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INVESTIGACION | Las actuaciones continúan y abarcan a ex representantes departamentales
Tres ediles de Rivera a la cárcel por delito de fraude
Cobraban facturas de combustible por valor de $ 2.000 cuando el costo había sido de $140

RIVERA | FREDDY FERNANDEZ

La investigación sobre irregularidades en la Junta Departamental de Rivera culminó con el procesamiento de los ediles colorados Joaquín Escobar y Elbio Nicola, y la nacionalista Marlene Duarte.

Los tres fueron procesados, con prisión por "un delito continuado de fraude", siendo alojados en la cárcel departamental.

El cotejo de las liquidaciones de los ediles, con las facturas solicitadas a las empresas que comercializan combustible, fueron determinantes, inhibiendo cualquier tipo de estrategia por parte de los indagados y sus defensores. La pena tipificada va de un año de reclusión a seis de penitenciaría. Además, incluye multas de 50 a 15.000 Unidades Reajustables y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Al cabo de la larga audiencia que incluyó careos entre Escobar y el ex presidente Gabriel Gómez, se supo que después de carnaval comparecerán ediles y ex ediles, todos ellos, a priori, aparecen sumamente comprometidos, en las irregularidades detectadas, razón por la cual deberán asistir con asesor letrado.

Durante la audiencia, el juez y el fiscal exhibieron facturas de combustible, cuyo valor original era de $ 140 y sin embargo, en la declaración jurada aparecen por montos superiores a los $ 2.000.

Al culminar la audiencia, revelaron una nómina de 16 ediles y ex ediles, blancos y colorados, que deberán comparecer durante el mes de marzo. La fuente consultada aclaró que "por ahora" no hay ediles del Frente Amplio involucrados, advirtiendo que ese extremo no se puede descartar en virtud de que "falta aún cotejar mucha información".

Un dato curioso, lo constituye la citación del ex edil Desaix Fajardo, quien en la pasada jornada actuó como abogado defensor de Joaquín Escobar.

El 3 de marzo deberán comparecer el edil colorado Hugo Machado y los ex ediles nacionalistas Joselito Mello y Estela Mari Romero. A lo largo del mes deberá declarar Antonio da Rosa, padre del joven que desató la investigación al denunciar a su progenitor, el edil colorado Néstor Mieres, y los ex ediles José Luis Vila, Ramón Camps, Idervil Chagas y Brisibal Aberinyuado. Además, han sido citados el ex director de UTE y actual edil, Miguel González; su colega Alberto Balostro; y los ex ediles Martha Werner; Francisco Muñiz; Armandino Sanguinetti y Diego de Freitas.

COLORADOS. Horas antes de la audiencia, al cabo de una reunión a puertas cerradas, la Agrupación de Gobierno del Partido Colorado dio a conocer un comunicado respaldando al Poder Judicial, manifestando su voluntad de colaborar "con su actuación en todo aquello que esté a su alcance".

Durante la sesión, el ex secretario general de la comuna, Carlos Migorena, aprovechó la ocasión para pasarle factura a sus pares, recordando que "fui el único que planteó que se pusiera fin" a un sistema, que a todas luces, era utilizado irregularmente.

El órgano de conducción colorada manifestó su voluntad de pasar al Comité de Ética, tal cual lo prevé la Carta Orgánica, a aquellos dirigentes a los que se les tipifiquen delitos.

En el transcurso de la reunión hubo una sugerencia a efectos de que "renuncien aquellos que crean que pueden terminar teniendo problemas", para evitar de esa forma, "hacerles más daño al partido".

En otro tramo de su declaración, sostienen los colorados que esta "lamentable situación" no es un tema de partidos, "ni de diferencias ideológicas, ya que se trata de "conductas personales", augurando que los responsables "sean rápidamente" sancionados por el Poder Judicial, como forma de "preservar la integridad de la Junta Departamental".

Cifras

Entre enero de 2000 y junio de 2005 la Junta Departamental gastó más de U$S 3 millones.

Ese monto comprende costos operativos (entre ellos sueldos), donaciones y rubro gastos de representación que se aprobó en el 2001.

A partir de allí la Junta intentó ponerse al día con el Banco de Previsión Social (BPS), entidad con la que se atrasó a raíz del retaceo de la Intendencia, como consecuencia de la crisis del 2002.

En el año 2000, cuando ocuparon la presidencia Brisibal Aberinyuado y Ariel Abarno, el gasto fue de U$S 637.000 (tipo de cambio $12,10). En el 2001, con la Presidencia de Abarno y Desaix Fajardo los gastos fueron de U$S 773.900 (tipo de cambio $ 13,74). En el 2002, cuando ocuparon la Presidencia Desaix y Rocha Freire, los gastos fueron de U$S 542.000 (tipo de cambio $ 18,51). En el 2003, con Rocha y José Luis Vila como presidentes, se gastaron U$S 550.000 ($29). En el 2004, con la Presidencia de Vila se gastaron U$S 647.000 ($ 29). En el primer semestre de 2005, con Vila como presidente, se gastaron U$S 188.000 ($ 24).



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