El juez chileno del caso Berríos, Alejandro Madrid, dijo ayer que lo declarado por los militares uruguayos "no resulta creíble" y los instó a decir la verdad.
"Evidentemente las argumentaciones y defensas que han hecho no resultan suficientes para poder, con mayor diligencia, avanzar y cerrar esto. Así que cada uno, que se examine", pidió el magistrado.
Madrid dijo en declaraciones a radio Carve, que las situaciones que ocurrieron en Uruguay "no resisten excusas", y argumentó que, para oficiales de inteligencia del nivel de los militares detenidos, hasta ahora sus comentarios "no resultan creíbles".
De todos modos, el juez dijo que no puede hacer nada para que "le digan la verdad". "Solamente los insto a que digan la verdad, porque yo tengo antecedentes que ellos no conocen y son numerosos (...), los demás antecedentes que tengo me permiten concluir hechos diferentes a los que me señalan", apuntó.
"PELIGROSOS". Además insistió en que no otorgará la libertad provisional a los militares uruguayos, ante la gravedad de los ilícitos y las altas penas de los delitos por los que están acusados. "Se considera que la libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad", dijo.
No obstante, el magistrado afirmó que esa posición "es revisable", pero que estará sujeta a los datos que el coronel retirado Tomás Casella, y los coroneles en actividad Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, aporten en la causa. "Los militares uruguayos deberían hacer una revisión con respecto a la colaboración que prestan al caso", dijo.
Agregó que "si no colaboran, prácticamente me obligan a seguir prolongando el caso en el tiempo, y si se sigue prolongando, la situación jurídica procesal de ellos no cambia. Está pendiente su país, su familia, ellos mismos como procesados".
Los tres uniformados uruguayos permanecen detenidos desde mediados de abril, cuando fueron extraditados. Madrid los procesó por asociación ilícita ante el secuestro de Berríos.
El juez del caso, tras haber interrogado en Estados Unidos al ex agente estadounidense de la DINA, Michael Townley, dijo que podría cerrar la primera etapa del proceso, una vez que reciba el documento oficial con las 127 preguntas que le formuló.
"Se me permitió tener una participación activa (...), la utilidad tendrá que evaluarse en su momento en cada uno de los casos que tengo encomendados", precisó.
Advirtió que otro requisito para avanzar es que la Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncie sobre su petición de desafuero contra Augusto Pinochet, que goza de inmunidad como ex gobernante, y pueda indagar si tuvo responsabilidad en el crimen de Berríos. La Corte fijó la audiencia para agosto.
Según Madrid, el resultado del interrogatorio a Townley le permitiría avanzar no sólo en el caso Berríos, sino también en otros que pueden estar vinculados, como la muerte del ex presidente Eduardo Frei.
