JUAN MIGUEL PETIT
Si bien Dardo Rodríguez está convencido de que las ONG han ganado espacio en la sociedad civil, afirmó que tiene que existir "un proceso de autocertificación de la calidad de nuestra gestión, para ser creíbles y para que eso tenga peso cuando se hace un convenio con el Estado, una empresa o un organismo internacional".
Además señaló que esas instituciones "tienen la particularidad de estar asociadas a un movimiento progresista o de izquierdas y les cuesta ser críticas consigo mismas, porque la izquierda —y esto corre por mi cuenta— ha sido muy poco autocrítica consigo misma, y esa cultura la ha heredado (...) hay como un temor a supuestamente traicionar el proyecto común".
—Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son un actor central en muchas políticas públicas. ¿Cómo evalúa usted el dinamismo y viabilidad de este sector?
—Se está terminando un proceso de transición y tratando de encajar en un nuevo contexto. Estas organizaciones surgieron, en una primera generación, de recursos del exterior. Tuvieron la capacidad de aprovechar esos recursos con acciones innovadoras. Una vez que eso se termina, sobreviven las organizaciones que combinaron la transición de la caída de la cooperación internacional con un diálogo con el Estado, con incidencia en la formulación de políticas públicas. Y ahí viene la etapa de cuando empiezan a competir por los recursos del Estado. Ahí el abanico empieza a ampliarse. Están las organizaciones muy especializadas, con recursos técnicos de calidad y experiencia, y empiezan a aparecer otras organizaciones, más pequeñas y vinculadas a necesidades muy localizadas.
Por ejemplo, fue muy intereseante el empuje que tuvo el tema en el área infancia cuando Alejandro Bonasso estuvo en la presidencia del INAU. Y hay muchas ONGs que han crecido en torno a las posiblidades de financiamiento que tiene el Estado para estos temas.
—¿Cuál es el desafío ahora?
—La transferencia que ha hecho el Estado a este tipo de organizaciones en materia de recursos y de responsabilidad en la gestión de políticas centrales al combate a la pobreza, a la niñez, amerita una revisión de sus mecanismos legales, que son muy amplios. Hay que hacer una revisión general para ver qué hay dentro de esto que llamamos sociedad civil. El Estado, cada vez que hace un convenio con una personería jurídica, tiene que saber con quién lo está haciendo y qué finalidad persigue. Y además hay que dar cuenta de los resultados de esos convenios, cosa que hoy no existe. Como en la mayoría de nuestras políticas públicas, se gastan los recursos pero después si se obtienen los resultados buscados o no, nadie lo recuerda.
—En eso el Estado y las ONG son parecidas.
—Las ONG han hecho muchos más esfuerzos por medir sus resultados, especialmente las que están en temas de infancia, que es un colectivo muy fuerte tanto técnica como políticamente. Pero en general hay poca evaluación de resultados. Pero además de eso, no comparto una legislación que lleve excesivos controles sobre las organizaciones, no por un tema de transparencia, sino porque no hay que matar la libertad y la espontaneidad para que la gente se organice de la manera que entienda que es mejor hacerlo. No es que no haya controles, cada vez que se hace un convenio con un organismo del Estado los controles son muchísimo más estrictos que para cualquier organismo público que hace cosas similares. Más bien mi crítica a las políticas públicas es que se despreocupan como socios de la propia política, transfieren un recurso y una responsabilidad a organizaciones de la sociedad civil pero no comparten la conducción de esa acción. Y cuando lo hacen, lo hacen como policía fiscalizadoras de cómo se gastan los recursos o de detalles instrumentales...
—¿No hay una superposición de ONG en algunas áreas y vacíos en otras, como justicia, vejez, sistema carcelario, derechos del consumidor?
—Lo que ocurre es que el tipo de ONG que trabaja en infancia se vincula a temas que tienen mucha incidencia pública. No son tantas las ONG dedicadas al tema de infancia, de hecho con la implementación del Panes y de algnos de sus componentes, la capacidad que tenían las ONG organizadas y técnicamente aptas para llevar adelante estos programas está prácticamente saturada. Algunos pensarán en ampliarse, pero las ONG tienen también su punto de inflexión, después de determinado tamaño ya pierden sentido, se convierten en una especie de empresa social que presta un servicio pero que pierde su esencia, que es ir acompañanado la gestión con una reflexión profunda sobre el tema que aborda.
—¿Qué es lo que anda mal?
—Por ejemplo, en los derechos de los niños, una cosa es reivindicarlos públicamente, otra es cambiar las estructuras para que esos derechos puedan ser ejercidos. No solamente en la familia, o en las escuelas, sino también en las organizaciones que trabajamos con niños. Hay temas difíciles de abordar como la participación de los adolescentes, pero sin caer en una cuestión demagógica o simbólica, tenemos que encontrar mecanismos, si reivindicamos el derecho a que tengan voz, a que tengan un peso concreto en las organizaciones.
—¿La supervivencia y el mantenimiento de los acuerdos institucionales, no ha llevado a un gran empobrecimiento del debate entre las ONG?
—Creo que sí. Para empezar el Uruguay tiene un debate muy pobre desde el punto de vista público, se ve en el ambiente político y económico. Y las ONG tienen esa otra particularidad, en general están asociadas a un movimiento progresista o de izquierdas y les cuesta ser críticas consigo mismas, porque la izquierda —y esto corre por mi cuenta— ha sido muy poco autocrítica consigo misma, y esa cultura la ha heredado, y son muy poco críticos de sus compañeros de ruta, porque hay como un temor a supuestamente traicionar el proyecto común. Creo que sí, que le falta mucho debate a las ONG en este sentido. Hay opiniones muy críticas con nosotros mismos, con las políticas públicas, con los gobiernos, con los anteriores y el actual, hay un germen de debate y cuestionamiento que tiene que salir a flote.
—¿Qué temas son priori- tarios?
—Este año es clave para la Asociación de ONG para abrir algunos debates. Uno tiene que ver con el autocontrol: más que controles del Estado necesitamos un proceso de autocertificación de la calidad de nuestra gestión, para ser creíbles y para que eso tenga peso cuando se hace un convenio con el Estado, una empresa o un organismo internacional. No todo vale lo mismo. Y si no existe esto, uno siempre termina castigando a los que hacen bien las cosas y haciendo la vista gorda a quien aporta poco al desarrollo social.
No hay Plan de Emergencia sin ONG
Dardo Rodríguez afirmó que a la hora de poner en marcha el plan de Emergencia el gobierno se dio cuenta que no aprovechar la capacidad instalada que tenían las Organizaciones No Gubernamentales era un error. "No se puede implementar el Plan de Emergencia sin las ONG o alguna estructura similar. El Ministerio de Desarrollo Social se fue dando cuenta de eso, era imposible rehuir el relacionamiento con las ONGs", dijo.
Agregó que el relacionamiento con el actual gobierno es "muy fluído, como nunca hemos tenido con los gobiernos: el canal de acceso a las autoridades está muy abierto".
"Estamos trabajando con una enorme cantidad de temas con el Ministerio de Desarrollo Social y se creó un espacio de diálogo con la sociedad civil que se reúne cada 15 días y esta construyendo su propia agenda. Hay una participación directa en las evaluaciones de los programas y en el monitoreo de estas políticas, con instrumentos que el Ministerio está desarrollando con la sociedad civil. Hay una complementación que está reconociendo el trabajo de las ONG", indicó.