Tres obreros de la construcción murieron desde que se empezó a preparar este informe. El chileno Rodrigo Rivero, de 33 años, falleció el 3 de abril porque una viga de hierro le aplastó la cabeza mientras trabajaba en Botnia. El 19 de abril, Jorge Luis Romero, de 47 años, estaba reparando un techo en Canelones, cayó al vacío y murió. Tres días después falleció Nelson Mandini tras pasar varios días en el CTI por un accidente que sufrió mientras trabajaba en San José. Son tres de las cinco víctimas fatales que ya se cobró este año la pujante industria de la construcción. Antes, el 21 de marzo, había muerto Jorge Ferreira, de 37 años, y una semana después Heber Fernando Landaburu, de 41. Ferreira perdió la vida en un accidente de tránsito cuando viajaba de Salto a Montevideo para trabajar y Landaburu se precipitó desde seis metros de altura en una obra en el centro de la capital.
Si la sospecha era que algo grave estaba pasando en la construcción -2006 fue el año con más accidentes fatales de la última década-, los hechos lo confirmaron. La industria crece y se mueren más obreros.
Suena duro. Pero hay veces que en obras de gran magnitud la muerte de un obrero es una variable más. En esos casos, el proyecto estima que por la enorme cantidad de personas involucradas y de horas trabajadas un accidente mortal está entre lo esperable. Aunque, obviamente, la idea es evitarlo.
"Es muy antipático decir que hay riesgos que incluyen las muertes y que hay estándares internacionales en función de horas trabajadas para estimarlos. Yo no estoy contento con los muertos ¿cómo voy a estarlo? Pero es bastante hipócrita no reconocer los riesgos", dijo Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción.
La inspectora general de trabajo, María Narducci, no comparte ese concepto de seguridad laboral: "El trabajo genera riesgos a los trabajadores, pero ello sólo es así cuando se privilegia la producción por encima de cualquier otro bien, en este caso la vida".
El ingeniero Mario di Marco -quien trabajó en la ampliación de la refinería de La Teja y ahora está a cargo de la obra de la nueva terminal del aeropuerto de Carrasco- contó que en el caso de la planta de Ancap estaba previsto que podía haber un accidente mortal, aunque se alegró de que finalmente no fue así. Otra obra complicada fue la de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel. Seguramente estuvo en los cálculos que algún obrero podía morir. Y ocurrió. En noviembre de 1998 murió Luis Silveira, de 28 años, casado, con dos hijos, al caer al vacío desde el piso 15, según los datos del Sindicato Único de la Construcción (Sunca).
Entre 1994 y 2006 murieron 123 obreros de la construcción por causas vinculadas a su trabajo, 61 en Montevideo y 62 en el interior del país, según la información que maneja el sindicato. Los picos de accidentes mortales se registraron en 1994 y el año pasado, cuando se registraron 15 muertes. En 1995 y 1996 murieron 14 obreros, en 1999 perdieron la vida 13 y en 2001 fallecieron 12. En el resto de los años analizados las muertes no superaron la decena y 2002 fue el año del registro más bajo, con una muerte. La principal causa de accidentes mortales en el período fue la caída al vacío (47), seguida de la electrocución (25), el aplastamiento (27), los golpes con objetos (7) y otros (17).
De acuerdo a los datos de la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 2006 murieron 16 y no 15 obreros (como señala el Sunca), de un total de 36 accidentes laborales investigados en la construcción. No fue el sector con más incidentes pero sí con más víctimas fatales. En la industria hubo 48 accidentes con 11 muertos y en el área forestal dos accidentes y un muerto.
Amputaciones, golpes, cortes, problemas de vista y de espalda: todos son males que sufren los obreros. Es una industria de alto riesgo y nadie lo discute. Las diferencias aparecen cuando hay que explicar por qué.
Es común que los responsables de las obras afirmen que los obreros no cumplen con su obligación de utilizar los elementos de seguridad personal (casco, arnés, zapatos de seguridad y guantes y lentes cuando la tarea lo requiere) y se ponen en riesgo.
