LA PAZ | MABEL AZCUI/
"EL PAIS" DE MADRID
El sueño de ser presidente del dirigente cocalero Evo Morales se ha convertido en una realidad que empieza a perder el deslumbre ante la complejidad del poder. Tal vez por ello, la primera lección aprendida en estas cuatro semanas tanto por Morales como por sus colaboradores es que "otra cosa es con guitarra": es distinto ver las cosas desde dentro que de fuera.
Así lo ha entendido la ciudadanía que tenía gran expectativa por las medidas prometidas en campaña por el primer presidente indígena de Bolivia, que se dejan esperar ante la cautela asumida también por sus colaboradores. No en vano, el gabinete, integrado equilibradamente por desposeídos, líderes sindicales y profesionales, son todos debutantes en la administración del poder político del país menos desarrollado de la región.
Además de la reducción de sueldos del Poder Ejecutivo, que se ha hecho extensiva al Legislativo, el presidente Morales ha enviado un proyecto de ley para convocar a la Asamblea Constituyente a más tarde en junio de este año, a fin de que sea instalada en agosto próximo, con el encargo de definir la nueva Bolivia. El proyecto, que en principio iba a ser considerado con otros dos más de la anterior legislatura, ya ha motivado protestas porque muchos sectores desean hacer aportes y ha empezado a generar una discusión regional y partidaria con el retorno de posiciones que aparentan ser intransigentes en un asunto muy relacionado, que es el referendo autonómico, un proyecto respaldado por las élites de Santa Cruz, el departamento de mayor poder económico del país.
Algunos de los analistas consultados consideran que Morales prefiere dejar que sea la Constituyente la que defina los grandes cambios en la estructura económica, política y social del país. De momento, en el área de hidrocarburos —que contaba con la promesa electoral de su nacionalización— las negociaciones con las empresas petroleras extranjeras se cumplen en un clima de cordialidad, según el ministro Andrés Soliz Rada, conocido por su animadversión a las transnacionales, que contradijo las denuncias presidenciales de una supuesta conspiración de las petroleras para derrocar a Morales. El gobierno prepara nuevos reglamentos para "mejorar la fiscalización" de los hidrocarburos y revisar los precios y los costos del gas, según el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Jorge Alvarado, que en más de una ocasión destacó la predisposición de las empresas petroleras a reanudar su programa de inversiones en cuanto concluyan las negociaciones de los nuevos contratos.
Morales se ha movido mejor en su campo. El octavo congreso de productores cocaleros de Chapare le ha ratificado como su máximo líder, —aunque ello contraviene la Carta Magna y los estatutos sindicales— y él ha consolidado su vieja pelea para que cada familia tenga un cato de coca en los lugares vetados por la ley antidroga. Ya no es cada familia, sino que cada uno de los 45.000 afiliados a las seis federaciones del Trópico podrá cultivar 1.600 metros cuadrados. Anunció que se revisará la ley antinarcóticos, una de las más duras pues niega el principio de inocencia, y comenzará una campaña internacional para sacar a la hoja de coca de la lista de estupefacientes que tiene la Convención de Viena. Aunque sabe ya que otra cosa es con guitarra, lo que le gusta es emular a sus amigos Hugo Chávez y Fidel Castro en la largura de sus discursos. Ya dijo uno de cuatro horas y media.
Amenazan con derrocar al gobierno
El jerarca indígena Felipe Quispe, conocido como Mallku (autoridad aymara), vaticinó que Evo Morales podría correr la misma suerte que sus antecesores, expulsados por la presión social al no cumplir sus promesas con el pueblo. El ex gobernante liberal Gonzalo Sánchez de Lozada fue obligado a renunciar por una rebelión popular en octubre de 2003, que dejó 60 muertos, mientras su sucesor Carlos Mesa le siguió los pasos casi dos años después por incumplir su compromiso de nacionalizar los hidrocarburos.
Quispe, un radical ex guerrillero, estimó que hasta ahora Morales, que asumió el 22 de enero pasado, dio escasa voluntad política para cumplir sus promesas electorales. "Cuando hay voluntad política no es difícil derogar decretos supremos o leyes que pueden ser desechados definitivamente o, en su defecto, cambiarlos parcialmente cuando van contra los intereses nacionales", dijo Quispe. AFP
