Desde Buenos Aires, por Larry Rother - De The New York Times Service
Bajo acusaciones debido a un nuevo libro que documenta por primera vez cómo el entonces presidente Juan Domingo Perón, durante su gobierno entre 1946 y 1955, maniobró clandestinamente para traer nazis y otros criminales de guerra a la Argentina tras la II Guerra Mundial, el gobierno peronista se está resistiendo a llamamientos por divulgar registros oficiales, que han sido confidenciales por mucho tiempo, con respecto a la colaboración.
Según información del Centro Simón Wiesenthal de la localidad, tanto el ministerio de Relaciones Exteriores como el ministerio del Interior no han podido responder a cartas, enviadas poco después de que el libro fuera publicado en Argentina hacia finales del año pasado, en las que se solicitaba que los registros se dieran a conocer públicamente.
Aunado a ello, siete integrantes del Congreso ya solicitaron una investigación sobre cómo registros cruciales de Inmigración al parecer fueron destruidos hace seis años, en violación a las leyes existentes.
El libro que encendió la polémica, publicado en Estados Unidos bajo el título de "El verdadero Odessa: Tráfico Ilegal de Nazis a la Argentina de Perón" (Granta Books: 2002), se ha convertido en uno de los más vendidos en el país rioplatense. Su autor, Uki Goni, es un periodista argentino que se vio obligado llevar a cabo buena parte de su investigación en archivos europeos después de encontrar las puertas cerradas en Argentina. "Este es un asunto de credibilidad y transparencia", dijo en una entrevista.
Sin embargo, también afirmó reconocer la inflamabilidad política de los documentos, ya que demostraban "cuán estrechamente vinculada estaba la Argentina y el Tercer Reich y demuestran la existencia de una organización secreta posterior a la guerra que involucraba a Perón y suministraba un refugio seguro para nazis".
Con base en los registros que Goni ha descubierto aquí y en el extranjero, el gobierno de Perón, que estuvo en el poder de 1946 a 1955, introdujo ilegalmente a casi 300 criminales de guerra al país.
Aparte de notorias figuras como Adolf Eichmann, Josef Mengele y Klaus Barbie, docenas de fascistas franceses, belgas, italianos, croatas y eslovacos, muchos de ellos colaboradores del nazismo buscados en sus países de origen, también fueron admitidos, algunos bajo nombres inventados, otros con sus nombres verdaderos.
Los documentos indican que la red encubierta era dirigida directamente desde el palacio presidencial de la localidad por Rodolfo Freude, germano-argentino que fue uno de los asesores más cercanos de Perón. Al mismo tiempo, Freude estaba dirigiendo el aparato propagandístico de Perón y fungiendo como el director del servicio de Inteligencia del Estado, que acaba de ser creado.
Durante su investigación en Europa, Goni también descubrió una circular confidencial del ministerio de Relaciones Exteriores, fechada en 1938, cuyo efecto consistió en cerrar la Argentina a refugiados judíos que buscaban huir de Alemania.
Ordenó a embajadas argentinas que rechazaran solicitudes de visas de aspirantes que "hubieran abandonado su país bajo el estatus de indeseables o expulsados, sin importar el motivo de su expulsión".
En 1992, el entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, también peronista, ordenó que se divulgaran todos los documentos relacionados con los tratos que tuvo el gobierno argentino con los nazis. Pero, ese decreto, al igual que los hallazgos de una comisión que la Cancillería creó en 1997 para examinar vínculos similares, al parecer produjeron muy poco material útil para historiadores o víctimas de los criminales de guerra que se establecieron en el país.
"Es una vergüenza", expresó Sergio Widder, quien fuera el representante latinoamericano del Centro Simon Weisenthal que enviara las cartas solicitando que los documentos mencionados en el libro de Goni se pusieran a disposición (de la opinión pública). "Sencillamente son recortes de periódicos".
La Argentina también cuenta con una ley que convierte a los documentos de más de 20 años de antigüedad en propiedad de sus Archivos Nacionales. Debido a ello, la destrucción de dichos registros sin la autorización expresa de los Archivos Nacionales, como se afirma que hizo el departamento de Inmigración en 1996, técnicamente es un acto criminal que según los congresistas mencionados, todos socialistas, desean que sea investigado y que se rindan cuentas por él.
"Creemos que se puso una traba sobre ésto durante la administración de Menem y que si los archivos sobre criminales de guerra aún existen, tienen que ponerse a disponibilidad de la opinión pública", dijo Rubén Giustiniani, patrocinador de la resolución. "El nazismo-fascismo fue una de las peores plagas que hayan afectado a la raza humana, y es esencial que haya un reconocimiento de lo sucedido aquí, no sólo para la historia, sino por el presente y el futuro".
De las tres dependencias gubernamentales con las que Widder se ha puesto en contacto con solicitudes para obtener documentos mencionados en el libro, solamente ha respondido el servicio de Inteligencia de Estado, aunque con cierta ambigüedad.
En el párrafo de una de las cartas, el secretario de Inteligencia, Miguel Angel Toma, simplemente decía que su dependencia "no posee la información solicitada", sin mencionar siquiera si existe tal archivo.
"Tenemos razones para dudar de su respuesta, ya que todo parece indicar que es muy improbable que la policía tuviera un expediente de alguien como Mengele, quien estuvo en este país bajo su nombre real, y que no lo tuviera el servicio de Inteligencia", destacó Widder. "Sea que están mintiendo o son ineptos".
Según los documentos que descubrió Goni, la Iglesia Católica también estuvo profundamente involucrada en la red clandestina. El gobierno de Perón autorizó la llegada de los primeros colaboradores nazis a este país, afirmó, como resultado de una reunión sostenida en marzo de 1946 entre Antonio Caggiano, cardenal argentino, y Eugene Tisserant, cardenal francés agregado al Vaticano.
Dada esa relación, Widder también ha escrito a la Conferencia de Obispos Católicos, pidiéndole que dé a conocer públicamente todos los documentos relacionados con el involucramiento de la iglesia católica de Argentina en la red de contrabando. No obstante, el grupo de obispos replicó que era incapaz de hacer tal cosa, ya que "aún no existía" en 1946 y que "las personas a quienes hemos recurrido no tenen ningún recuerdo" de que haya tenido lugar alguna reunión entre ambos cardenales.
"La documentación que he visto demuestra que la iglesia era el garante de la Cruz Roja para que estos criminales obutvieran permiso para emigrar a la Argentina, y muchas de las solicitudes están firmadas por sacerdotes o por la Comisión Ponitificia de Ayuda, la propia entidad del papa para los refugiados", explicó Goni. "Esto no podría y no habría ocurrido sin la iglesia".
PERON. Los archivos de la época del primer gobierno de Juan Domingo Perón pueden develar datos reveladores.