Cercado por las críticas patronales y sindicales sobre el proyecto que regula las ocupaciones, el gobierno aceptó retirar la polémica iniciativa y decidió que por ahora no habrá ley de prevención y solución de conflictos. A ese acuerdo llegaron ayer los ministros de Trabajo, Economía, Industria y Ganadería en una reunión de casi dos horas con una delegación patronal.
En el encuentro también quedó claro que el gobierno igual quiere tener una herramienta para regular los conflictos y poder desalojar los lugares de trabajo, posibilidad que había perdido el año pasado cuando derogó el decreto que facultaba a la Policía a usar la fuerza pública para desocupar. Pero no lo hará a través de una ley, sino de un instrumento legal de menor "jerarquía jurídica": un decreto.
La elaboración de ese decreto será estricta responsabilidad del Poder Ejecutivo y no consultará a empresarios ni trabajadores, como había anunciado inicialmente. Bonomi dijo que no incluirá algunos de los aspectos que más irritan a los empleadores.
El acuerdo al que llegaron ayer los ministros y los empresarios también implica la instalación de una nueva comisión tripartita, que esta vez tendrá el objetivo -algo vago- de "fortalecer el diálogo social y las relaciones laborales" y otra meta más concreta: la redacción de un proyecto de ley de negociación colectiva que permita negociar por empresa los salarios y condiciones de trabajo.
Si bien el gobierno vuelve a apuntar una vez más al diálogo, en el tema de la prevención de conflictos parece haber quedado solo. Es que el Pit-Cnt ha rechazado regular las ocupaciones por entender que se trata de parte del derecho de huelga, e incluso el dirigente Juan Castillo manejó la posibilidad de ir a un referéndum si se votaba la ley.
Las cámaras empresariales han rechazado públicamente el artículo dos del anteproyecto (que obliga al empleador a comunicar toda reestructura de la empresa o reducción de personal en forma previa) y sobre todo el séptimo (que admite la ocupación como modalidad del derecho de huelga, dice que la ocupación deberá ser pacífica y establece reglas a la hora de tomar el lugar de trabajo). Para las patronales, este último artículo legaliza las ocupaciones. Sin embargo, consideran lógico que el gobierno tenga interés en establecer "reglas claras" para frenar el aumento de las ocupaciones y la alta conflictividad, y por eso aprueban el decreto que se impulsará.
calma. Cuando los seis empresarios bajaron ayer del ascensor que lleva al despacho ministerial y se enfrentaron con los medios de comunicación -tras reunirse con los ministros Eduardo Bonomi, Danilo Astori, José Mujica y Jorge Lepra- hubo risas y un ambiente muy distendido.
No era para menos. José Luis Puig (Cámara de Comercio), Ruben Ordoqui (Cámara de Industrias), Fernando Mattos (Asociación Rural), José Ignacio Otegui (Cámara de la Construcción), Ricardo Posada (Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas) y Elvira Domínguez (Cámara de la Alimentación) lograron ser escuchados por los cuatro ministros vinculados directamente al área de la producción y el trabajo, y consiguieron que se dé marcha atrás en el proyecto de prevención de conflictos.
"Los cuatro ministros más importantes se reúnen con la delegación empresarial más representativa. Nunca había visto algo así, es una señal política excepcional. Hoy tenemos a un gobierno que se sienta a negociar con todo el empresariado", comentó Posada, cuya cámara tradicionalmente ha tenido posturas más cercanas al gobierno.
Ordoqui dijo que haber "retirado de la mesa" el anteproyecto fue un "gesto político de gran significación". Pero reconoció que el nivel de conflictividad "es muy alto" y por eso "es razonable que el gobierno quiera regular la situación".
El empresariado acepta así que exista un decreto que regule las ocupaciones y considera, en el fondo, que el hecho constituye un reconocimiento a sus críticas acerca de que nunca se debió haber derogado el decreto que permitía los desalojos.
En ese sentido, Mattos sostuvo que el Ejecutivo "necesita un instrumento legal" para "solucionar la utilización excesiva de las ocupaciones", que generan distorsiones en el clima social del país.
CAMBIO. En conferencia de prensa, el ministro Bonomi indicó que "queda claro" que la responsabilidad de la elaboración del decreto será exclusiva del Poder Ejecutivo y no requerirá del compromiso de los trabajadores ni del sector empresarial. "No vamos a hacer una conversación tripartita sobre este tema (como se había anunciado)", comentó.
