El juez Pedro Salazar archivó la denuncia por la muerte del ex agente de Inteligencia de la dictadura chilena, Eugenio Berríos. Finalmente, casi cinco años después de reabrirse la investigación y 13 años después del homicidio del científico chileno, el caso volvió a ser archivado por la justicia de Pando.

El magistrado notificó ayer de la resolución a la fiscal Nancy Hagoopian y al abogado Amadeo Otatti, defensor de los militares uruguayos acusados por la justicia chilena de estar involucrados en el caso. El pedido de archivo había sido efectuado por Hagoopian en agosto del año pasado pero antes de dictar resolución, el juez decidió realizar varias citaciones más. La fiscal también había pedido el archivo en diciembre de 2003.

Otatti dijo a El País que "es el resultado lógico" que tenía que tener este caso, aunque agregó que "debió haber sido archivado hace mucho tiempo". El defensor explicó que la pericia de las armas de los militares Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, fue decisiva.

Consultado sobre la incidencia que podría tener este archivo para el pedido de extradición del juez chileno Alejandro Madrid, que está a estudio de la Suprema Corte de Justicia, Otatti dijo que estudirá esa posibilidad pero que parece obvio que será tomado en cuenta, puesto que queda claro que los militares no están implicados en los hechos que acompañaron la muerte de Berríos.

En primera instancia el juez Gustavo Mirabal y en segunda el tribunal de Apelaciones penal de tercer turno, concedieron la extradición a Chile.

En Pando, el juez Salazar decretó como última medida una pericia sobre las armas de los acusados por la justicia chilena. Pero la pericia determinó que esas armas no fueron las utilizadas para matar a Berríos.

El jueves pasado, en una audiencia, los peritos explicaron al magistrado los resultados del análisis.

INDAGATORIA. El caso comenzó a ser indagado por la justicia en 1993 cuando se supo que Berríos estuvo en Uruguay con paradero desconocido. Desde 1996 la indagatoria quedó radicada en Pando a cargo del juez Alvaro González, pero pasó por varios fiscales hasta que en 1998 quedó a cargo del caso Nancy Hagoopian.

Desde entonces Radaelli, Casella y Sarli declararon varias veces en el juzgado de Pando.

Cuando Salazar ocupó el cargo en la sede de Pando, en 2003, volvió a citar a todas las personas involucradas en el caso que ya habían declarado en 1995, se constituyó en Parque del Plata y en El Pinar, y recabó el testimonio del general Mario Aguerrondo en su domicilio, ex jefe de la Dirección General de Inteligencia de Defensa (DGID). Entre los citados declaró un testigo que lo vio después de los incidentes de Parque del Plata.

Posteriormente desfilaron por el juzgado de Pando decenas de militares, entre los que se encuentran el coronel Edgardo Da Cunha, el general Pedro Barneix, el coronel Glauco Yanone, el coronel Leonardo García (que se desempeñaba en el servicio de inteligencia militar cuando Berríos fue asesinado). También había declarado el general retirado Oscar Pereira.

Hagoopian manifestó las dos veces que pidió el archivo porque entendía que no existían pruebas que demostraran quién asesinó a Berríos, ni que haya sido asesinado por militares uruguayos, o que éstos tuvieran conocimiento de los hechos ocurridos.

Trece años de investigación

15/11/92 :Eugenio Berríos, requerido por la justicia de su país, se presentó en la comisaría de Parque del Plata diciendo que estaba secuestrado por militares uruguayos. También se presentaron el capitán Eduardo Radaelli y el teniente coronel Tomás Casella, que le habían dado protección al científico. El jefe de Policía de Canelones Ramón Rivas dispuso que Berríos fuera entregado a los militares.

6/93 : El caso toma estado público. En marzo el ex dictador chileno Augusto Pinochet había visitado Uruguay. Como consecuencia años después se tejieron varias hipótesis relacionadas con el interés del gobierno chileno de que Berríos desapareciera por ser un testigo de la muerte del canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier.

13/4/95 : Encuentran en El Pinar restos óseos con dos tiros en el cráneo. Luego se confirmó que los restos eran de Berríos y que habría muerto entre enero y abril de 1993.

21/6/96: La jueza Aída Vera Barreto ratifica que los restos hallados son los de Berríos luego de un estudio antropológico. Las circunstancias de la muerte quedaron en manos del entonces juez de Pando Alvaro González.

28/11/98: González archivó el caso hasta que en mayo de 2001 la fiscal Nancy Hagoopian pidió su reapertura luego de que dos testigos reconocen a militares chilenos que acompañaron a Berríos a Uruguay.

12/2003: La fiscal vuelve a pedir el archivo del caso por entender que no hay pruebas. La sede de Pando cambia de juez y Pedro Salazar queda a cargo del caso. En agosto pasado Hagoopian pidió el archivo y el magistrado decidió continuar investigando hasta ahora.