Aunque los uruguayos no tienen una visión única sobre cómo funcionan los organismos públicos y las dependencias del Estado en general, existen niveles de insatisfacción relativamente importantes. Los jerarcas de las dependencias estatales, conjuntamente con los funcionarios públicos, son vistos como los principales responsables del mal funcionamiento de estos organismos. La mayoría absoluta de los uruguayos cree, concretamente, que los funcionarios públicos "hacen menos de lo que deberían".
Sin embargo, estas visiones críticas sobre el funcionamiento de las dependencias estatales y el desempeño de los funcionarios públicos no necesariamente significa un aval a reformas que puedan disminuir el peso del Estado en la sociedad, o que puedan amenazar el empleo de los funcionarios estatales. Si el gobierno quiere implementar reformas sustantivas en este campo, se enfrentará a un panorama complejo de opinión pública.
"querido" pero malo. Los uruguayos no tienen una visión única sobre cómo funcionan los organismos públicos y las dependencias del Estado en general, aunque los juicios reflejan la existencia de niveles de insatisfacción relativamente importantes.
Quienes puntúan su funcionamiento en términos satisfactorios representan poco más de la tercera parte del total de la población (36%). El grueso (42%) califica su funcionamiento de "regular", y para una séptima parte (16%) es decididamente malo o muy malo.
Por supuesto, los juicios globales pueden incluir situaciones particulares muy diferentes en distintas dependencias estatales. Perfectamente los uruguayos podrían tener, por ejemplo, una visión muy positiva del funcionamiento de la DGI y una visión muy mala del funcionamiento de Aduanas (o a la inversa). Pero la medición genérica, fundamentalmente cuando se dispone de mediciones comparativas de una década atrás, ofrece una posibilidad de situar —en la actualidad y en perspectiva temporal— las actitudes básicas de los uruguayos hacia su "querido" Estado.
La comparación histórica con una medición similar realizada en Montevideo en 1993 muestra que la opinión actual ha mejorado respecto a 12 años atrás. En términos globales la opinión de los montevideanos de aquel momento se podría asimilar a un "regular-deficiente", mientras que la actual es más bien un "regular-bueno".
Pero, a pesar de esta mejora, la evaluación global actual está muy distante de una evaluación ideal, e incluso de la que reciben algunas áreas particulares del Estado. Para dar una referencia concreta, hoy la proporción de uruguayos que califica positivamente el funcionamiento de las principales empresas públicas (UTE, Antel y OSE) oscila entre el 60 y el 70%. Casi el doble del puntaje que reciben "los organismos públicos" y dependencias del Estado en general.
Los responsables. Como suele ocurrir, tampoco hay juicios unánimes sobre quiénes son los responsables del mal funcionamiento de las dependencias estatales. Dos núcleos, sin embargo, concentran la mayoría de las opiniones. Por un lado, los jerarcas de dichos organismos públicos. La tercera parte (33%) de quienes califican de regular para abajo el funcionamiento de las dependencias estatales los responsabiliza de esta situación. Por otro, los propios funcionarios públicos (27%) son vistos como los causantes de los problemas de funcionamiento. En tercer lugar aparece el gobierno (15%), y con menciones menores los partidos políticos en general (6%) y los sindicatos (5%).
Este estado de opinión pone de manifiesto dos aspectos interesantes. Por un lado, la relevancia que parecen tener los jerarcas de las dependencias estatales en el imaginario colectivo, al menos en cuanto a responsabilidades sobre funcionamiento. Para cualquier gobierno entrante es relativamente "sencillo" completar con su estructura política y/o técnica los principales cargos de gobierno, pero en general es algo más complejo y trabajoso poder completar a satisfacción la gran cantidad de dependencias estatales de segunda línea. Los uruguayos han percibido históricamente que este segundo rango de "cargos" se cubrían considerando más elementos puramente político-partidarios que estrictamente de idoneidad técnica, y este hecho puede estar detrás de las percepciones genéricas de responsabilidad de este colectivo. Por cierto, esto muestra la necesidad de los gobiernos de realizar sus mayores esfuerzos en lograr tener al frente de cada dependencia a una persona capaz de gestionarla adecuadamente. También muestra que este tipo de cargos —por lo menos los de mayor jerarquía— puede representar oportunidades de reconocimiento público —¿y de carrera política?— para personas que logren hacer —y mostrar— que las cosas pueden funcionar mejor.
Por otro lado, los resultados también ponen en relevancia una imagen relativamente empobrecida de los funcionarios públicos. De hecho, la perspectiva comparativa respecto a la encuesta de 1993 nos muestra que los montevideanos que piensan que los funcionarios públicos son los principales responsables del mal funcionamiento de las dependencias estatales más que se duplicó en esta década: pasó de 11% a 27%.
Trabajan poco. En esta línea, la encuesta de Equipos MORI también preguntó a los uruguayos directamente por sus percepciones sobre los funcionarios públicos, y encontró que la mayoría cree que estos no trabajan de forma adecuada.
Si bien una proporción importante los califica de forma razonablemente positiva, opinando que "se esfuerzan por hacer lo mejor" (12%) o que "cumplen aceptablemente con sus tareas" (27%), la opinión mayoritaria es contraria: 39% cree que "hacen menos de lo que deberían", y 14% que hacen "mucho menos de lo que deberían". Las dos categorías negativas de opinión reúnen a la mayoría absoluta de los uruguayos.
En síntesis, dentro del panorama global de percepción de problemas en el funcionamiento de las dependencias estatales, los funcionarios públicos aparecen para el colectivo como "el malo de la película" (o al menos "uno de los malos"), en una creencia que se incrementó en la última década.
