Todos los cambios laborales o reducciones de las plantillas de trabajo que una empresa piense llevar adelante, deberán ser anunciados con anticipación al sindicato, de acuerdo al proyecto de ley de regulación de la conflictividad que aspira a aprobar el gobierno a la brevedad.

En la iniciativa se prohibirá además la ocupación de un lugar de trabajo mientras el empleador mantenga la voluntad de diálogo con el sindicato, al tiempo que los empleados estarán impedidos de poner en funcionamiento la maquinaria, si la toma del local laboral fuera considerada ilegal, porque no se han cumplido los pasos previos de negociación establecidos. Así lo acordaron ayer el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi y los legisladores oficialistas, al evaluar el borrador que presentó el secretario de Estado, para prevenir los conflictos.

Tras casi tres horas de reunión, Bonomi, los diputados y senadores del Frente Amplio de las comisiones laborales del Parlamento no llegaron a determinar cuál será el plazo que establecerá la futura ley para dar por concluidas las negociaciones entre las partes y dejar librados a los trabajadores la posibilidad de concretar la ocupación. No obstante, se estima que antes del fin de semana puede producirse un nuevo encuentro con los legisladores de gobierno, o en su defecto el próximo primero de marzo.

El borrador propuesto por Bonomi plantea una serie de etapas que deberán cumplir las empresas y los sindicatos antes de llegar a la ocupación. También prevé la posibilidad de que las empresas presenten acciones de amparo ante la Justicia, si la ocupación se produce sin cumplir con las etapas previas.

La iniciativa contendrá además "obligaciones" para los empresarios y los trabajadores, indicaron los informantes.

Agregaron que entre las obligaciones, las empresas deberán informar con antelación a los sindicatos los cambios laborales que piensen procesar, así como las reducciones salariales o de la plantillas de trabajo. Durante la reunión, varios legisladores estimaron que la andanada de ocupaciones es producto de la explosión de sindicatos que se ha producido en 2005 ante la convocatoria a los Consejos de Salarios, así como a la falta de adaptación de algunas empresas a la masiva agremiación de los trabajadores.

En la reunión de anoche, los legisladores se comprometieron a darle un rápido diligenciamiento al proyecto cuando llegue al Parlamento, ante la decisión del presidente Tabaré Vázquez de contar a la brevedad con un marco legal al respecto. Si bien Bonomi anunció que el proyecto terminado será presentado el lunes 6 de marzo en la reunión del Consejo de Ministros, no se descarta que el tema sea analizado nuevamente el próximo miércoles, durante la reunión de acuerdos ministeriales que se celebrarán en el Edificio Independencia, al finalizar el feriado de carnaval.

Bonomi concurrió al Parlamento convocado por el Partido Nacional.

Por casi cinco horas, el ministro junto al subsecretario Jorge Bruni expusieron en la Comisión de Legislación del Trabajo, la posición del gobierno respecto a las ocupaciones y defendieron la decisión de instrumentar a través de una ley la regulación de los conflictos. A su término, Bonomi prosiguió la reunión con los legisladores de gobierno. Las explicaciones del ministro no conformaron a la oposición. Blancos, colorados y el Partido Independiente, esperan conocer el proyecto redactado para fijar una posición definitiva (ver nota aparte). No obstante, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

SINDICATOS. Aunque el proyecto no lo establecerá, el criterio que tendrá el gobierno para considerar las decisiones de un sindicatos como legales, estará basado en tres aspectos. El o los sindicatos que tengan las empresas deberán tener "indepedencia" de los propietarios; deberán contar con un número significativo de afiliados y tendrán que demostrar la antigüedad de la gremiación. Fuentes del gobierno indicaron que el ministerio de Trabajo no tendrá objeciones en reconocer más de un sindicato por empresa. Para admitir como válida una decisión, se requerirá que una misma propuesta sea votada por ambos sindicatos y la que obtenga una mayor cantidad de sufragios, será la reconocida.

A la espera

Las ocupaciones de la empresa Becam y de la Gerencia de Programas Especiales del Codicen permanecen incambiadas. Los trabajadores que conformaron un gremio alternativo en Becam entregaron ayer una carta al ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi en el Parlamento en la que piden que se los reconozca como sindicato. Esperan que la cartera los convoque a una reunión. El Codicen concurrirá hoy a la Comisión de Educación del Senado y los 40 funcionarios que mantienen la ocupación esperan que surja alguna propuesta para solucionar el conflicto. Bonomi dijo ayer que el MTSS no intervenía porque era otro organismo del Estado.