Juan Peirano Basso fue detenido en la tarde de ayer en el barrio residencial Coral Gables de Miami y está a disposición de la justicia estadounidense que deberá analizar si procede a entregarlo a su similar uruguaya. El jueves la jueza de la causa, Graciela Gatti, formalizó el pedido de detención y de extradición a través de la Cancillería y señaló que se lo responsabiliza de un fraude de 800 millones de dólares, que encabezó durante la crisis financiera del año 2002 y que afectó a Uruguay, Paraguay, Argentina y otros países de la región.

La jueza dijo a El País que conoció la noticia por personal de la embajada de Estados Unidos y ahora deberá esperar que la justicia de ese país resuelva si hace lugar al pedido o no. Consultada sobre si los contactos que mantuvo con los fiscales que visitaron Uruguay influyó para agilizar la captura, dijo que supone que sí, pero que ahora se deberá esperar por los resultados del juicio. El banquero prófugo desde agosto de 2002, cumple ahora arresto provisional con miras a su extradición a Uruguay. El procedimiento fue llevado a cabo por la Agregaduría de Migración y Aduana (ICE) del Departamento de Seguridad Territorial de Estados Unidos. Agentes de ese departamento estuvieron siguiendo los movimientos del banquero durante los últimos días para apresarlo.

El lunes deberá presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, donde se tramitará el pedido de extradición. Desde ayer se encuentra detenido en las dependencias del Departamento de Seguridad Territorial en Miami, Florida, ante la posibilidad de que se sustrajera de la justicia o que saliera del país.

Los contactos de la jueza Gatti con dos fiscales estadounidenses que estuvieron en Montevideo hace dos semanas, sirvieron para afinar la presentación del escrito que esta semana se concretó. Fuentes allegadas al caso, explicaron a El País que el objetivo de esos contactos con los fiscales era conocer los detalles técnicos del tratado y de los requisitos de la justicia estadounidense para evitar que el pedido de extradición tuviera observaciones.

Las fuentes explicaron que el objetivo era "agilizar el trámite" y asegurarse de que las autoridades judiciales estadounidenses no lo rechazarán por aspectos formales. Ahora en base a los descargos que haga la defensa de Peirano, y a los aspectos del tratado, la justicia resolverá si concede o no la solicitud de Uruguay, que será llevada por la Corte de Distrito de Tennessee, en cumplimiento del tratado vigente entre los países.

Por eso mismo, Gatti explicó que envió junto el pedido de detención, la extradición en la que aportó la mayor cantidad de pruebas posible, con las que cuenta en el expediente por el que Jorge, José y Dante Peirano están sometidos a proceso.

La embajada de Estados Unidos en Uruguay emitió ayer un comunicado en el que señaló que el agregado de Migración y Aduana de la embajada de Estados Unidos en Montevideo trabajó estrechamente con la justicia uruguaya y los Departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, coordinando la investigación y el arresto de Peirano Basso.

El abogado penalista Juan Fagúndez explicó a El País los pasos que se darán en el proceso y señaló que "estos casos pueden llevar mucho tiempo" (ver servicio).

cuatro años. La orden de captura internacional de la justicia uruguaya está vigente desde que los hermanos Peirano Basso fueron procesados el 8 de agosto de 2002. Sin embargo, nunca se había efectivizado el pedido de extradición porque el tratado que Uruguay mantiene con Estados Unidos establece que primero la persona debe ser detenida y luego se abre un plazo para que la justicia materialice la extradición. La justicia entendió que a través del Trade and Commerce Bank (TCB) de Caimán, los banqueros captaron ahorros de clientes paraguayos, argentinos y uruguayos para luego obtener montos millonarios y transferirlos a otras empresas del grupo Velox, que requerían fondos ante la situación imperante por la crisis.

El año pasado un grupo de investigadores privados elaboraron un informe que revelaba que residía en las ciudades de Nueva York y Boston. Los investigadores contratados por una importante empresa paraguaya lo venían vigilando desde entonces.

El jueves 6 de abril, el semanario Búsqueda, en un adelanto del contenido del libro "La cacería del caballero", escrito por el periodista Claudio Paolillo, informó que Peirano logró evadir la justicia haciéndose llamar John P. Vasso y que obtuvo la residencia permanente (ver nota aparte).

Luego de conocerse esos datos la jueza Gatti activó el pedido de extradición e inició contactos con las autoridades estadounidenses. Según supo El País, el juez Eguren había viajado en el año 2004 a Estados Unidos con un jerarca de Interpol para intentar ubicar al banquero. El juez había dispuesto, ante un rumor de que se encontraba en Montevideo, que circulara su foto entre la población.

La justicia paraguaya también tiene vigente un pedido de captura internacional. Y aunque tiene la posibilidad de procesar en rebeldía, el pedido de extradición le da prioridad a Uruguay.

La otra cara: cuatro años de prisión

José, Dante y Jorge Peirano Basso, recluidos en Uruguay desde el 8 de agosto de 2002, han pedido la libertad numerosas veces pero siempre ha sido rechazada. La última negativa fue resuelta la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia sin explicar los motivos. En los casos anteriores se ha argumentado que la "alarma social" generada por los hechos acaecidos durante la crisis, permanece.

Los abogados Diego Camaño y Pablo Donnángelo, defensores de los hermanos, volvieron a pedir la libertad provisional por gracia luego de conocer la decisión de la Comisión Interamericana (CIDH) de la OEA que aceptó admitir la petición de los banqueros.

La defensa planteó que cumplieron más de dos tercios de la pena legal máxima de cinco años establecida en el Código Penal de 1889 que se aplica a este caso, que tienen una intachable conducta, que el proceso ha estado plagado de irregularidades y que se han violado los postulados de la Convención de Derechos Humanos.

La CIDH advirtió el 22 de marzo pasado sobre la presunta violación de derechos humanos garantizados convencionalmente y se puso a disposición del Estado a fin de llegar a una solución amistosa.

Juicio en EE.UU.

El lunes la Corte Federal del Distrito Sur de Florida abrirá la primera instancia en el caso Juan Peirano Basso. En esta oportunidad, el juez hará comparecer al detenido y recibirá el pedido de extradición de Uruguay.

El tratado firmado entre Uruguay y Estados Unidos en 1984 establece un plazo de 45 días para que se solicite la extradición, extremo que ya se cumplió en el mismo trámite de pedido de detención. Este será el primer punto que analizará el juez federal.

Luego establecerá si el extraditable permanece detenido o fija fianza con obligación de constituir domicilio en el Estado donde se sustancia el juicio.

El hecho de que Peirano contara con una "green card", equivalente a una cédula de identidad para residentes, es un factor que también será analizado durante el proceso. La tarea del juez consistirá principalmente en determinar si el pedido cumple con todos los requisitos previstos en el convenio bilateral. Ocuparán un papel primordial las pruebas aportadas por la justicia de Uruguay.