Y es verdad. Que los obreros no siempre respetan las normas de seguridad es comprobable al caminar por la calle y observar. Hombres colgados de andamios sin estar sujetos a ninguna estructura firme, o sin casco, o tomando vino en plena jornada laboral… Y el Ministerio de Trabajo no niega que eso ocurra. Pero la explicación no es tan simple y las autoridades buscan los orígenes de la alta accidentalidad en un proceso mucho más complejo, que tiene que ver con la planificación de una obra que no siempre pone en pie de igualdad (aunque debería) los proyectos de producción y de seguridad.
Las obras que implican tareas a más de ocho metros de altura o 1,5 metros de profundidad e involucran a cinco o más obreros deben presentar un estudio y plan de seguridad y salud laboral ante la Inspección General del Trabajo antes de empezar y como condición para inscribirse en el Banco de Previsión Social (BPS). "Lamentablemente, es opinión generalizada de los integrantes de la inspección y también mía, que esos importantes instrumentos que conjugan producción y prevención, se han transformado en meros aspectos formales y se presentan a veces descuidando suprimir los datos de otras obras anteriores para las cuales ya habían sido elaborados", afirmó Narducci.
Sin ir muy lejos, en la esquina de la sede del Sunca, en Paysandú y Yí, hay una empresa que está demoliendo una casa antigua y no parece haber tomado muy en serio los temas de seguridad. La forma en que los obreros trabajaban el viernes 27 tirando abajo un muro parecía casi suicida. Y no es que no tuvieran puestos los elementos de seguridad. Tres obreros con casco y arnés estaban a la vista de la gente que caminaba tranquilamente por la calle (hasta que no les cayera algún escombro encima). Lo impresionante era que estaban parados sobre un muro muy angosto (el que estaban demoliendo) a una altura de unos ocho metros, y los tres arnés estaban sujetos a una misma cuerda que no parecía para nada estable. Además, la cuerda estaba atada a unos palos de madera muy poco firmes. Si uno tropezaba, se caían los tres. Y ahí no hay palo que aguante.
Ese es un ejemplo, pero hoy en día las obras abundan en Montevideo. El sector está muy movido y los accidentes están directamente vinculados al nivel de actividad, según explicó Narducci. Más construcción lleva a más mano de obra empleada y más horas de trabajo, lo que implica más riesgos y puede determinar más accidentes. Esta línea de razonamiento funciona perfecto con los números que maneja la Cámara de la Construcción: cuantas más horas trabajadas declaradas o en negro, más obreros muertos. En 2003 hubo cinco muertos en 30.307 horas trabajadas declaradas y 9.092 en negro estimadas. En 2004, según esos números, hubo 10 muertes en 39.565 horas trabajadas y 11.869 horas en negro. En 2006 fueron 15 muertos, 68.758 horas trabajadas y 15.814 horas en negro.
Pero no todo se explica por descuidos, falta de planificación o mucho trabajo. Las preocupaciones del Sunca hacen al fenómeno aún más complicado. Los representantes de los obreros mencionan la falta de capacitación y de información sobre los riesgos y la normativa vigente, el bajo nivel socioeconómico de la mayoría de los obreros y la desesperación por obtener un trabajo en un rubro muy inestable. En el sector conocen muchos casos de personas concientes de que corren riesgos al realizar una tarea, pero que eligen hacerla antes que decirle que no al capataz por miedo a quedarse sin su jornal. "Son lógicas perversas. Cuando tengo un pie afuera de la obra no estoy en condiciones de discutir los términos de la contratación con mi empleador. Si venís con el convenio en la mano, te dice: `muy bien, córrase y que venga el otro`. Agachás la cabeza y trabajás", dijo Carlos Rossi, secretario del Sunca.
El dirigente sindical afirmó que, según los datos de los fondos sociales del sector, el 70% de los trabajadores de la construcción vive en la línea de pobreza. Habló de la necesidad de implementar un "proceso de formación que implique la prevención de accidentes y la profesionalización del individuo" porque, en general, "el trabajador no proviene del sistema formal de enseñanza" y "capaz que el único requisito es ser medio bruto".
De acuerdo a los registros del BPS, la remuneración promedio del sector en enero de este año era de 4.960 pesos, en un total de 40.789 obreros inscriptos. Los salarios más altos en promedio se registraban en Montevideo (5.068 pesos), Maldonado (5.164), Río Negro (5.218), San José (5.411), Soriano (5.384) y Flores (6.217). En cambio, las remuneraciones más bajas en promedio se detectaron en Artigas (2.607 pesos), Florida (3.125), Colonia (3.643) y Cerro Largo (3.605).
