LUCÍA MASSA

Neris García todavía piensa en los planos de la casa que dibujó durante tanto tiempo en la mente. Tres dormitorios y fondo con parrillero. Pensaba darse gustos. Había elegido una vivienda con garaje aunque nunca tuvo auto. Hoy se acuerda y se ríe. "No sé para que lo podía querer, sería para meter las bicicletas".

Junto a otras 200 familias, García cayó en el cuento del tío a cambio de arañar el sueño, tan uruguayo, de la casa propia. Creyó que estaba comprando un terreno a pocos metros de Camino Repetto, cerca de Zonamérica, en lo que ahora es el asentamiento 24 de Junio. Pero era todo "trucho". Desde el escribano hasta los recibos de pago. El terreno ni siquiera se podía vender porque estaba en sucesión. Lo único que certifica el título de propiedad de García es que fue víctima de una gran estafa.

No es un caso aislado. En el barrio Nuevo Siglo, en Manga, 190 familias creyeron que estaban comprando un terreno en regla en lugar del predio rural que les vendieron, en el que, entre otras condicionantes, está prohibido fraccionar tierras en menos de tres hectáreas, según establece el Plan de Ordenamiento Territorial. Es el mismo tipo de terreno que les vendieron a las 87 familias del barrio Nuevo San Luis, ubicado en la zona de Conciliación.

La Junta Departamental de Montevideo detectó por lo menos siete asentamientos que nacieron de la venta ilegal de terrenos, desde 2002. Algunos ni siquiera son dueños de lo que venden, otros prometen un barrio con todos los servicios en un predio en el que ni siquiera se puede construir.

"La gente está convencida que compra un terreno legalmente. Los vendedores juegan con esa necesidad tan uruguaya de la casa propia. Ellos creen que acaban de cumplir el sueño que tenemos todos, una casita que le van a poder dejar a los hijos. Cuando se dan cuenta que los estafaron, que otro se está enriqueciendo con lo poco que ellos tienen, les viene una angustia y una rabia impresionante. Es un tema que realmente sensibiliza y preocupa a la junta", señaló Teresita Ayesterán, edila por la Vertiente Artiguista que desde el año 2000 trabaja en el tema de los asentamientos.

Desde la Intendencia Municipal de Montevideo, Daniel Espósito, director de Espacios Públicos y Edificaciones, sostuvo que, por la magnitud del problema, es necesario hacer un "llamado público" al poder político y judicial "para que realmente hagan cumplir las normas".

El mecanismo más usado por los especuladores que lucran con los llamados terrenos "truchos" es la venta ilegal de tierras rurales. "Son tierras que tienen un valor inmobiliario mínimo. Pero hacen un fraccionamiento que no está permitido por las leyes nacionales y decretos municipales, y engañan a la gente. Fraccionan un predio que vale 50 mil dólares y logran venderlo en 300 mil dólares. Es una gran estafa", sentenció Espósito.

Los que se ocultan atrás de estas maniobras tienen "una impunidad total", denunció la edila. Aunque hay responsabilidades penales, es difícil que terminen en la Justicia. El problema es que los estafados no saben a quién recurrir para denunciar lo que están viviendo. Lo que es peor: la mayoría de las veces ni siquiera son conscientes que fueron víctimas de un delito. Por eso, desde la junta departamental creen que la solución no va a llegar hasta que no se apruebe el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial. "Nosotros lo que queremos es que salga de una vez por todas porque va a establecer mecanismos sencillos y penas más severas para frenar estos casos. Estoy segura que cuando uno vaya preso, a todos los demás se les van a ir las ganas de hacer estas cosas", concluye Ayestarán.

El propio intendente, Ricardo Ehrlich, señaló que los loteos irregulares de terrenos en el área rural plantean problemas "muy serios" y continuos esfuerzos económicos por parte de la intendencia. Por eso y teniendo en cuenta el proyecto de ley de Ordenamieto Territorial, en noviembre de este año la intendencia decidió crear una "policía territorial" que se encargará de atender estas situaciones y establecerá procedimientos para llevar adelante estos casos con rapidez.

Mientras tanto, el negocio inmobiliario de lucrar con las ilusiones de los más pobres adquiere formas de lo más originales. Formas que saltan a la luz cuando ya pasó demasiado tiempo, en el momento en que los compradores se cansan de seudocontratos que no les otorgan ningún derecho, sólo obligaciones. Es cuando se dan cuenta que pasó demasiado tiempo y ni siquiera se levantaron los cimientos.

