por alto costo fiscal proponen una quita gradual

Arentina: reclaman remover subsidios

El informe presentado recientemente por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), a través de su presidente Rafael Flores y de su par Jorge Lapeña, del Instituto Argentino de Energía "General Mosconi" (IAE), advierte al gobierno de Mauricio Macri sobre la necesidad de quitar los subsidios energéticos.

Desde 2003 a la fecha el incremento en subsidios ha sido incesante. La ley de emergencia económica sancionada en 2002 tras la salida de la convertibilidad permitió el congelamiento transitorio de las tarifas de los servicios públicos regulados. Sin embargo, pese a ser temporal, fue prorrogada una y otra vez. Así, el gobierno anterior omitió la obligación de renegociar los contratos para determinar tarifas "justas y razonables".

"No habrá inversión extranjera ni nacional sin la quita de subsidios, advirtió Lapeña a LA NACION.

"Sumados a la alta inflación, las empresas prestatarias de servicios públicos sufrieron quebrantos patrimoniales y todo redundó en baja calidad de servicios, cosa que se comprueba en términos prácticos cuando la luz se corta", sentenció el ejecutivo del IAE.

"Este fenómeno ha terminado por distorsionar la microeconomía energética, o sea, las empresas empezaron a ser impotentes o incapaces de afrontar los desafíos de nuevas inversiones y esto tuvo una derivación en la macroeconomía del país", detalló el ingeniero.

El estudio analiza la situación fiscal desde el punto de vista presupuestario y destaca que en la historia del país no existen antecedentes de que los subsidios aumentaran 110 veces en diez años. Es decir de 1157 millones a 128.000 millones de pesos en 2014. En términos del PIB, pasaron de representar el 0,2% del al 2,9% en 2014.

Conclusiones.

Como parte de las conclusiones, el informe contextualiza la problemática ante un enorme y creciente costo fiscal, un empeoramiento en el valor del ingreso, discriminación hacia los habitantes del interior y una situación que se agravó año tras año, con una tasa menor recién en 2015. "La situación es grave y de una complejidad enorme. Las inversiones del sector están en riesgo, además están la cuestión social, el impacto macro en la economía, la situación financiera crítica de las empresas, las personas de escasos recursos y un contexto inflacionario", detalló Rafael Flores.

"Realmente será un desafío fenomenal el que tiene el Gobierno por delante. Lo nuestro es un aporte para contextualizar la situación pero hay que considerar que la tarifas que se pagan hoy en Buenos Aires son 18 o 19 veces más bajas que en Chile o Brasil y 10 veces menores que en Córdoba y Santa Fe", continuó Flores. Las organizaciones citadas, ASAP e IAE, plantean la necesidad de refinanciar la estructura energética y, de manera gradual, quitar los subsidios.

"Durante todos estos años el Estado asumió la inversión y los resultados no han sido los esperados. Hay que pensar un esquema en el cual las empresas puedan tener ingresos para ampliar su infraestructura y el Estado controle verdaderamente que estos planes de inversión se lleven adelante", ratificó Flores.

Auditoría.

Además, el gobierno de Macri deberá evaluar si en el esquema de los subsidios hubo abusos y empresas beneficiadas.

"Es preciso hacer una auditoría en el área de subsidios energéticos y al transporte", sentenció Flores.

El problema más grave que analizan las entidades es la gente sin recursos, de nivel socioeconómico más bajo. Se inclinan por la implementación de una tarifa social y la posibilidad de justificar la necesidad de mantener el subsidio.

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