En el Sunca estiman que el sector tiene unos 94.000 trabajadores y hoy estarían trabajando cerca de 55.000 entre registrados e informales. Todos los involucrados creen que el sector informal es el de mayor riesgo, pero los accidentes ocurren en todas partes. Y la responsabilidad no es patrimonio de las empresas privadas.
El Estado también construye. De las 123 personas muertas entre 1994 y 2006 según la información del sindicato de la construcción, al menos 27 trabajaban para obras encargadas o licitadas por empresas públicas, ministerios, intendencias o juntas locales.
Carlos Rossi puede tener suerte si golpea la puerta de su primo hermano, el ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi. Aunque quizás no sea necesario. Al gremio le fue bastante bien en la reunión que mantuvo el lunes 16 con el presidente Tabaré Vázquez. El primer mandatario se comprometió a lograr que el Estado coordine mejor las inspecciones en el sector para que los controles sean más eficientes y a utilizar el registro de empresas infractoras que maneja la Inspección del Trabajo para impedir la participación de esas firmas en licitaciones públicas.
En obra
En la construcción, como en cualquier lado, hay de todo. Empresas que cumplen con sus obligaciones y empresas que no. Obreros cuidadosos y otros irresponsables. Con casco puesto y la guía del dirigente del Sunca, Carlos Rossi, la recorrida por tres obras con distintos grados de cuidado en los aspectos de seguridad sirvió para conocer el problema de cerca. Fueron visitas autorizadas a dos obras grandes (la ampliación del Montevideo Shopping y la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Carrasco) y una visita sorpresa a un edificio de nueve pisos frente al puertito del Buceo.
El viernes 19 a media tarde los 30 obreros que levantan el edificio ubicado en Melitón González y la rambla estaban en plena jornada laboral. En el Sunca están preocupados por las condiciones de seguridad de la obra de la empresa Benconor. Rossi llegó sin previo aviso y habló con el capataz para recorrer la obra con periodista y fotógrafo. El delegado de seguridad se sumó a la comitiva. "Tenemos que subir rápido", dijo Rossi sin explicar por qué. Algunos pisos más arriba -luego de pasar por un comedor bastante deprimente- el comentario del sindicalista empezó a cobrar sentido. Por las poleas que se utilizan para subir materiales, empezaron a llegar cuerdas flamantes a los pisos superiores.
Eran los "salvavidas", como dicen los obreros. Esa soga independiente a la que deben sujetar su arnés para asegurarse de estar a salvo si hay problemas en la estructura en la que están trabajando. Claro, al subir hasta lo más alto del edificio fue posible comprobar que muchos obreros tenían puesto su arnés pero estaban sueltos. Al bajar, el panorama cambió. Todos estaban atados a cuerdas que relucían, obviamente eran nuevas.
"Vengan más seguido así mejoran las cosas", se animó a decir en voz baja uno de los trabajadores. Ahora, con el "salvavidas" en uso, su arnés servía para algo. Dos obreros muy jovencitos explicaron que cada vez que alguien de afuera visita la obra, algo mejora. Semanas atrás había estado la Inspección del Trabajo y, según Rossi, los cambios positivos eran visibles.
Igual todavía había quejas. Una fue que el subsuelo había estado inundado y lleno de mosquitos en plena campaña contra el transmisor del dengue. "Pedimos que fumigaran y nada", contó uno de los obreros casi al final de la recorrida. Entonces el capataz aceptó responder preguntas sobre las condiciones de la obra y aseguró que sí habían fumigado. Esa fue la primera versión. La segunda, mientras hacía de guía en una recorrida por el enorme subsuelo en cuestión, fue algo más precisa. "En realidad tiramos `Mas`", confesó.
El responsable de la obra aceptó que las cuerdas aparecieron ese día como por arte de magia. Pero se resistió a varios de los cuestionamientos de los obreros. Dijo que casi siempre son los propios trabajadores los que se ponen en riesgo, y contó que ese día el dueño de la obra observó a uno que estaba armando un andamio sin respetar las condiciones mínimas de protección.