García no se olvida la cara de la promotora que le dio el volante. "Atención: cooperativa de vivienda en trámite con terreno propio en Cno. Maldonado Km. 16, llama a interesados. Presentarse en Florida 1238, de lunes a viernes de 13 a 19". Ese volante, que después encontró colgado en árboles de las calles principales de Pando, despertó la curiosidad de García. Al otro día fue a averiguar a la inmobiliaria ubicada en esa dirección, en pleno centro de la ciudad industrial. Era el primer contacto que tenía con Covi Irupé, la supuesta cooperativa de ayuda mutua.

Lo vio como la oportunidad para mudarse de lo de su suegra. Podía elegir entre duplex o casa con jardín. Aunque salía un poco más caro, optó por la casa con jardín y durante más de tres años pagó 600 pesos por mes. Con garaje incluido, aunque nunca tuvo auto.

Entre 1999 y 2002, no dejó de pagar un solo mes. Tiene todos los recibos guardados y los muestra como si eso confirmara que es dueño de algo más que un papel. Según las cuentas que hizo con su mujer, pagaron alrededor de 15 mil pesos a Propuesta Piri, el Instituto de Asistencia Técnica que estaba atrás de estas cooperativas.

Eduardo Menéndez se ríe irónicamente mientras cuenta que llegó a pagar cuotas "por adelantado". Él también entró en la cooperativa Covi Irupé dentro del primer grupo, en marzo de 1999. Menéndez recuerda con una memoria minuciosa todas las idas y vueltas. En esos recuerdos están incluidas la maqueta y las fotos retocadas que mostraban el barrio terminado.

Ya en octubre de ese año, Propuesta Piri les dijo que tenían que rescindir el contrato y firmar uno nuevo. Se pasaron a llamar Covi Irupé 1. El segundo contrato llegó con malas noticias. La cuota mensual se triplicó y empezó a pagar 3 UR mensuales, contó Menéndez.

Organizaron bailes, rifas y peñas para juntar dinero. Según relataron los cooperativistas, lo recaudado iba a parar a Propuesta Piri. Menéndez dijo que cuando pidieron para ver el detalle de los ingresos, les contestaron que no tenían nada para mostrarles. En noviembre, el Instituto de Asistencia Técnica anunció que estaba en bancarrota. Y eso que no habían construido ni una sola de las casas.

Durante 2001, Menéndez cuenta que consultó a "seis abogados diferentes". Todos le dijeron lo mismo: los contratos establecían cláusulas abusivas, los que firmaban por la parte vendedora eran personas que vivían en el extranjero y que no había manera de ubicar y, lo que es mucho peor, no había participado ningún abogado ni escribano en esos contratos.

Más adelante se enteraron que el terreno era rural, que no tenía saneamiento ni iba a tenerlo y que ni siquiera se podía construir. Ahí llegó la peor noticia. Contrataron a una escribana para que los ayudara a entender en qué situación estaban. La escribana sacó un registro de catastro y detectó que el terreno estaba en sucesión. O sea que de ninguna manera podían haber comprado ese predio.

Ahí terminaron de entender la maniobra completa. Les ofrecieron viviendas terminadas con jardín y parrillero pero no les vendieron ni el terreno. Menéndez hace un mea culpa. "Fuimos un desastre. No sabíamos dónde estábamos parados. No teníamos copia de ningún contrato ni de nada".

Aunque los títulos lo contradigan, García cree que el que pagó cuotas tiene derechos sobre el terreno: "es nuestro, por el sacrificio, por el trabajo que se hizo".

Logos en los recibos, oficinas, supuestos abogados y escribanos, dan el aspecto de credibilidad con que estaba montado el negocio. "Yo tengo una propuesta y te llevo a una oficina en pleno centro de Pando y vos no vas a pensar que esa gente te está mintiendo, cuando hay un escribano, hay un abogado. Vos nunca pensás que van a joder a un obrero. Tenía su oficina a media cuadra del centro de Pando", señaló García que trabaja en el mantenimiento de un colegio privado de la zona y su mujer en una curtiembre.

García no sólo se arrepiente por su situación personal sino por haber embalado a otros familiares. "La intención era comprar un terreno para asegurarse el futuro de los hijos. Todo lo que nos mostraron había sido tan lindo, nos presentaron todo eso como si fuera de oro. Nosotros le insistimos a toda la familia para que comprara". La suegra, la hermana de la suegra y la cuñada de García también entraron en la "cooperativa".

