Las noticias sobre los ajustes tarifarios de Ancap, UTE y OSE y las respuestas que han dado las autoridades económicas actuales y futuras, han sido vastamente analizadas por periodistas, economistas, entidades gremiales empresariales y por la gente en general. 

Es que la información que hoy trasmiten el mercado y los medios de prensa, no deja dudas de que la significativa baja del precio del petróleo no se recoge en la tarifa del ente monopólico nacional. Tampoco hay dudas que tras los cambios de opinión sobre las tarifas de la energía eléctrica existen motivos que van más allá del cuidado de la situación financiera del otro gran ente nacional. Hasta el propio presidente José Mujica reconoce que para los ajustes tarifarios recientemente realizados se han tenido en cuenta aspectos fiscales.

Lo que afirma el primer mandatario es lo que seguramente la mayor parte de la población cree. Pero vayamos algo más lejos analizando lo que indicara el presidente para no quedarnos solo en la discusión de si hay o no un ajuste fiscal —parcial— en los ajustes tarifarios —como lo piensa la mayoría—, o una adecuación del equilibrio financiero de los entes como se señala por algunas fuentes oficiales. El presidente en su audición radial dijo que "es cierto que de acuerdo a los criterios de UTE la electricidad podría haber aumentado dos o tres puntos menos pero recordemos que de todas maneras el aumento asignado está por debajo de la inflación". Y continuó: "se nos puede reprochar sí, y tenemos que reconocer que existe un cierto margen de prevención fiscal porque hay incertidumbre en el horizonte del mundo… En ese marco tener un poco de prevención nos pareció correcto".

Los argumentos que emplea José Mujica justificando los aumentos tarifarios derivan de un statu quo que es difícil modificar cualquiera que sea el color de la administración de gobierno que tengamos. Una situación que se extiende desde hace ya muchos años y que se fundamenta en el intervencionismo estatal como regla para la mayor parte de la sociedad y en la necesidad de los administradores de gobierno de contemplarla. Una situación que perdura además, por el incentivo que tienen los administradores a jugar todas las cartas para alcanzar resultados económicos en el lapso de su administración, que permitan extender su actuación. Lo que no parece correcto, al menos para algunos que pensamos en alternativas diferentes, es usar esos argumentos cuando pudieron haberse evitado antes de que aparecieran los problemas.

Desde hace mucho tiempo los ajustes tarifarios se explican por la variación pasada de precios internos y externos de insumos, de la evolución de los salarios y del tipo de cambio y por la de otros elementos como los montos necesarios para inversiones de mantenimiento y de mejoramiento de la eficacia y eficiencia de la producción. También y como un instrumento de "imposición sin representación", de la contribución tributaria de algunas empresas públicas al Tesoro Nacional.

Encuentro que ese criterio de ajuste tarifario es incompleto, permite su uso arbitrario, es estático y es permisivo de abusos del poder fiscal de la administración de gobierno de turno. Es incompleto porque no se incluye a la productividad total de factores en esa ecuación. Ni el valor de la productividad de la mano de obra, ni el valor de la productividad del stock de capital debido a las inversiones ni a la mayor eficiencia que se pueda introducir por factores tecnológicos o de otra naturaleza. Pero aun aceptando el criterio de variación de tarifas, su uso es arbitrario y las justificaciones inconsistentes. El uso arbitrario del criterio se refleja en su incumplimiento y, si no se cumple, ¿para qué definir una paramétrica de ajuste? Y su incumplimiento da lugar a explicaciones inconsistentes: el presidente dice que el ajuste de UTE tiene un componente fiscal pero es menor que la inflación pasada. No dio una disculpa similar —difícil encontrarla— en el caso del ajuste de OSE que es mayor que la inflación.

El criterio es, además, permisivo del poder fiscal de la administración, pues le brinda la capacidad al gobierno central de recaudar o de subsidiar sin tener que pasar por el filtro aprobatorio —hoy inexistente y también en el próximo período parlamentario— del poder legislativo. Se puede recaudar lo que se desee simplemente fijando el componente tributario de la tarifa pública. Y si bien se puede considerar que la recaudación a través de la tarifa de los entes refleja la ganancia de su propietario hasta cierto punto, el argumento puede chocar —mejor dicho, choca—, con el criterio que respalda a lo estatal ante lo privado. Si el gobierno recauda fijando la tarifa pública está también en la senda del eventual privado administrador de un negocio competidor. Entonces, ¿por qué no liberar las actividades públicas monopólicas a la competencia privada? Los uruguayos, cualquiera sea el color de la administración de gobierno de turno, nunca admitirían perder la "propiedad virtual" de las empresas que les cobran precios incomparables con los de otras naciones, les quitan competitividad a empresas nacionales y les amenazan sus fuentes laborales. Un sistema tributario serio no puede mantener un componente cuasi tributario incrustado en la tarifa de un servicio público.

Ante el reconocimiento presidencial de que los ajustes tarifarios responden a "cierto margen de previsión fiscal", surge otra reflexión que tiene que ver con los ciclos económicos. Estos ciclos que se caracterizan por alzas y por bajas de la actividad económica y en los que pueden existir momentos de sobre expansión y momentos de recesión, pueden ser atenuados en cada una de esas fases y en las intermedias. En numerosas ocasiones se discutió si era conveniente o no expandir el gasto fiscal como se hizo, en momentos en los que el sector privado estimulado por circunstancias externas crecía por encima de su potencial, o si era conveniente no gastar todo lo que se recaudaba, y más, para tener recursos en etapas de retracción del gasto privado con reflejo bajista sobre la recaudación tributaria. La discusión la perdieron los que señalaban que se debía prevenir con una política fiscal anti cíclica como la llevada adelante por Chile y otras naciones, generando un colchón de recursos para cuando fueran necesarios. Y si la política de gasto público fue pro cíclica, reforzó el crecimiento de la actividad, a lo que apunta José Mujica es a que ahora debe ser también pro cíclica la política cuasi tributaria pues reduce el ingreso real de los consumidores de combustibles, de agua y de energía eléctrica para cubrir "preventivamente" el resultado negativo de las finanzas públicas. Lo que se debió hacer antes cuando había, se propone hacer cuando no hay, castigando entonces a los consumidores, a los productores e indirectamente a los trabajadores.

JORGE CAUMONT