Pese a que la seguridad no es el fuerte de esta obra que debe estar terminada en junio, hasta ahora no hubo ningún accidente importante. Aunque el Sunca ha denunciado varias situaciones irregulares en el lugar.
En lo que va de este año la Inspección General de Trabajo recibió 233 denuncias por asuntos vinculados a la seguridad laboral en todas las ramas de actividad.
A pocas cuadras de ahí la empresa Stiler está remodelando el Montevideo Shopping Center, se están ampliando los locales y el estacionamiento. Stiler ha ganado premios de calidad, como el Iso 9000, del Latu. Allí trabajan 200 obreros.
El lunes 24 todo parecía en orden. "Es un placer trabajar acá, con todos los controles y la prevencionista asesorándonos en todo", dijo Robert Pajares, un trabajador de 33 años. "En otros lados si te quejás, te corren", agregó. La prevencionista Rosina Carbone recorría la obra e iba orientando a los trabajadores. "La comunicación y el buen diálogo con los trabajadores es fundamental", dijo. A primera vista las medidas de seguridad eran correctas: los obreros llevaban puestos cascos, guantes y zapatos de seguridad; las barandas estaban firmes y a la altura indicada; la electricidad correcta; un obrero que está trabajando en la altura estaba sujeto a una cuerda salvavidas; el comedor, aunque humilde, estaba apartado de la obra como corresponde y tenía extintor para incendios, señaló Rossi satisfecho.
Sin embargo, debajo de una grúa ubicada en la ampliación del estacionamiento estaba trabajando un obrero. Nadie debería trabajar allí y la zona debería estar señalada. No lo está. Insólitamente pasó un auto y nadie le indicó que por allí no debe transitar.
Una estructura de hormigón se bamboleó mientras era trasladada por otra grúa. No debería moverse tanto, un sistema de cuerdas permitiría no correr el riesgo de que se suelte o golpee a un obrero u otra estructura, explicó Rossi. Cuando el sindicalista señaló el problema, la prevencionista quedó en silencio y con cara de preocupación. Pero lo más grave sucedía minutos después en uno de los pisos en construcción, en el que un trabajador caminaba sin sujetarse a una cuerda salvavida.
- ¿No debería estar atado?
-Es cierto-, contestó el arquitecto Miguel Literas. No está trabajando allí y como es un segundo, no se cuidan. Es un tema cultural, tiene que haber un cuidado propio del obrero. Igual las varillas cubren todo el área.
-Pero allí hay un agujero más grande que él.
-Es cierto.
Al otro día de la visita, un trabajador cayó de una altura de seis metros y se fracturó un tobillo. Según la prevencionista Rosina Carbone, el trabajador estaba sujeto con el arnés a la cuerda salvavidas, se descolgó para bajar al baño, resbaló y cayó.
En las afueras de Montevideo otra empresa está trabajando bien la seguridad, según el Sunca. Es Campiglia, que está a cargo de la obra de la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Carrasco. Puerta del Sur, la empresa concesionaria de la terminal aérea, la contrató para construir el edificio que debe estar listo a fines de 2008. Hoy trabajan cerca de 220 personas pero se estima que llegarán a ser mil.
Es una obra de dimensiones muy importantes para el país: 45.000 metros cuadrados de área total, 22.000 metros cúbicos de hormigón y 4.000 toneladas de montaje metálico, dan la pauta. Por ahora la obra sirve de buen ejemplo. Rossi destacó que la planilla de obreros es experiente y está sindicalizada y que el delegado de seguridad de los obreros -que ya cumplió el mismo rol en obras como la del Radisson Victoria Plaza- está dedicado exclusivamente a esa tarea, uno de los principales reclamos del sindicato para toda la industria.
Al llegar, los obreros estaban en una asamblea y la obra estaba casi vacía. El equipo que guío la recorrida es una muestra de la planificación. El ingeniero Mario di Marco, responsable de la obra por Puerta del Sur y supervisor de las tareas de Campiglia, el técnico prevencionista Guillermo Morena, también de Puerta del Sur, y su colega de Campiglia, Mónica Genes. Se sumó también el delegado de seguridad, Ricardo Romero.
