JULIO PREVE FOLLE

Una agricultura carcelaria

Ponerse por encima de las decisiones de los ciudadanos y obligar en lugar de sugerir, no solo es un agravio a la libertad, sino además un mal negocio.

"Obligar en lugar de sugerir, no solo es un agravio a la libertad, sino un mal negocio". Foto: Flickr
"Obligar en lugar de sugerir, no solo es un agravio a la libertad, sino un mal negocio". Foto: Flickr

El MGAP, en consonancia con la lógica del gobierno socialista que integra, se ha caracterizado por un avance ilegítimo sobre la libertad de la gente, imponiendo permisos previos, autorizaciones, registros, como si el estado fuera el dueño de la facultad de producir que delega en algunos —los registrados —cuando obviamente es al revés.

Ponerse por encima de las decisiones de los ciudadanos y obligar en lugar de sugerir, no solo es un agravio a la libertad, sino además un mal negocio. Porque nadie ha demostrado jamás que el Estado sea mejor ganadero, mejor agricultor o, peor aún, más diligente cuidador del suelo.

Ahí tenemos por ejemplo la trazabilidad obligatoria, un agravio al sentido común, una invasión a la libertad de trabajo, que supone que el MGAP obliga a hacer un negocio que hasta ahora —además— solo ha supuesto costos, y por tanto se va convirtiendo en una caricatura de la realidad, plagado de travesuras con las caravanas, los chips y las lecturas de campo.

En protesta.

Un excelente documento de la ARU difundido en el Prado advierte sobre una serie de problemas sin respuesta oficial vinculados a costos generados por el gobierno, que van dejando fuera de competencia a la mayor parte de los agricultores. Pero avanza sobre dos aspectos de la política agrícola que tanto he criticado.

El primero es sobre los planes obligatorios de uso y manejo del suelo. El documento señala —primera vez que una gremial se pone de frente, aunque sea tímidamente— "que las políticas reguladoras impulsadas desde el MGAP, no tienen el efecto buscado y por el contrario le provocan al productor una rigidez inadecuada en su toma de decisiones". Era obvio que iba a resultar de esta manera como tantas veces escribí, y tantas otras algunos dirigentes de esa misma gremial prefirieron callar, cuando se estaba montando un agravio severo al derecho de propiedad. Ahora se ve que no solo resulta aberrante tener que pedir permiso al MGAP acerca de qué cultivo realizar, sino que además la gremial se queja de una rigidez impuesta —fue lo que se quiso hacer— que quita libertad en función de un cuidado estatal del suelo que se impone imperativamente por parte del MGAP. Las discusiones ya no solo se extienden sobre el derecho del gobierno de prohibir a la gente realizar un negocio legítimo, sino que además ya se discute sobre la misma base científica edafológica que se ha tomado como una ley sin excepciones. Además, cuando una norma obligatoria carece de sentido económico, una de dos: o se convierte al MGAP en una policía soviética de obligación de realizar algunos cultivos, o empiezan como ya se conocen los certificados truchos iguales a las travesuras generalizadas en las caravanas. De esta forma, una buena herramienta para ayudar —nunca obligar— a una toma de decisiones vinculada al cuidado del suelo, se va desprestigiando.

Registrar todo.

Continuando con este grave agravio a la libertad de la gente, se instaló en un par de artículos perdidos de la ley 19.149 de rendición de cuentas que nadie advirtió, un nuevo avance sobre la iniciativa individual y la libertad de la gente, basado todo —cuando no— en el sacrosanto cuidado discrecional e indeterminado del medio ambiente que parece justificarlo todo. La ley autoriza al MGAP a determinar los procedimientos que quiera (art. 173) para verificar el ingreso o egreso al país de cualquier cosa: el comercio de productos e insumos agrícolas ya no es libre. Y luego viene la joya, el art.174 que establece que para poder brindar servicios de maquinaria hay que inscribirse, pedir permiso y tener GPS para que el MGAP logre su objetivo soviético de localizar a los empresarios y controlar qué aplican, cómo, en qué dosis, etc. No resisto dejar de transcribir esta apoteosis de intervencionismo : "Prohíbese en todo el territorio nacional, incluidas las zonas francas, efectuar cualquiera de las actividades indicadas en el inciso anterior, sin contar con las autorizaciones, registros, certificaciones, habilitaciones y/o acreditaciones que correspondan o en contravención a las condiciones, restricciones y requisitos técnicos establecidos en las mismas." Luego vienen artículos con más detalles intervencionistas y por supuesto la facultad de cobrar y multar por todos estos "servicios" así entre comillas. Vale decir que hoy no solo hay que pedir permiso para plantar lo que se desee, para comercializar cualquier producto agrícola, sino que además hay que hacer lo propio con la aplicación de insumos, colaborando así a una concepción policíaca de la economía agrícola.

Alberdi.

Sorprendido por la falta de reacción de los legisladores frente a una norma que ofrece dudas de su constitucionalidad para empezar, sorprendido también por la mansedumbre de las gremiales en su momento, saludo con beneplácito esta primera reacción contra esta agricultura carcelaria propia de un gobierno que prefiere vencer antes que convencer, que opta por imponer en lugar de sugerir.

En la política agrícola hay que recordar la precedencia de algunos valores supremos que están por encima de lo propiamente agropecuario, químico o edafológico. En eso estaba cuando me encontré una reciente reedición del discurso de su apoteosis en la Facultad de Derecho cuando, ya viejo, volvió a Buenos Aires recogiendo por fin el reconocimiento de sus pares. Alberdi —de él se trata— se vino a Montevideo a preparar su intervención, de algún modo su testamento político. Lo tituló. "La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual". Y algún párrafo:.. "La libertad de la patria es la independencia respecto de todo país extranjero. Pero la libertad del hombre es la independencia del individuo respecto del gobierno del país propio"

La intervención de ARU sugiere que las campanas tocan a rebato para saludar la segura aunque todavía quizás lejana muerte de la política agrícola carcelaria que se ha propuesto conculcar el derecho de la gente a trabajar, contratar, enajenar, producir, adquirir, comerciar.

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