Los inversores extranjeros detectan que el mercado está viciado por esta plaga y deciden no invertir en nuevos talentos o en los músicos ya establecidos, puesto que en cinco años el negocio sufrió una baja en las ventas de discos originales de más del 85%.

En nuestro país, la Cámara Uruguaya del Disco (CUD) existe con el objetivo de defender, proteger y desarrollar la industria discográfica y, particularmente, velar por la propiedad intelectual de los productores. Este organismo denuncia la existencia de los puntos donde existe la piratería y colabora con las autoridades para que se efectúen los procedimientos necesarios.

Guzmán Fernández, director ejecutivo de la Cámara, explicó que este tipo de gremios existe en todas partes del mundo, pero que en América Latina y, en especial en Uruguay, "encuentran un caso particular porque hay un índice muy elevado de piratería y se combate mal".

LA TRIADA. Al referirse al daño que causa la piratería en el mundo de la música, Fernández enumeró tres aspectos principales: el jurídico, el económico y el cultural.

La legislación nacional contra la piratería fue calificada como "muy débil" por el director, quien arguyó que Uruguay es "el país del continente que tiene las penas más bajas" para quienes cometan este delito. La ley aprobada en el 2002 establece una pena máxima de tres años de penitenciaría, por lo que Uruguay "opta intencionalmente por hacer de éste un delito menor", explicó.

Aseguró que la impunidad fue creciendo con los años porque las autoridades no son conscientes del daño generado por esta práctica. "La piratería es un delito. El pirata es un ladrón y el que compra un disco pirateado es un cómplice", sentenció. Y recordó que Uruguay ratificó tratados internacionales que obligan a sancionar estos delitos en todos sus aspectos (distribución, venta al público, producción). "No estamos al nivel que nos exigen internacionalmente".

La política mundial, con excepción de Estados Unidos, no es atacar al consumidor final sino buscar al que pone estos productos a disposición del público. Cuando se hacen los procedimientos en las ferias de Montevideo o el interior, el objetivo no es arrestar, procesar o sentenciar a la persona que está comprando el disco, sino al que lo vende. El mensaje de la Cámara es de sensibilización más que de represión.

En segundo lugar, Fernández destacó el tema económico. La Cámara impulsa la mayoría de los proyectos posibles para hacer entender a la población el importante daño que causa la reproducción y venta de CDs truchos a la economía. "Es cuestión de estudiar la cantidad de disquerías que han cerrado, las decenas de personas que han quedado desempleadas, todos aquellos miembros de la cadena económica que va desde la creación de una obra hasta la venta final; son decenas de eslabones económicos: la producción, la creatividad, la interpretación, el mixaje, la grabación y la distribución".

Dentro de los múltiples productos pirateados, la música es el rubro más atacado; donde a su vez, lo más castigado es la música nacional. "Caiga el mito para siempre de los que piensan que al reproducir están jorobando a Michael Jackson. Los que están mal son los artistas nacionales, porque los inversores extranjeros cuando conocen los índices de piratería que existen en Uruguay no invierten en nuevos talentos".

Este fenómeno no permite el desarrollo económico del sector, el cual tiene el potencial de generar empleo y atraer inversiones del extranjero. Mientras en 1998 se vendieron 1.500.000 discos originales, hasta el 2002 se produjo una baja en el mercado del 90 %, cerrando ese año con 183 mil discos vendidos. Para el 2003 se detectó un repunte, con 243 mil discos hacia el final del año.

El último aspecto es la cultura. "Al luchar contra la piratería estamos defendiendo nuestro acervo". Según Fernández, en Uruguay la música no es considerada un elemento cultural, en contraposición con los libros o el software, que por ello están exentos de IVA. Actualmente, un proyecto de ley impulsado por el diputado Ronald Pais es estudiado a nivel legislativo para equiparar la cultura musical con la literaria y del software. "Se podrían bajar los precios de los discos, puesto que la música tiene un régimen tributario muy duro. Para el Estado no sería significativo dejar de percibir la recaudación por IVA de la industria discográfica, ya que las ventas cayeron drásticamente, en menos de cuatro años, a un 16 %. "

Un azote a la cultura

La piratería musical se ha convertido en un severo azote para América Latina.

El problema afecta a otros ámbitos de expresión y creación además del musical porque la piratería "arrebata la fuerza a la cultura local", indicaron artistas, académicos y juristas que participaron en las conclusiones del I Congreso Internacional Piratería y Derechos Humanos, celebrado esta semana en México.

Para el jurista español Miguel Pérez Solís, representante de una veintena de países latinoamericanos en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), estamos ante un problema "terrible" que ha crecido de forma desmedida.

En Brasil la proporción es de uno a dos, con un mercado legal de 80 millones de copias discográficas anuales y 166 millones en el mercado negro.

Sin embargo, los datos son peores en otros países, como demuestra el caso de Paraguay donde si al año se venden 200.000 discos legales, los ilegales son 39 millones, una proporción de uno a 200.

Considera que en los países desarrollados la mayor "educación ciudadana" ha permitido que apenas exista piratería musical como consecuencia de un mayor "respeto por la economía y el desarrollo de su país".

Admite que hay países con peor situación que los latinoamericanos, como Rusia, con 312 millones de discos piratas por 113 millones legales, una proporción de 2,7 apócrifos por cada uno legal, y en China, con 533 millones de ilegales por 58 millones de legales, una proporción de nueva a uno.

También hace un diagnóstico triste de la situación en América Latina el director general de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), Gustavo Sáenz.

Recuerda que en su país la piratería musical ronda el 55-60 por ciento, con lo cual de cada diez discos, entre cinco o seis son piratas.

Señala como tendencias en su país que los piratas trabajan bien organizados, ofrecen discos a la carta, y han presionado tanto a la industria que casi ha desaparecido la música en directo.

"Quedan para los grandes artistas los ‘megashow’ pero a la generalidad se le ha acabado la posibilidad de trabajo y les quedan los derechos. Estos los persiguen porque se venden discos o porque a través de difusión la Sociedad de Gestión recolecta estos derechos y se los dan", señala Sáenz.

"La tendencia hace que los propios creadores vayan quedándose sin sus fuentes de ingresos, y lo más grave creo yo, en lo que es con Latinoamérica, nos vamos a quedar sin nuestro acervo cultural, sin nuestras creaciones".

"Justicia es ineficaz: archivan los casos"

El índice de comercio ilegal de música en Uruguay no sólo es alto sino que se combate mal. "Tampoco existe conciencia respecto de los grupos criminales a nivel regional cuya boca de salida está en los puestos de venta callejera. El pirata alimenta a mafias que son mucho más importantes de lo que parecen", señaló Guzmán Fernández.

Pero combatir la piratería no es "un esfuerzo costoso" sino que "es cuestión de aplicar la ley", declaró.

La policía atiende las denuncias realizadas sólo cuando hay personal disponible. El 74 % de los expedientes 2002-2003, donde hubo arrestos con pruebas, pericias y discos incautados, fueron archivados. "Los jueces no terminan de aplicar la ley incluso cuando tienen indiscutibles pruebas. La justicia no da una respuesta seria".

Finalmente, y a pesar de esto, el director ejecutivo de la Cámara del Disco evaluó positivamente la labor de la organización. Destacó el trabajo del Departamento de Información e Inteligencia de la Policía, entre otras seccionales, así como el control de las ferias realizado por la Intendencia de Montevideo.

En base a El País y cables