En una de las primeras estructuras llamativas, una torre de pilotaje en la que trabajaba una firma subcontratada por Campiglia, se produjo el único incidente que pudo ser grave pero terminó bien. Una pieza se soltó y golpeó a uno de los obreros que trabajaba en la cima, que cayó pero quedó colgado porque estaba sujeto del arnés. Al final fue sólo un susto.
Cuando terminó la asamblea, un "ejército" de obreros volvió a sus tareas con cascos, botas, arnés y guantes puestos. La obra está claramente señalizada y mientras duró la visita nadie trabajó en la altura sin enganchar su arnés. La coordinación era evidente. "Un grupo de obreros pasa por mi oficina antes de empezar la jornada para que les indique qué acciones hay que tomar en materia de seguridad", explicó Genes, mientras el delegado de seguridad asentía. "La seguridad la hacemos todos, el riesgo es cuando te confías", agregó di Marco.
Allí las palas mecánicas y otras máquinas tienen espejo retrovisor y una alarma que se enciende automáticamente cuando el equipo se mueve marcha atrás. Además, todas las estructuras y equipos cuentan con luz roja y bandera que los hace visibles desde lejos. Es que los aviones tienen que poder ubicar la zona.
Ningún obrero empieza a trabajar sin recibir antes una charla de introducción a la obra y un comunicado sobre las obligaciones de seguridad personal que deben respetar. A un trabajador que no cumple, primero le advierten verbalmente. Pero si la situación se repite, aplican las observaciones previstas. En casos como este, que la empresa es responsable, Rossi está de acuerdo con que se observe a quienes no respetan las normas de seguridad. Eso sí, está dispuesto a luchar para levantar la sanción de un obrero -aunque sea correcta- en obras que no aseguran un entorno seguro de trabajo.
Unos días antes de la visita se había expulsado a un obrero que llegó alcoholizado. Rossi compartió la medida, aunque aprovechó para aclarar que la accidentalidad por alcohol es uno de los grandes mitos del sector. Si bien todavía se bebe en muchas obras -aunque en cualquiera más o menos seria está prohibido-, los estudios realizados por el Sunca señalan que ninguno de los muertos entre 1994 y 2007 se accidentó por estar borracho. Sólo a uno se le detectó alcohol en la sangre, pero murió porque lo aplastó una grúa.
Todo venía bien hasta que a Rossi le llamó la atención que no hubiera un puesto fijo de emergencia médica. La prevencionista de Campliglia explicó que tienen contratados a UCM y Suatt, además de que el aeropuerto tiene servicio Semm. Y agregó que hay obreros capacitados en primeros auxilios para una urgencia.
Al final de la visita, un camión que llevaba materiales entró por el mismo camino por el que circulan autos particulares. "No debería ser así", alertó Rossi, pero enseguida vio que se está trazando un camino alternativo.
Industria rica, trabajadores pobres
En estos días los obreros están con mucho trabajo. Sería bueno si las condiciones fueran mejores, pero se siguen accidentando y las movilizaciones y paros ya son rutina. Mientras, la industria de la construcción crece y tiene proyectos importantes en carpeta. Botnia sigue y se viene la planta de Ence en Colonia, una nueva planta de Conaprole y un frigorífico en Durazno. El Estado tiene entre sus planes terminar el ex Palacio de Justicia (que en realidad nunca llegó a serlo) para convertirlo en la sede de la Presidencia, volver a ampliar la refinería de Ancap en un proyecto con Venezuela y nuevos proyectos de infraestructura de los ministerios de Vivienda, Salud y Educación Pública.
"Prevemos que este año vamos a seguir creciendo, no tanto como 2006, pero el pronóstico es optimista", dijo Otegui y agregó: "se termina Botnia, pero estimamos que la inversion pública va a sustituir a la privada".
En 2006 la construcción creció 14% respecto a 2005, por encima de la economía nacional, ya que el Producto Interno Bruto creció 7% en el mismo período, según cifras del Banco Central. La nueva planta generadora de energía eléctrica de UTE en San José fue un factor dinamizador. Maldonado y Río Negro también dieron un empuje. Para este año se estima que la actividad de la industria va a crecer 8% y para 2008 se espera un 7%.
