Los recientes ascensos militares dispuestos por el Poder Ejecutivo y avalados por el Parlamento generarán un áspero debate mañana en la Mesa Política del Frente Amplio, cuando la comisión de derechos humanos del conglomerado anuncie que se excluirá de intervenir en el futuro en los temas vinculados a las Fuerzas Armadas.

La decisión de no volver a brindar asesoramiento a los órganos de dirección en temas militares, se produjo porque la comisión fue prácticamente "ignorada" por los integrantes del Ejecutivo y los parlamentarios de la coalición, según dijeron a El País fuentes del Frente Amplio.

Desde el advenimiento de la democracia y mientras el conglomerado era oposición, la comisión de Derechos Humanos brindó asesoramiento a los legisladores sobre los militares propuestos para los ascensos. El objetivo era recabar información sobre los nombres propuestos antes que el Parlamento aprobara la venia, para determinar si habían estado o no vinculados con delitos de violación a los derechos humanos.

El mismo procedimiento se llevaba a cabo cuando los militares eran promovidos para ocupar cargos o enviados al exterior.

Sin embargo, a partir de la asunción del presidente Tabaré Vázquez, los antecedentes sobre los militares que serían promovidos o designados para ocupar cargos en entidades relacionados con el Estado, no fueron enviados a la comisión.

Desde las propias filas de la izquierda y desde el movimiento sindical se reclamó la revisión de algunas designaciones realizadas por el ministerio de Defensa y la Cancillería, por entender que los militares propuestos habían sido denunciados por delitos de violación a los derechos humanos o estaban implicados en hechos que afectaban al líder histórico del Frente Amplio, Líber Seregni. Empero, desde el Ejecutivo hasta el momento no ha habido marcha atrás y los militares fueron ratificados en los cargos.

La situación más compleja se produjo a fines de 2005, cuando la comisión solicitó sin éxito a los integrantes del gobierno que se aplazaran los tratamientos de las venias, de los ascensos que entrarían a regir a partir de febrero. El oficialismo aprobó las venias, sin tomar en cuenta el planteo de la comisión.

Una actitud similar a la que expondrá mañana la comisión de Derechos Humanos, realizó en 2005, el general Víctor Licandro, que anunció su alejamiento de la comisión de Defensa del Frente Amplio. La política llevada adelante por el Ejecutivo, fundamentalmente en las Operaciones Unitas y las Misiones de Paz, no se ajustaron a la posición que tradicionalmente tuvo Licandro y la mayoría de los integrantes de la coalición.

ENTIERRO. Por otra parte, la Intendencia Municipal de Montevideo cedió un nicho en el cementerio del Buceo, para que se dé sepultura al militante comunista Ubagesner Chávez Sosa encontrado en la chacra de Pando.

El nicho podría no ser el lugar definitivo, al existir propuestas tendientes a que se destine una parcela especial en el cementerio, para que todos los desaparecidos hallados pueden sepultarse en ese lugar.

La familia de Chávez Sosa aguarda la finalización de los trámites judiciales para fijar la fecha en que se realizará el entierro.

El cuerpo del obrero metalúrgico asesinado por personal de la Fuerza Aérea en junio de 1976, será velado en el Paraninfo de la Universidad.

Además del velatorio, se realizará en la misma Universidad un acto de homenaje a Chávez Sosa, en el que lo recordarán integrantes de su familia, una personalidad de la cultura y ex compañeros del militante comunista.

Concluido el acto, los restos serán trasladados al cementerio del Buceo. El féretro será trasladado a pulso en parte del trayecto. La decisión de la familia es que el velorio y el entierro no tengan carácter partidario, aclararon.

Chávez Sosa es el primer ciudadano desaparecido durante la dictadura militar que se supo su identidad en la administración de Vázquez.