Hace dos lunes vimos que los temas referidos a inversiones públicas e infraestructura han estado sobre el tapete desde el inicio del actual período de gobierno. Vimos los principales indicadores disponibles referidos a la inversión en 2014, la que, de acuerdo a las cuentas nacionales, fue de 21,4% del PIB.

Mientras tanto, la inversión extranjera directa alcanzó a 4,7% del producto.

Por último, los números fiscales del año pasado muestran inversiones en el sector público por 3,2% del PIB, correspondiendo 1,4% del producto al gobierno central y 1,8% a las empresas estatales, principalmente UTE y Antel con más de US$ 400 millones cada una, mientras que OSE y Ancap invirtieron menos de 100 millones cada una.

También comentamos el anuncio realizado por el presidente Vázquez el 27 de julio, referido al "Programa de Inversiones 2015-2019", por un total de US$ 12.370 millones, que en lo que refiere a inversiones con recursos públicos implica una inversión anual del 3% del PIB, ligeramente por debajo de la del período anterior (3,1% del PIB). Vimos que aquel anuncio no tiene nada de espectacular ni extraordinario, si bien es posible que una mejor coordinación y evaluación de las inversiones proyectadas las hagan "rendir" más que antes. También se destaca que parte del programa de inversiones en infraestructura pública se planea realizar con recursos privados por lo que, de concretarse, implicarán un aumento respecto a lo que se venía realizando. Veamos ahora los proyectos previstos y si se trata de "mucho" o "poco".

El programa anunciado cubre numerosas áreas y con magnitudes muy diversas, siendo por orden cuantitativo las siguientes (cifras en millones de dólares en los cinco años, con recursos públicos y privados): energía (4.230), vialidad (2.360), infraestructura social (1.870), vivienda (1.320), comunicaciones (750), agua y saneamiento (550), puertos (550), ferrocarriles (360) y otros (380).

Entre ellas se mencionan numerosas inversiones con recursos privados: en trasmisión de electricidad, generación de energía de fuentes renovables, vialidad, una línea ferroviaria, infraestructura portuaria, la planta regasificadora (cuya concreción está ahora en duda) y la cárcel de Punta de Rieles que constituye la primera experiencia de Participación Público Privada y que recientemente obtuvo financiamiento en el mercado local de capitales.

Por otra parte, entre las inversiones con recursos públicos están las correspondientes a las empresas de propiedad estatal (por orden de magnitudes: UTE, Antel, OSE, ANP y Ancap) y las que forman parte del presupuesto nacional, que corresponden a diferentes unidades ejecutoras. En este caso se destacan vialidad (MTOP y CVU), vivienda y un conjunto de sectores en el área social: educación, hospitales, cuidados y seguridad ciudadana.

Hace dos años, tuve la oportunidad de coordinar un trabajo sobre infraestructura que abarcó cuatro áreas: vialidad, puertos, ferrocarriles y energía. En ese trabajo (www.infraestructurauruguay2030.org) se cuantificaron las necesidades de inversiones en esas áreas para llegar sin cuellos de botella hasta el año 2030. Es decir que, grosso modo, se pueden comparar las necesidades cuantificadas entonces con las inversiones anunciadas ahora en cuatro de las áreas que contiene el programa 2015-2019, si se considera que éstas se refieren a un tercio del período estudiado en aquel trabajo.

En energía, en 2013 se estimó, para 15 años, en US$ 14 mil millones la inversión necesaria en el sector eléctrico y en otros 7 mil millones en el sector de hidrocarburos. El "Programa 2015-2019" prevé invertir US$ 4.230 millones. En ferrocarriles se prevé invertir US$ 360 millones en el quinquenio frente a necesidades estimadas en US$ 1.129 millones en 15 años. En el caso de los puertos, entonces se estimaron inversiones necesarias por US$ 1.734 millones y ahora se prevé invertir US$ 550 millones en cinco años. Finalmente, en vialidad (que es el sector que está más en el candelero) se prevé realizar inversiones por US$ 2.360 millones en estos cinco años, frente a necesidades detectadas en 2013 por US$ 3.955 millones para este quinquenio. Así, en este caso la comparación es todavía más pertinente que en los otros sectores analizados y a su vez deja en evidencia la insuficiencia de lo que se prevé invertir en vialidad con relación a las necesidades existentes.

A la cifra de US$ 3.955 millones se llega sumando el rezago en rehabilitación y mantenimiento de la red (US$ 1.300 millones a cubrir en los cinco años), obras extraordinarias en zonas de incremento de la producción forestal y agrícola (US$ 370 millones) y el presupuesto anual normal para mantener la red nacional y departamental en régimen estacionario (US$ 457 millones anuales).

Las principales dudas del programa anunciado pasan por la capacidad de desarrollar proyectos de infraestructura pública aptos para ser financiados con recursos privados, vista la lentitud con que se ha procedido en los últimos años.

Javier de Haedo - Economista