La construcción de viviendas nuevas en Montevideo -que está en expansión desde 2003-supuso una inversión de 66,9 millones de dólares en una superficie total de 112.226 metros cuadrados el año pasado. El sector socioeconómico más alto fue el que lideró: se invirtieron 23,5 millones de dólares en torres suntuarias. La Intendencia de Montevideo otorgó 1.654 permisos de construcción que abarcaron 245.811 metros cuadrados. Punta Carretas, Carrasco, Pocitos y el Prado son los barrios que siguen concentrando el interés.
En ese contexto llovieron los paros y protestas en la construcción. Las muertes en accidentes laborales y los paros por salarios y tercerizaciones en Botnia fueron el centro de los conflictos en 2006. Tanto fue el ruido, que los problemas en el sector explicaron el 33% de la conflictividad laboral del año, seguido de la educación (22%) y luego de la industria manufacturera, según los estudios realizados por el Programa de Modernización de las Relaciones Laborales de la Universidad Católica.
Los trabajadores de la construcción tienen mucho para reclamar. Es uno de los sectores más informales de la economía, los obreros tienen quejas de cómo se liquidan sus haberes y jubilarse puede llegar a ser una gran hazaña según reconoce el propio BPS.
El año pasado la Inspección del Trabajo realizó 542 actuaciones en el marco del Operativo Informalidad en la Construcción, según la memoria anual de la repartición para 2006. Hubo observaciones en 337 de las 542 inspecciones y se "protegió a 3.464 trabajadores", lo que quiere decir que se intimó a corregir las violaciones laborales existentes. Simultáneamente, el BPS realizó por su lado más de 3.000 inspecciones en el este del país y se detectaron irregularidades en el 35% de los casos. Pero cuando se analizaba la construcción en particular, las anomalías trepaban al 60%.
"La empresa tiene que poner todas las horas que le corresponden a los trabajadores y entregar la planilla al propietario para que las pague. Pero puede empezar un círculo vicioso en el cual el propietario quiere pagar menos y el empresario quiere agarrar la obra, entonces declara tres jornales menos por cada trabajador. Se ponen de acuerdo y terminan teniendo gente en negro o aportando menos. Es difícil desarraigar esa tradición", explicó el presidente de la Cámara del Construcción.
El director del BPS en representación de los trabajadores, Ariel Ferrari, señaló que existen datos muy llamativos que marcan una tendencia a la formalización, impulsada por los consejos de salarios y el aumento de la sindicalización. Según el BPS, el promedio de obreros registrados trepó de 30.177 en 2005 a 39.987 en 2006, lo que implica una suba de 32,5%. Eso supera el incremento del empleo del sector, así que o son obreros que estaban en negro y fueron regularizados, o algo se estaba midiendo mal, reflexionó Ferrari.
Los problemas de los obreros de la construcción no desaparecen por estar registrados en el BPS. Todo lo contrario, aparecen otros. Si bien aportan 15% por concepto de montepío, eso no es tomado en cuenta por el banco para jubilarlos, lo que implica que cobran menos de lo que les correspondería, explicó Ferrari. El problema es que ese 15% no se suma para el salario nominal del obrero porque es volcado directamente por los patrones en el aporte unificado del sector que suma un 86% del salario obrero e incluye Disse, reconversión laboral, IRP, aporte patronal, seguro, caja de profesionales y aportes por licencia y aguinaldo. Ese 15% cuenta para el seguro de paro pero no para la jubilación, en un procedimiento incoherente del BPS, según Ferrari.
"Hasta ahora no hemos encontrado la vía administrativa para empezar a jubilarlos bien, sin correr el riesgo de tener que enfrentar reclamos para atrás de personas que exijan la compensación de su jubilación por esa incidencia del 15%. Serían millones de dólares", explicó el director del BPS. La idea del Sunca, que Ferrari apoya, es que el Ministerio de Trabajo redacte una ley para solucionar esta situación.
Los obreros se ven perjudicados también por los mecanismos de registro del BPS. Una empresa puede realizar cientos de obras, pero para cada una de ellas se la registra como una firma diferente. Y a cada trabajador se le da de alza y de baja cada vez que empieza y termina su trabajo en una obra. Esto hace que no puedan acumular días de licencia por antigüedad, ya que siempre figuran como empleados de empresas distintas. Además, esa inestabilidad de alzas y bajas permanentes hace que al obrero se le complique más que a otro trabajador acumular los 35 años de actividad necesarios para jubilarse a los 60. Entre obra y obra se pierden días o meses que no existen para el BPS.
