ELENA RISSO

Las advertencias que meses atrás formuló el presidente Tabaré Vázquez a sus legisladores sobre las acciones que podría llevar adelante en caso de prosperar una ley para despenalizar el aborto, no parecieron tener efecto en la bancada oficialista.

Porque en la próxima semana, senadores y diputados frenteamplistas se disponen a presentar un proyecto de ley que habilita a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12° semana de gravidez, y establece una serie de obligaciones que el Estado deberá llevar adelante en relación a la salud sexual y reproductiva.

El proyecto al que accedió El País consta de 21 artículos divididos en cinco capítulos. El primero hace referencia a los derechos sexuales y reproductivos; el segundo y el tercero incluyen "disposiciones generales" sobre el aborto; y el cuarto y el quinto modifican el Código Penal y otras disposiciones legales.

"ineficaz". En la exposición de motivos se señala que la tasa de natalidad se ubica en Uruguay en 47 mil nacidos, y que la cantidad de abortos estimados alcanza a 33 mil. Por eso, se entiende que la legislación actual es "absolutamente ineficaz para desestimular la práctica de aborto".

Además, se indica que "la práctica clandestina" de abortos se utiliza "como método de anticoncepción" y que por lo tanto debe ser "erradicada". Para modificar esa situación, se debe regular el aborto "por una ley que efectivamente aborde con integralidad la promoción de la salud sexual y reproductiva, la prevención de embarazos no deseados y la prestación de servicios" que los atiendan, sostiene.

La iniciativa habilita a "toda mujer" a "decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez", ante "situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etáreas", que "le impidan continuar" con el mismo. Después de ese plazo, sólo quedará habilitado para aquellos casos en que esté en riesgo la salud de la madre o se verifiquen malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina.

En médico deberá informar a la mujer sobre la intervención, además de explicarle las posibilidades de adopción y los programas vinculados al apoyo a la maternidad. Una vez practicado el aborto, se deberá dejar constancia en su historia clínica.

"Objecion". La iniciativa establece que el aborto será "un acto médico sin valor comercial" y que "todos los servicios" de asistencia "tendrán la obligación de llevar a cabo este procedimiento".

Los profesionales que así lo deseen podrán plantear "objeción" de conciencia para no tener que practicar ese tipo de intervención

La habilitación para la interrupción voluntaria del embarazo, no obstante, quedará regida por algunas disposiciones legales y en ese sentido están previstas sanciones en el Código Penal para aquellos casos en los que se practique la intervención fuera de los plazos previstos, con penas de prisión y de penitenciaría.

Las penas, además, aumentan si una vez practicado se causan lesiones graves o muerte a la mujer.

"Prescindir de religión o de credo"

En la exposición de motivos del proyecto a la que accedió El País se señala que "el Estado no tiene religión alguna" y que por lo tanto quienes cumplen con sus cometidos "no pueden ni deben afectar sus decisiones más que por el interés general, prescindiendo de la religión o credo que profesen".

En el texto, además, se incluyen varias citas sobre los derechos sexuales como parte integrante de los "derechos humanos", que deben ser respetados y promovidos por el Estado. "Uruguay presenta serios déficit en materia de derechos sexuales y reproductivos", por no haber adoptado las convenciones internacionales a las que adhirió, dice.

Agrega que la "reproducción biológica y social" es "una de las variables más importantes de discriminación de oportunidades sociales"; que una de cada cuatro mujeres nunca consultó un ginecólogo; que la población está afectada por la falta de información sobre el VIH; y que la mitad de los niños nace en hogares pobres.