A mediados de 2002, el primer grupo decidió ocupar el terreno. Ese fue el principio del asentamiento 24 de Junio, ubicado en el kilómetro 16 de Camino Maldonado. Los primeros que se instalaron llegaron con la ilusión frustrada de la cooperativa de ayuda mutua. Después se mudaron muchas otras familias, por fuera de la cooperativa. Es un asentamiento de más de 5.000 personas en el que no hay saneamiento ni calles pavimentadas y para conseguir luz la única alternativa es "colagarse" ilegalmente porque UTE no presta el servicio.

En 2002, el entonces diputado por la izquierda Artigas Melgarejo los recibió y se puso a investigar el tema. Según Menéndez, el abogado de Melgarejo les dijo que podían hacer una denuncia. Para eso necesitaban formar una comisión directiva. "Nos agarró cansados. A la gente le cuesta entender que no hayamos llevado el tema a la justicia pero nosotros no sabíamos qué hacer. Ni siquiera podíamos creer lo que nos habían hecho, tendríamos que haber denunciado pero en ese momento lo único que queríamos era que el tema terminara", dijo Menéndez. .

Desde la intendencia, Espósito se quejó de la "lentitud" de la justicia en estos temas. "He hecho denuncias varias y la justicia, cuando ha actuado, lo ha hecho con mucha lentitud. Denuncias en las que el vendedor indujo a un tercero a comprar un producto que no es vendible. Vender un fraccionamiento que no es fraccionable es una estafa", señaló el director municipal.

De todas maneras, el tema llegó al Parlamento. En la sesión del 18 de noviembre de 2003, el diputado Melgarejo expresó su preocupación por lo que podía estar pasando con "algún instituto de asistencia técnica de los denominados `truchos`. Es el caso del Instituto de Asistencia Técnica Propuesta Piri pero el ministerio de Vivienda no ha contestado ninguna de nuestras inquietudes sobre este tema", consta en las actas parlamentarias.

En la interpelación a Saúl Irureta del 11 de diciembre de 2003, el diputado interpelante, Raúl Sendic, cuestionó al entonces ministro de vivienda por supuestas irregularidades en su gestión. Sendic puso sobre la mesa la situación del Instituto de Asistencia Técnica Propuesta Piri en relación a la Cooperativa Covicentro de la ciudad de Pando. Denunció que propuesta Piri le "exigía" a estos cooperativistas asociarse al Centro de Sub Oficiales de la Fuerza Aérea de Pando, "como requisito para poder acceder a la vivienda".

Menéndez nunca estuvo de acuerdo con la ocupación del terreno, García sí. Hoy vive en ese pedazo de tierra que creyó comprar. Y no puede creer que lo quieran desalojar del predio que supuestamente le habían vendido. El 29 de octubre, los verdaderos propietarios del terreno consiguieron la orden de desalojo para las 460 familias del asentamiento. De todas formas, la junta departamental y la propia intendencia están tratando de encontrar una solución, y se analiza la posibilidad de canjear ese terreno por otro.

"Le pedimos a los propietarios del terreno que nos dieran una carta de crédito. Ellos nos dijeron que están dispuestos a aceptar un canje y en eso estamos. La idea es que la intendencia les dé otro terreno a los propietarios y ahuyentar el fantasma del desalojo", sostuvo la edila Ayestarán.

Una casa para cuando se case el hijo

El estatuto del barrio Nuevo San Luis no permite criar chanchos, ni trabajar con basura. Además, establece que las construcciones deben ser de material y permite las de compensado, madera o chapa sólo mientras dure la construcción de la casa principal; en un máximo de cinco años, tiene que desaparecer.

Los compradores de los terrenos del barrio Nuevo San Luis tenían la ilusión de fundar un barrio obrero y escapar de la exclusión de un asentamiento. Roberto Perdomo fue uno de los que redactó el estatuto. Repite una y otra vez que compró ese terreno para "hacer las cosas por la legal y no terminar en un asentamiento". Los planos mostraban un barrio con espacios verdes, plazas, una doble vía como calle principal. Les ofrecieron un terreno en regla pero, en su lugar, les vendieron un predio rural. "Pensamos en construir, no un barrio de novela, pero sí algo digno. Puede ser una casita de material con techo liviano, siempre que no sea un rancho".

Desde antes de empezar a esbozar el proyecto, Roberto Perdomo y su mujer, Yannet, pensaron en construir un lugar para el resto de la vida. Idearon la casa de forma que se pudiera ampliar para construir una segunda vivienda independiente, que piensan regalarle a su hijo el día que se case, aunque cuando empezaron el croquis sólo tenía 12. Ahora ya tiene 17.