La informalidad suma más complicaciones porque el tiempo que un obrero trabajó en negro es muy difícil de demostrar (ya no se pueden utilizar testigos para probarlo) y además los empresarios del sector suelen aportar al BPS por menos jornales de los realmente efectuados, para reducir sus aportes. Muchos terminan jubilándose a los 70 años -para lo cual son suficientes 15 de actividad- de un trabajo en el que es prácticamente imposible seguir vigente a esa edad.
El día de la entrevista con Ferrari en su despacho del BPS, el director estaba estudiando el caso de un obrero de la construcción al que le negaron la jubilación. El directorio lo iba a analizar al otro día. Se trataba de un hombre que estaba por cumplir los 64 años y su primer registro de trabajo en una empresa constructora era de enero de 1962 y el último de 2001, o sea 39 años después. Sin embargo, los días que pudo comprobar registrados en planilla ante el BPS sumaban 31 años, siete meses y algunos días. Para que el banco lo habilite a jubilarse le faltan algo más de tres años. Ferrari supone que trabajó más tiempo en negro. Pero según las leyes va a tener que cumplir 70 años para cobrar su retiro.
Inspectores por tres
Coordinación y eficiencia no son los fuertes del Estado y su intervención en la construcción no es la excepción. No está claro cómo se coordinan hoy, si es que lo hacen. Vázquez se comprometió con el Sunca a crear una especie de ventanilla única inspectiva. Existen tres equipos de inspección independientes que recorren las obras. Son tan independientes que ni siquiera se avisan entre sí cuando descubren una irregularidad que no les compete directamente, según dice el Sunca.
La Inspección General del Trabajo controla todas las condiciones de trabajo, el Banco de Seguros (BSE) fiscaliza que todos los obreros tengan seguro de accidente y el BPS manda a sus inspectores para corroborar el registro de trabajadores y que los aportes sean reales. Puede ocurrir, por ejemplo, que los fiscalizadores del BSE constaten que el obrero no tiene al día el seguro, pero no detectan si está en riesgo de accidente porque no tiene su arnés sujeto a ninguna parte.
Para la inspectora general de Trabajo los problemas de coordinación no son tales. "La Inspección de Trabajo cuando detecta anomalías en la aportación a la seguridad social oficia por expediente al BPS a efectos de que éste adopte las medidas pertinentes. Al BSE no tenemos necesidad de oficiarle porque tenemos potestad sancionatoria respecto de la ley de accidentes de trabajo, es decir podemos corregir la conducta omisa", afirmó Narducci. Y explicó por qué cree que las tareas no se superponen: "El BPS debe velar por la aportación al régimen de la seguridad social de quienes trabajan a efectos de que cuando deban percibir su jubilación se hayan realizado los aportes correspondientes. La Inspección General del Trabajo debe proteger los derechos de los trabajadores activos, para que se les pague ajustado a su categoría, para que se les pague el salario vacacional, para que se les paguen las horas extra, para que existan condiciones de seguridad en los lugares de trabajo y no sufran accidentes dentro del marco legal vigente, para proteger el derecho a la sindicalización, para que no sean víctimas de acoso sexual, etcétera".
Lo que no queda muy claro es el rol del BSE.
En el sector se habla de que "la policía del trabajo" es la repartición que dirige Narducci. En el BSE se maneja, aunque no se dice públicamente, la posibilidad de dejar de controlar la contratación del seguro por accidente laboral. Quizás esto tenga algo que ver con que los 40 fiscalizadores que tiene el BSE para esta tarea -todos empresas unipersonales contratadas en 1994- estén acampando en la puerta del banco. Están en conflicto porque el directorio no los regularizó como funcionarios públicos, aprovechando la ley dictada el año pasado que sirvió para regularizar a muchos otros dentro del banco y en todo el Estado.
No sería raro que la Inspección del Trabajo termine siendo la única responsable de controlar que los trabajadores estén asegurados por accidentes de trabajo. Quizás por eso Narducci insiste con la necesidad de obtener la exclusividad para sus inspectores -como lo logró la DGI- y habla de que necesita refuerzos. La división cuenta con 58 inspectores que realizaron 10.502 actuaciones en 2006 (69% de oficio y 29% por denuncias) y protegieron los derechos laborales de 77.668 trabajadores de los distintos sectores de actividad.
