John Maynard Keynes, inglés, fue el primer economista en teorizar sobre bondades del uso anticíclico de la política fiscal.

Afirmaba que la baja de impuestos o suba del gasto público en momentos de lento crecimiento, recesión o depresión, revertirían esas situaciones macroeconómicas no deseadas y relanzarían un proceso de aumento de la actividad económica para salir de inconvenientes niveles de desempleo.

La reducción de impuestos sería reanimadora de la actividad porque, como después lo señalara Hicks con un modelo macroeconómico teórico más preciso, aumentaría el ingreso disponible de la población para gastar en consumo y en inversión y de ese modo induciría crecimiento de la producción y la ocupación. El aumento del gasto público sería reactivador porque es parte de la demanda global en la economía y si ella aumenta, decían, llevaría también a un mayor nivel de respuesta por el lado de la oferta, por el lado de la producción. La necesidad de una salida a la depresión de la década de los años ´30 del siglo pasado daba para propuestas de todo tipo y la de Keynes se hizo famosa como otras sobre las que influyó, siendo la más sofisticada la que con el New Deal, dispusiera Franklin Roosevelt en Estados Unidos.

Algo más de una década después, la teoría keynesiana y el keynesianismo, en pleno esplendor y aceptación generalizada, se toparon con un pequeñísimo entorno académico acérrimo opositor de ideas que daban pie a mayor participación y regulación estatal limitando la acción individual. Ese entorno, liderado por Milton Friedman y nacido a pocos metros del lugar en el que trabajaban los principales seguidores del influyente profesor de Cambridge, en el propio Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, descargó munición gruesa sobre las ideas intervencionistas del economista inglés y las de su ya multinacional séquito. La escasa oposición que luego creciera y desde entonces acompañara la corriente monetarista del profesor de Chicago, descalifica la influencia de aspectos claves de la política fiscal para mejorar la actividad económica con aumentos del gasto público.

El punto fundamental es que el gasto se financia con impuestos que restan capacidad de compra a consumidores e inversores, que genera altos costos de transacciones explícitos e implícitos para la sociedad (costos de recaudar, de controlar, del contribuyente para declarar sus impuestos, y otros por el estilo). Y además, que se asignan esos recursos por el gobierno de una manera que no es la óptima.

En otras palabras, que es mejor menos impuestos y que el gasto lo realicen quienes son los propietarios de los recursos que se les impone entregar, en lo que ellos consideren más conveniente al buscar maximizar su bienestar. Dicho de otro modo, que el gasto público no tiene el efecto multiplicador que Keynes le adjudicaba y que el keynesianismo todavía hoy le asigna, por encima del propio gasto que harían los contribuyentes.

La disputa académica de las dos corrientes no aplica en el país. En Uruguay ni decisiones de gasto público ni tributarias han constituido una política fiscal anticíclica como proponía Keynes. Tampoco ha tenido el carácter propuesto por sus adversarios académicos en el sentido de que debe ser limitada, con menos impuestos, y darle más espacio a la voluntad de gasto de los consumidores sin sujetarlos a una tributación que además, genera fuertes costos sociales y de transacciones.

Existe suficiente evidencia empírica que muestra que cuando la economía uruguaya tiene un lapso de crecimiento que mejora la recaudación fiscal, ese exceso es gastado y no ahorrado para su uso en los momentos de estancamiento o declinación. En esos períodos, que se toman como permanentes y no como lo que son, transitorios y solo una fase del inevitable ciclo económico, hasta se crean nuevos impuestos aprovechando el furor momentáneo que despierta la expansión. Y la recaudación que proporcionan refuerza, pero solo temporalmente a través de la expansión del gasto público, el alza de la economía. Apelando a razones sociales y con la inexplicable tolerancia de organismos multilaterales de crédito y de calificadoras de riesgo, con ese marco de gran expansión también se producen resultados fiscales negativos que se financian con aumentos de la deuda pública cuyo pago compromete a futuras generaciones.

No se aprovecha para encarar la otra alternativa, la de reducir obligaciones tributarias para darle margen mayor al gasto voluntario privado que es más multiplicador de actividad en el mediano plazo y para reducir los costos de transacciones y el costo social que tienen los impuestos. Lo que se recauda es siempre mucho menos que lo que queda de esa recaudación, para gastar.

Se anuncia hoy en nuestro país que circunstancias externas generan problemas de actividad económica y que evitar aumentos del alto déficit de las cuentas públicas requiere reducir el gasto oficial, en el gobierno central y en empresas públicas, al tiempo que, directa o indirectamente se imponen nuevos tributos y cuasi tributos a partir de tarifas públicas. Se trata de acciones fiscales que, en un contexto keynesiano, deprimirían aún más la situación por la que atraviesa el nivel de actividad, sea de enlentecimiento, de estancamiento o de receso. Y en el contexto de la visión alternativa es un alejamiento mayor de su propuesta.

JORGE CAUMONT