Antes alquilaban un apartamento en Nuevo París, por el que pagaban 3.000 pesos por mes. En 2002, a Perdomo le costaba conseguir trabajo como albañil y había cobrado un despido. Tenía dinero ahorrado como para comprar algo. En ese momento escuchó sobre un proyecto para construir un barrio nuevo en Conciliación. Les ofrecían un terreno de 12 por 20 metros a 1.211 dólares.

Perdomo fue a las primeras reuniones y le pareció que los otros interesados eran personas "de trabajo" con las que podría formar un barrio "obrero". "La gente podía ir con el pantalón roto pero cosido y no mugriento. Y enseguida vimos que éramos todos más o menos iguales. Hablábamos de la casita, con el pastito. Sabíamos que los que habíamos comprado acá íbamos a terminar haciendo la casa de ticholo, con planchada. Que íbamos a tratar de tenerla lo más bonita que pudiéramos. Pero por las dudas, para cuidar eso, hicimos ese reglamento interno", recordó Perdomo.

Empezó a pagar cuotas de 40 dólares a mediados de 2002. Para construir, necesitaba saber cuál iba a ser su predio. Pero el sorteo prometido por los vendedores para asignar los terrenos no llegaba nunca. Decidió ir a la Junta Departamental a presentar una denuncia. Sospechaba que algo no iba bien pero nunca imaginó la respuesta que le iban a dar. "Esto que ustedes compraron no es zona urbana, es zona rural y no se puede edificar". Perdomo repite con rabia aquellas primeras palabras que le dijeron los ediles. También le recomendaron que fuera a ver un abogado.

Un terreno categorizado como "rural" tiene que cumplir con condiciones muy estrictas que nunca lo podrían habilitar como zona de viviendas. Además de que no se puede fraccionar en menos de tres hectáreas, la normativa sólo permite que se edifique el cinco por ciento del total del terreno. Las condiciones no terminan ahí. Por ser rural, no cuenta con ningún tipo de servicio. Desde electricidad a recolección de residuos, en un predio de estas características todo corre por cuenta del propietario.

Es por eso que la venta de estos terrenos viola normas de todo tipo. Pero, como señalaba Espósito, el que vende de esta forma se asegura un ingreso muy superior al que obtendría si respetara la categorización. Si el predio del barrio Nuevo San Luis se hubiese vendido respetando la normativa, como área rural, no hubiese superado los 30.000 dólares por esas tres hectáreas, según cálculos de los vecinos. De esta forma, como complejo de viviendas, se puede triplicar la cifra. Los 1.211 dólares de los 87 predios arrojan un total de 105.357 dólares.

"Nunca podría haber dudado que algo podía estar mal, con esas credenciales era imposible dudar", recuerda Perdomo mientras camina por la calle principal de un barrio a medio hacer y calles de tierra, a la que bautizaron como "Esperanza". Los vecinos pensaron en denunciar a los vendedores para saber qué tipo de responsabilidad tuvieron los distintos involucrados en esta venta. Pero desistieron. "La urgencia nuestra era tener la vivienda. Buscar responsabilidades era algo secundario. Tampoco teníamos el dinero para hacerlo".

Según Perdomo, se trataba de una inmobiliaria reconocida en Colón, con "trayectoria", que le dio "toda la seguridad". No fue lo único que le dio seguridad. El predio lo vendía una congregación religiosa, el proyecto estaba firmado por el arquitecto Humberto Bellora que en ese momento trabajaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y también tomó parte activa en la comisión del nuevo barrio una edila local del Partido Colorado.

El tema llegó a la Junta Departamental. "Nosotros presionamos al Ministerio de Transporte para que cumpliera con lo que había prometido ese profesional que trabajaba adentro de la cartera, que se hiciera cargo. Les vendieron un proyecto de ensueño, un barrio que era el sueño del pibe, con espacios verdes incluidos, se prometía el oro y el moro. No sé si sacó interés económico, en todo caso hubo gente que persiguió el interés político" señaló la edila Ayestarán. La edila cuenta que intentaron buscar responsabilidades entre los distintos involucrados, pero el caso "quedó en la nada".

Desde la intendencia, Espósito remarcó que, en muchos casos, más que especulación económica, hay "demagogia política". "Lo usan para hacer demagogia. Gente de derecha y de izquierda, he visto de todos los colores. Usan como pretexto ideológico que están defendiendo a gente pobre cuando lo que promueven es el gueto. Condenan a los pobres a vivir en la ciudad informal, sin calidad medioambiental, sin calidad de vida, sin seguridad jurídica. Lo peor es que la gente les compra pensando que es un procedimiento legal", apunta.

