FEDERICA NARANCIO

El pasado 17 de febrero, el rescate del águila de bronce que estaba abrazada a la popa del Graf Spee generó conmoción en el mundo, ya que se trató de un hallazgo histórico. Alfredo Etchegaray, propietario de los derechos sobre la embarcación y el equipo de Héctor Bado, responsable del rescate, no escondían su alegría.

Sin embargo, el hallazgo también puso sobre el tapete la polémica de si el Estado debería o no tener el control sobre el patrimonio subacuático y si los buscadores de tesoros, en definitiva, tienen un interés netamente comercial en el rescate de naufragios históricos que no se enmarca en un proyecto cultural a largo plazo.

El destino del símbolo nazi rescatado del Graf Spee fe el último motivo de discusión entre la Comisión de Patrimonio Histórico y los buscadores de tesoros, en este caso el equipo de Héctor Bado. Según declaró a la prensa Alfredo Etchegaray, recibieron consultas de todas partes del mundo y ofertas de hasta U$S 3 millones por el águila de bronce.

Manuel Esmoris, presidente de la Comisión de Patrimonio, no tardó en salir al cruce: "Si el costo de tenerla es mayor para el Estado, dejaremos que salga del país. Pero será la última vez que ocurre".

INICIATIVA. Parecería ser que, efectivamente, será la última vez que una pieza de importante valor histórico rescatada de un naufragio sale del país. Aún más, quizá sea esta la última trifulca entre los buscadores de tesoro y el Estado.

Según dijo Esmoris a El País, la Comisión de Patrimonio pretende mediante un proyecto suspender los permisos que otorga Prefectura para la búsqueda y el rescate de naufragios, siempre y cuando los rescates no tengan un fin exclusivamente científico.

Esmoris ha manifestado desde el inicio de su gestión en la Comisión una posición muy clara respecto al trabajo de los buscadores de tesoros.

Según considera, si bien ellos están amparados por ley para la búsqueda y rescate de naufragios, dicha legislación fue creada para limpiar el puerto de cascos hundidos, y no para buscar patrimonio subacuático.

Esta ley es la 14.343, aprobada en 1975. Un decreto posterior, el 692, fue aprobado en 1986 y estableció que cualquier interesado podría solicitar ante la Prefectura Nacional Naval la autorización para la búsqueda de buques históricos, o sea, todos aquellos hundidos o semihundidos en aguas de jurisdicción nacional, anteriores a 1973.

Hay dos permisos que, dentro de determinadas condiciones establecidas por ley, Prefectura le puede otorgar a los particulares para la búsqueda y rescate de piezas.

PROYECTO. El proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Patrimonio derogaría este decreto, el 692 de 1986, ya que considera que los sitios arqueológicos sumergidos forman parte del acervo cultural nacional y deben ser preservados.

Según dijo Esmoris a El País, los buscadores de tesoro no suelen compatibilizar el fin cultural con el de lucro, lo cual lleva a una "expoliación" del patrimonio.

La intención de la Comisión es que las nuevas solicitudes que se presenten a Prefectura no sean concedidas. Para los que ya tienen el permiso de búsqueda y rescate, dicho permiso se renovará una sola vez. Se hará una excepción para los rescates con un objetivo netamente científico.

Si bien aún se trata de un proyecto, Esmoris señaló que, en términos generales, hay coincidencia con la Armada. Este proyecto también fue presentado el 17 de octubre del año pasado al Ministerio de Educación y Cultura, y actualmente está siendo evaluando por el Ministerio de Defensa. "Nos dimos cuenta que estábamos perdiendo patrimonio. Para el Estado la ecuación es negativa", explicó Esmoris.

Los rescatistas se defienden. Los argumentos que exponen, por lo general, son que ellos financian una operación de rescate que la Comisión jamás ha llevado a cabo y que, por contrato, el 50% de las ganancias del rescate o venta de una pieza le corresponden al Estado.

Según Alfredo Etchegaray, no renovar los permisos tendría una consecuencia sobre el interés de todos los ciudadanos. "Hace 22 años que estamos trabajando. Muchos particulares han trabajado igual cantidad de tiempo en la búsqueda de información y se perdería la posibilidad de rescatar más de 1000 naufragios que se siguen deteriorando bajo el agua. Solamente en la parte norte del Banco Inglés, declaramos con ubicación exacta más de 300 naufragios, y es nada más que el 20% del Banco. La totalidad de los cargamentos pueden valer miles de millones de dólares". Según considera, el Estado "perderá muchísimo dinero por las recaudaciones".

El polémico buscador de tesoros, Rubén Collado, considera que la legislación actual es "perfecta", y agregó: "Lo que no funciona es Patrimonio Histórico. Ellos son los primeros destructores del patrimonio. En 20 años, la Comisión nunca rescató ni preservó nada, y todo el tema de patrimonio subacuático surgió a raíz de nosotros. Si llegara a salir un proyecto de este tipo, será como cuando vine en 1984 que nadie hablaba de galeones o naufragios".

Sin embargo, la Comisión de Patrimonio ratifica que el patrimonio subacuático debe ser preservado y que no se deben "diezmar" los bienes culturales.

Amparo de la legislación internacional

Uruguay aún no ha ratificado las convenciones internacionales que intentan llamar la atención sobre el patrimonio subacuático.

A fines de 2001, la UNESCO adoptó una convención que prohíbe realizar excavaciones submarinas con un único fin comercial.

En el Preámbulo de dicha convención, está claramente expuesto su objetivo: "Reconociendo la importancia del Patrimonio Cultural Subacuático como parte integrante del Patrimonio Cultural de la humanidad y elemento de particular importancia en la historia de los pueblos, las naciones y sus relaciones mutuas en lo concerniente al Patrimonio común".

El párrafo siguiente dice: "Consciente de la importancia de preservar ese Patrimonio Cultural Subacuático, la responsabilidad de esta tarea incumbe a todos los Estados".

Para la elaboración de su proyecto, la Comisión de Patrimonio también toma como referencia la Carta Internacional para la Protección y la Gestión del Patrimonio Cultural Subacuático adoptada por el Consejo Internacional de Museos (ICOMOS), que tiene como objetivo "promover la protección y la gestión del patrimonio cultural subacuático".

Sólo tres rescates son respaldados

Hay varias estimaciones sobre la cantidad de naufragios que hay en las costas del Río de la Plata. Es posible que haya entre 400 y más de 1000 naufragios, aunque el último inventario registra alrededor de 2.000 barcos hundidos, no todos de valor histórico.

Desde 1994, la Armada Nacional recibió más de 80 solicitudes de búsqueda de barcos hundidos, y en esta fecha creó la Oficina de Trámites de Buques Históricos Hundidos (TRABHU), que depende de la Prefectura Nacional Naval.

La ley 14.343, aprobada en 1975, y el decreto 692 de 1986, permite que cualquier interesado solicite ante la Prefectura Nacional Naval la autorización para la búsqueda y el rescate de buques históricos.

El permiso para la búsqueda se renueva cada seis meses, y comprende un área específica donde el buscador puede denunciar otros naufragios. En cambio el permiso para rescate se suele renovar cada dos años.

Actualmente, hay 23 permisos otorgados para la búsqueda y rescate de naufragios. De acuerdo a Esmoris, presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio, sólo tres cumplen con los requerimientos "ideales" para Patrimonio: el rescate del naufragio Montferland, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el naufragio El Carmen y San Antonio y el naufragio Júpiter, también de la Facultad de Humanidades.