumento de la deuda sobrelleva la situación. Dado lo anterior, a excepción de las S.A. del Estado, es claro que nada tiene solución a corto plazo; es más, se requiere una política decidida de largo plazo donde se limiten los ingresos a la Administración Pública y se retorne a las bases lógicas para otorgar prestaciones de previsión social para que el devenir de los hechos y el tiempo acomoden las cifras. Nadie puede pensar en menos de 10 a 15 años. En el medio, sólo restringiendo el aumento real del gasto público y tomando las mayores recaudaciones derivadas del crecimiento económico, darán el tiempo suficiente para arreglar el desaguisado sin pasar por un ajuste doloroso. Lamentablemente se pierde otra oportunidad de comenzar y no parece ser el 2019 un año donde ello ocurra.

(1) Simetría de Lerner.

(2) No se toman en cuenta los funcionarios dependientes de los Gobiernos Departamentales.

ISAAC ALFIE