Los vecinos del barrio Nuevo San Luis no sólo le pusieron nombre a todas las calles (Perdomo vive en Los Troncos, por ejemplo), quieren construir un salón comunitario en el que se dicten clases de computación para que los adolescentes "no anden todo el día en la calle", cuenta Perdomo mientras muestra el barrio. Se encuentra con un vecino y le dice que quiere averiguar cuánto le sale la mampara para el baño. Como en la de todo buen albañil, en la casa de los Perdomo el baño tiene un revestimiento bien terminado con una guarda cerámica a tono con los azulejos. Los detalles de obra son casi la firma de un barrio en el que por lo menos el 80% son obreros de la construcción. El barrio tiene sus rituales. El primero: estar todos presentes cuando se construye una planchada.

Durante dos años, Perdomo fue a la Junta Departamental cada martes y jueves, aunque eso le implicara perder jornales enteros como albañil. Así, con un grupo de vecinos, conquistaron distintas metas. Festejaron cuando lograron que la intendencia cambiara la categorización del barrio de rural a suburbana.

Hoy, cinco años más tarde, siguen peleando por lo que más les importa: conseguir el padrón individual. Hasta ahora, como condominio, todos son dueños de todo el terreno. Legalmente eso es muy complicado. "No vamos a respirar hasta conseguir que nos dividan por padrón individual. Si uno choca o se embarga, nos embroman a todos. O si alguien se divorcia. No sabés la cantidad de problemas que podés tener si empezás a pensar", dijo Perdomo.

Hay un caso muy similar al de Nuevo San Luis que terminó en la justicia. El 15 de abril de 2002, la Comisión de Planeamiento Urbano de la Junta Departamental recibió a los vecinos del barrio Nuevo Siglo. A esa altura empezaban a sospechar que habían sido víctimas de una venta ilegal. Y se lo plantearon a los ediles. Después de escuchar los testimonios, la Junta decidió investigar a fondo el tema. Tres meses más tarde, el 11 de julio, por votación unánime, los ediles decidieron enviar todos los antecedes del caso a la justicia penal. La justicia finalmente archivó el caso porque el titular de Promarín y Merián, las dos sociedades anónimas que vendieron los terrenos, también rurales, se fugó del país, contó Ayestarán.

En total, vendieron terrenos a 216 familias. El director de la sociedad anónima los recibía en una oficina muy especial: la mesa de una pizzería que queda en Belloni y Bergés. Los terrenos costaban entre 150 y 2.000 dólares.

Para los que les fue mejor, el problema empezó cuando ya estaban instalados en el predio y le solicitaron al dueño distintas cosas, por ejemplo el número de padrón de cada uno. Para los otros, el sueño de la casa propia se acabó antes de colocar la primera viga. Además de las otras irregularidades, los propietarios vendían el mismo predio más de una vez. Una gran paradoja. Al final, las mismas personas que estuvieron dispuestas a pagar para acceder a un terreno con todas las letras y con los papeles en regla, se tuvieron que ir con orden judicial de desalojo de por medio.

La Junta detectó otras situaciones irregulares, como la del asentamiento La Palmera. El propietario alquilaba la parcela. Eso le daba derecho al inquilino a construir su propiedad. Pero si se atrasaban en el pago o el propietario se enojaba por algo, los echaba y se quedaba con la vivienda. "Sacaba a los inquilinos, se quedaba con la casita y se la alquilaba a otra familia".

Un contrato más de los que el que vende sólo tiene derechos y las obligaciones van para el que compra.

"Lo usan para hacer demagogia. Gente de derecha y de izquierda. Usan como pretexto ideológico que están defendiendo

Las cifras de los 676 asentamientos

El 6% de la población en asentamientos irregulares. En Montevideo, la cifra alcanza el 11% y en el Interior se reduce al 3. En total, unos 196.000 uruguayos viven en las 53.700 viviendas ubicadas en asentamientos, según datos del relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares de 2006.

El relevamiento detectó que en Uruguay hay 676 asentamientos, 412 en Montevideo, 264 en el Interior. Hubo un crecimiento explosivo en la década del 90. Sólo en Montevideo, los asentamientos crecieron a un ritmo de un 100 por 1.000 anual, mientras el resto de la población lo hizo al 2, 34 por 100.

El INE define como asentamiento a un "agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicadas en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización del propietario en condiciones irregulares, sin respetar la norma urbanística. A este agrupamiento de viviendas se le suman carencias de todos o algunos servicios de infraestructura urbana básica y en la mayoría de los casos, se agregan también carencias o serias dificultades de acceso a servicios sociales".