Aunque hay inspectores varios, la información sobre la evolución de los accidentes de trabajo no está sistematizada. Las estadísticas sobre siniestralidad que realizaba el BSE se dejaron de hacer regularmente por motivos que aparentemente no están muy claros. Hay quienes dicen que cuando se habló de desmonopolizar los seguros de accidente de trabajo, el banco dejó de hacer cosas a las que no estaba obligado por ley. La cuestión es que el último informe titulado Análisis de Siniestros N° 15 está publicado en la página web del banco desde el 18 de marzo de 2004. No sólo es viejo hoy, en su momento también se publicó tarde: el estudio analiza datos correspondientes a 2000 y 2001.
Endeudados hasta la muerte
Tanto el Sunca como la Cámara de la Construcción coinciden en que la información ordenada es indispensable para mejorar la situación. Desde el Sunca reclaman un observatorio que sistematice todo; la Cámara se lo exige al BSE. "Tengo la impresión de que estamos en peor situación que los estándares internacionales en accidentes y muertos, pero no puedo saberlo con precisión, porque no tengo todos los datos. Ni siquiera ingresamos a esos estándares porque la información no está estandarizada. Es una obligación del Banco de Seguros", dijo Ignacio Otegui.
Agregó que la información sistematizada no es lo único que figura en el debe del sector. "Nos debemos la formación profesional de los trabajadores. En 1993 se creó junto con el fondo social un fondo de capacitación, pero no funciona. Es un dinero que ponen los empresarios y los trabajadores, ese dinero está ahí. No tengo idea cuánto es. Ahí creo que la industria tiene un debe: el Sunca y nosotros. Tenemos que hacerlo funcionar, por algo lo firmamos y juntamos el dinero. En este momento se están evaluando cursos".
Existe una "gran discusión entre empresarios y trabajadores, porque el tiempo que se va en capacitación son jornales y horas perdidas o ganadas. En algunos casos las ven como horas perdidas y el tiempo es dinero", afirmó Ángel Dobrich, técnico prevencionista de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, otra gremial de empresas constructoras.
Para Otegui, "entender a la industria implica entender que en el Sunca no son niños de pecho ni de 15 años, ni acá somos niños de pecho ni de 15. Somos un sector duro. Si pensás en los riesgos como empresario o trabajador no te animás. Es una actividad de riesgo, eso hace que las relaciones a veces sean duras".
En el Sunca tampoco dudan que es un sector complicado. Una actividad dura con trabajadores que tienen una vida muy dura. Si a los obreros se les recompone la estabilidad laboral, también "se les empieza a recomponer la vida", porque la pérdida salarial es más por desempleo que por salario, reclamó Rossi.
"El trabajador de la construcción ni siquiera es sujeto de crédito. Le dan crédito a todo el mundo, pero para sacarlo hay que comprobar que tenés continuidad laboral", se lamentó.
Los riesgos y las deudas están más que claros. Sobre todo para las familias de los cinco obreros que este año pagaron su trabajo con la vida. La esposa y los siete hijos de Jorge Ferreira no se deben haber conformado con la reparación económica del BSE. Tampoco la mujer y los dos hijos de Fernando Landaburu o la familia del chileno Rodrigo Rivero. Los allegados de Jorge Luis Romero y la mujer y el hijo de Nelson Mandini también deben seguir buscando explicaciones.
El Sunca tampoco se consuela. La impotencia se transforma en lágrimas en los ojos de Rossi cuando recuerda algo que escuchó en uno de los tantos velorios de obreros a los que le tocó ir.
Era la despedida de un colega que había salido de su casa en Salto para ir a trabajar a Botnia y murió en un accidente de tránsito (ocurrió en un auto particular, no fue un accidente laboral). Preocupada por su hija que parecía no entender lo que estaba pasando, la esposa del obrero le preguntaba a la niña de seis años si no tenía ganas de llorar. Rossi no se puede olvidar de la respuesta: "No. Mi papá no está en ese cajón, es imposible. Cómo se va a morir si me dio un beso y me dijo que se iba a trabajar como todos los días".
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