BUENOS AIRES | FERNANDO NOLE
El Senado argentino dio anoche su aprobación a la declaración oficial para que el gobierno de este país reclame ante la Corte Internacional de La Haya por la instalación de las plantas procesadoras de pasta de celulosa en Fray Bentos, dándole de esa forma un amplio respaldo a la postura que impulsó el gobierno de la provincia de Entre Ríos.
La declaración expresa el "apoyo" de la Cámara de Senadores "para que en caso de resultar necesario" el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, "someta ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo originado con Uruguay.
Tras su tratamiento en el Senado, el apoyo será decidido en Diputados en la sesión extraordinaria prevista para hoy a partir de las 10 (11 horas del Uruguay).
La aprobación no generó ninguna sorpresa ya que se sabía de antemano que ningún legislador iba a oponerse a un proyecto que fue definido como una causa nacional, aunque sin embargo, hubo determinados matices entre los representantes del Congreso.
A su vez, hubo comentarios de algunos senadores admitiendo que Argentina había cometido el error de haber suscripto en su momento documentos que daban el visto bueno a los emprendimientos de las papeleras en Fray Bentos.
Paralelamente, la discusión en el Senado la inició el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Carlos Reutemann, quien hizo suyas las palabras del canciller Jorge Taiana al acusar a Uruguay por no haber "informado sobre los criterios para la selección de la localización de las plantas, ni sobre los aspectos vinculados a las técnicas a utilizar y menos sobre el eventual impacto ambiental".
A su turno, el radical disidente Rodolfo Terragno se mostró más propenso a continuar las vías del diálogo y propuso la discusión de un proyecto para "instar" al Ejecutivo a "agotar las negociaciones diplomáticas, para "promover una Comisión Parlamentaria" entre ambas naciones y, si fracasan esas instancias, entonces ahí sí acudir a la Corte de La Haya.
Para Terragno, el conflicto "no lo va a resolver la Corte, expresó sus dudas de que una medida cautelar se haga efectiva y advirtió que "estamos asistiendo a una escalada" donde "la solución sólo puede ser bilateral y está en manos de los dos presidentes".
La senadora puntana justicialista disidente, Liliana Negre de Alonso, acusó duramente a la Cancillería argentina por haber "retaceado información" en la cuestión que resulta "fundamental" para llevar adelante el planteo ante el Tribunal Internacional.
Durante su discurso, la senadora pidió plantear una cuestión de privilegio porque el jefe del bloque justicialista, fuera de micrófono, la acusó de hacer un discurso funcional a los intereses uruguayos en la disputa. "Medalla de oro del gobierno uruguayo", le dijeron.
