El Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA) tiene "colmado" el espacio en el cual se depositan las armas remitidas por la justicia, lo que impide lograr una "mejora" en la gestión de esa dependencia.

Por eso, las autoridades entienden que se debería avanzar en "sintonía" con el resto de los países de la región, y reducir el lapso en el cual esas piezas se mantienen en custodia, para concretar una "optimización" de los recursos.

Ante esa realidad, el Ministerio de Defensa (MDN) manifestó su respaldo a un proyecto de ley presentado en el Senado, que reduce de seis a tres años el plazo fijado para que los titulares de esas armas puedan retirarlas del SMA.

La iniciativa fue redactada por el senador blanco Gustavo Penadés (Herrerismo), y se encuentra a estudio de la Comisión de Defensa de esa rama parlamentaria (ver nota aparte).

El año pasado, ese grupo legislativo solicitó al MDN que se pronuncie sobre la propuesta. A principios de enero, ingresó la respuesta al Senado, con un informe firmado por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti.

El documento remitido al Parlamento —al que accedió El País— contiene explicaciones de distintos jerarcas militares sobre la conveniencia del proyecto.

En el informe se incluye una nota del 7 de setiembre del año pasado firmada por el ex comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, en la que manifestó que "entiende conveniente" los contenidos del proyecto.

Penadés dijo ayer a El País que el respaldo del MDN al proyecto permitirá "procesar más rápidamente la destrucción de armas, evitar filtraciones en los depósitos, y disminuir la cantidad de elementos que pueden ser peligrosos".

SINTONIA. El documento presentado por el Ejército a Bertolotti, que fue enviado a Berrutti, y desde ahí se remitió al Parlamento, incluye un informe firmado por el director general del SMA, el coronel Carlos Celery, del 30 de agosto del año pasado.

En ese informe, Celery manifestó que el proyecto de ley "colmaría una necesidad que afecta a esta institución que se ve superada por el creciente número de armas enviadas por la justicia que existen en depósito, y cuyos titulares no realizan durante más de seis años trámites para recuperarlas".

"De acuerdo a la experiencia recogida, aquellos interesados en recuperar armas realizan el trámite correspondiente cuya duración no supera los tres años, por lo que la reducción del plazo de depósito tal como lo prevé el proyecto redundaría en una optimización de los recursos con que se cuenta, que hoy se ven afectados durante un extenso lapso a la custodia de armas que nadie reclama, requiriendo de un lugar físico apropiado que a la presente se encuentra colmado, por lo que la sanción de la norma reduciendo el plazo del depósito contribuiría a la mejora de la calidad de la gestión del depósito judicial sin distraer recursos", agregó.

El documento final también incluye un informe del 30 de agosto de la Asesoría Legal del SMA, donde se destaca que la reducción del plazo va en "sintonía" con los convenios internacionales suscritos por Uruguay.

En ese sentido, se señala que el plazo de tres años "parecería adecuado", y además se recordó que en la legislatura pasada la Suprema Corte de Justicia se mostró de acuerdo con una iniciativa en ese sentido.

El informe del MDN también incluye documentos de la Fuerza Aérea y de la Armada, sobre las armas en depósito.

El encargado del despacho del Comando General de la Fuerza Aérea, el brigadier general aviador, Alberto Castillo, informó que esa dependencia "no posee armas requisadas o incautadas por el Poder Judicial".

En el caso de la Armada, el director General de Material Naval, el contra almirante Raúl Lecumberry, presentó una lista de armas en depósito, pero aclaró que "en su mayoría" tienen las "partes incompletas, pudiéndose rescatar en algunos casos la mortaja con su caño".