La reducción de daños, como enfoque terapéutico y de políticas de salud en drogas, surgió a principios de los ochenta en Holanda, ante la epidemia de casos de sida entre los consumidores de heroína. Se planteó entonces un cambio, de los tratamientos que daban por única opción la abstención, a un enfoque que, admitiendo la existencia de una opción individual por el consumo, intenta reducir los daños que éste ocasionaba. La doctora Raquel Peyraube explicó que se intentan reducir "los daños propios de la toxicidad de la sustancia, los vinculados a su modalidad de uso, y los daños vinculados a la respuesta social al problema, sea en las políticas que se diseñan, o en la actitud de criminalización y estigmatización que aumenta la exclusión social, apartando del sistema educativo y de salud".

En Uruguay, algunos técnicos y ONGs empezaron a fines de los ochenta a aplicar aisladamente este punto de vista. Fue recién durante la presidencia de la JND de Leonardo Costa, (en el gobierno de Jorge Batlle) que la reducción de daños se incluyó en algunos lineamientos de la JND, primero en relación a la prevención del sida en usuarios de sustancias inyectables, y luego en relación a todo tipo de drogas, con recomendaciones acerca de que acciones no realizar bajo sus efectos, qué no mezclar y cómo consumir de maneras menos dañinas.

Para Costa, la reducción de daños "es el camino intermedio entre la legalización y la penalización". Para Peyraube, la legalización es en sí una medida de reducción de daños. Pero ambos calificaron la reducción de daños de "pragmática", en tanto busca lo menos malo dentro de lo posible, reubicando los problemas con drogas desde el punto de vista sanitario.