"La prevención de conflictos que nosotros estábamos planteando no la vamos a hacer en este momento por ley, sino que lo va a encarar el gobierno por la vía administrativa mediante un decreto que no necesariamente comprometa al sector empresarial ni tampoco al sector sindical. El gobierno establecerá el contenido de ese decreto sobre la base del proyecto de ley elaborado, quitando algunos de los aspectos más irritativos", indicó el ministro.
También explicó que en la reunión se acordó "impulsar un diálogo social para fortalecer las relaciones laborales en el país" y es por eso que se convocará "a una tripartita con eventual participación de legisladores para diseñar el fortalecimiento del diálogo social y de las relaciones laborales, cuya conclusión en última instancia y sin plazos puede ser en una ley".
Allí se "intentará diseñar una nueva ley de negociación colectiva para permitir la negociación por empresa, y la actualización de la ley de consejos de salarios de 1943", explicó el ministro. De hecho, Bonomi ha planteado en reiteradas oportunidades tres dimensiones para las relaciones laborales: el salario mínimo por decreto, el consejo de salarios para la negociación por rama, y por último una ley de negociación colectiva, que aún no se ha concretado.
El ministro comunicará ahora su decisión al Pit-Cnt, aunque Bonomi descartó que exista oposición sindical a la creación del nuevo ámbito.
Consejos para las patronales
Expertos de Ferrere Abogados aconsejaron a empresarios que participaron en un desayuno de trabajo, a llevar adelante "el diseño de un plan para ejercer el poder de dirección en forma eficiente". Allí se comentó que hay una "revolución en el modelo de las relaciones laborales" al que las empresas estaban acostumbradas. Se puso como ejemplo la ley de fueros y la obligación de informar toda reestructura, prevista en el proyecto de prevención de conflictos.
En tanto, la ocupación de las empresas como medida gremial fue calificada de "ilícita" y "violatoria de la Constitución" en el desayuno organizado por Ferrere Abogados, cuyo objetivo era analizar el nuevo escenario laboral. En el foro -al que asistieron casi un centenar de empresarios y ejecutivos- el doctor Nelson Larrañaga concluyó que el "ejercicio de la huelga debe respetar a los otros derechos protegidos", como el de la libertad de trabajo y la propiedad. Larrañaga dejó en claro que la ocupación no es huelga porque la misma "es la abstención de trabajar, una conducta de no hacer", en tanto que "la ocupación es una conducta de hacer, activa, de tomar el control de un establecimiento". Por consiguiente, precisó, la ocupación "no está amparada ni reconocida por el derecho y es ilícita".
Enfatizó que Uruguay avanza en el camino contrario al que se transita en la región y en varios de los países europeos. Según indicó, en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay la ocupación no es legítima. Al respecto, subrayó que en todos esos países "la ocupación no forma parte del derecho de huelga" y remarcó que "viola los derechos de libertad de trabajo, de propiedad y de libertad de empresa". Puso como ejemplo a España, donde la ley establece que la huelga es "sin ocupación".
Por esa razón, Larrañaga opinó que con la decisión del gobierno de legitimar las ocupaciones se pierde en "competitividad".
Una legislación tan rígida lleva a que se vaya perdiendo "la confianza en invertir en Uruguay", advirtió.
Molestia sindical por decisión
La dirigencia del Pit-Cnt no había recibido anoche ninguna notificación del Ministerio de Trabajo acerca del cambio de posición del Poder Ejecutivo y la macha atrás en la creación de un proyecto de ley de prevención de conflictos, dijo a El País el secretario de conflictos de la central, Edgardo Oyenart.
"Nosotros no vamos a pedir permiso para ocupar a ningún gobierno, sea el que sea. Si hay desalojos, será con la fuerza pública", comentó Oyenart.
El dirigente dijo que tiene una "relevancia relativa" la determinación oficial, aunque admitió que "molesta" que "se tomen decisiones que afectan los derechos de los trabajadores, sin participación sindical".
"Hubiera sido interesante que se escuchara la posición del Pit-Cnt sobre esta ley, que reglamentaba el derecho de huelga. La clase trabajadora se ha hecho acreedora de ser considerada en serio", afirmó Oyenart.
Sostuvo que las patronales "siguen planteando la regulación del derecho de huelga" y que el Pit-Cnt rechazará el decreto que impulsará el gobierno en caso de que "roce un derecho nuestro". "Vamos a analizarlo y tomaremos posición", comentó.
