La Presidencia de la República contrató a ocho personas para que presten tareas en colaboración directa con el mandatario Tabaré Vázquez, por salarios que van de $ 5.600 a $ 13.500.
Para la contratación de un año de esas personas, la Presidencia dispondrá de $ 958.966, donde se incluyen los salarios, aguinaldos, aportes a la seguridad social y al Fondo de Reconversión Laboral.
La función de esas personas será la de "colaborar directamente con el señor presidente de la República en todas aquellas materias y/o tareas que éste determine", según consta en una resolución del Tribunal de Cuentas (TCR) de fines de enero, en la que se habilita la contratación.
El organismo de contralor consignó que "en ningún caso" esas personas adquirirán "la calidad de funcionario público".
De acuerdo a la resolución del TCR, la contratación es acorde a una ley de 1996, que establece una partida anual "para atender las erogaciones que demande la contratación de personas" en carácter de "adscriptos" para colaborar "directamente" con el presidente.
El plazo de la contratación será de un año a partir del 1º de enero de este año y se prorrogará de manera automática de forma anual, hasta el fin del mandato presidencial, salvo que una de las partes resolviera dejarlo sin efecto.
Además, "la Presidencia de la República se reserva el derecho de rescindir en forma unilateral en cualquier momento el contrato, sin que ello implique el pago de ningún tipo de indeminización".
Las personas contratadas son: Eduardo Benini Reyes, Wilson Bonanni Wallace, Silvia Belén Gares Santana, Ana Virginia Matta Batellil, Luis Alberto Rodríguez Brigñardello, Miguel Antel Rodríguez Brigñardello, Milton Gerardo Veiga Calimares, y Mario Jorge Zelarrayán Noceti.
Los montos se reajustarán a partir de enero de 2006 por el mismo porcentaje que el Poder Ejecutivo disponga para los funcionarios públicos. En principio, según el TCR, el presidente remitió la resolución al organismo de contralor señalando que la contratación será por un año, en carácter de adscriptos.
El organismo indicó que de acuerdo a un informe de la Presisdencia, el costo anual de esas contrataciones será de $ 958.966, incluyendo aguinaldo, aportes a la seguridad social, más el Fondo de Reconversión Laboral.
UNIVERSIDAD. Asimismo, el Tribunal observó gastos realizados por tres facultades de la Universidad de la República, debido a que esos centros de estudio adoptaron acciones que no contemplaron lo previsto en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), o no llevaron adelante comparaciones con otros precios del mercado.
En el caso de Ciencias Sociales, el TCR observo un gasto de $ 1.046.544 correspondiente a "trabajos de implementación y desarrollo del Plan de Emergencia durante el año 2005", efectuado en diciembre del año pasado, por entender que hubo un apartamiento del Tocaf, ya que se trató de una compra directa por un monto superior al habilitado.
En Arquitectura, el organismo ratificó las observaciones vinculadas a las obras de refacción de la casa del arquitecto Julio Vilamajó (declarada monumento histórico), porque no se evaluó si el precio de las mismas "se ajustaba al mercado". Dichas obras, efectuadas en octubre, fueron por un valor de $ 3.086.901.
El TCR observó un gasto de $ 412.652,78 de la Facultad de Odontología, correspondientes a remuneraciones personales, y $ 3.569 para insumos de ferretería.
OBSERVADO
La contratación del ex director de Tránsito de la Intendencia de Montevideo, Felipe Martín, en el Ministerio de Transporte, fue observada por tercera vez por el Tribunal de Cuentas (TCR).
En una resolución aprobada a fines de enero, el organismo de contralor ratificó las observaciones de diciembre del año pasado, donde se advirtió sobre la contratación mensual de $ 25 mil, sin impuestos.
Según el TCR, la "selección del contratante" debió ser a través de una licitación, tal como lo establece el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), algo que no ocurrió en este caso.
