Si bien el proceso de liberalización de la economía ha contribuido a aumentar tanto el PIB agropecuario como las exportaciones del agro, al mismo tiempo ese enfoque ha llevado a una concentración aún mayor en la distribución de la tierra y de los principales medios de producción, reforzando la extensividad como forma de producción ganadera, sostuvo el ingeniero agrónomo Diego Piñeiro, magíster en sociología rural y profesor de las Facultades de Ciencias Sociales y de Agronomía de la UdelaR. En diálogo con ECONOMIA & MERCADO, el entrevistado evaluó los efectos de la política agraria aplicada en Uruguay en las últimas décadas y analizó las grandes transformaciones socioeconómicas que se están produciendo en el medio rural. A continuación se publica un resumen de la entrevista.

—¿Cuáles son las características principales de la política agraria en Uruguay en las últimas décadas?

—Desde mediados de la década del setenta, la política agraria se ha caracterizado por llevar adelante un proceso de desregulación y de desprotección que ha tenido significados diferentes para los distintos subsectores. Ha permitido a los ganaderos una mayor y mejor captación de los precios internacionales, mejorando sus condiciones de competitividad. Para la agricultura, donde había pocos rubros con competitividad internacional, significó el crecimiento de algunos cultivos como el arroz, la cebada, los citrus y la producción láctea que registran un fuerte impulso exportador, llegando a representar la tercera parte de las exportaciones tradicionales. Pero también significó la restricción de algunos de ellos, como los cereales y la horticultura, y la casi desaparición de otros como es el caso del azúcar.

A su vez, un fuerte apoyo estatal a la diversificación de la producción agropecuaria e industrial con destino a las exportaciones, ha permitido modificar el perfil histórico de las mismas de tal manera que las exportaciones de carne y lana, que históricamente habían representado entre el 60% y el 80% del total que exportaba el país, se reducen a la mitad en términos relativos.

—¿Qué efectos ha tenido ese proceso de desregulación ?

—Ha habido una tendencia sostenida a la integración vertical entre el agro y la industria procesadora de materias primas, conformando cadenas y complejos agroindustriales. Tanto la industria frigorífica como la industria textil fueron remozadas y redimensionadas. Pero, además, se desarrollaron fuertemente las agroindustrias que producían principalmente para la exportación: los molinos arroceros, las plantas de industrialización láctea, las cervecerías, las procesadoras avícolas y las plantas de procesamiento y empacado de frutas, en especial de cítricos.

—¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades de esa política agraria?

—Ha tenido la virtud de ser consistente ya que a lo largo de treinta años esa política ha estado destinada a favorecer y desarrollar la producción para la exportación. El problema de apuntar hacia la actividad exportadora es que su éxito depende básicamente de lo que los empresarios agropecuarios puedan hacer. Sin embargo, desde el punto de vista social, el agro no sólo está compuesto por ese grupo. Se pueden identificar con claridad otros dos estratos sociales en el agro: uno lo integran los productores familiares y el otro está compuesto por los trabajadores asalariados. No se puede concebir el campo sin esos tres grupos, que son quienes crean la riqueza agraria y, por tanto, buena parte de la riqueza del país. Si queremos tener un sector rural que se desarrolle en forma equilibrada, debemos necesariamente pensar en políticas agropecuarias y políticas sociales que tengan en cuenta al sector de los productores familiares y al de los trabajadores asalariados rurales. Si sólo se piensa en una política agropecuaria diseñada y dirigida desde el Ministerio de Agricultura exclusivamente, la despoblación del campo va a continuar de manera progresiva. Por tanto, hay que aplicar políticas diferentes más articuladas que complementen lo estrictamente productivo con el salario, la vivienda, la educación, etc.

Población rural

—¿Qué porcentaje de la población uruguaya desempeña tareas en el medio rural?

—La población económicamente activa (PEA) en el agro es de aproximadamente 150.000 personas, lo que representa un 12% de la PEA total del país. De estas 150.000 personas activas, la mitad son trabajadores asalariados; un 30%, es decir unas 46.000 personas, son productores y trabajadores familiares y el 13% restante —unos 19.000 individuos— son empresarios.

—¿Qué efectos ha tenido en la sociedad agraria el proceso de liberalización de la economía?

—Si bien esa política ha contribuido a aumentar tanto el PIB agropecuario como las exportaciones del agro, al mismo tiempo ese enfoque ha llevado a una concentración aún mayor en la distribución de la tierra y de los principales medios de producción, reforzando la extensividad como forma de producción ganadera. En consecuencia, la agricultura de establecimientos familiares, que produce para el mercado interno con niveles de demanda decrecientes y teniendo que competir con la importación, se vio claramente afectada, alcanzando niveles de descomposición nunca registrados anteriormente. Entre 1975 y 1996 el número de establecimientos agrarios familiares, es decir los que cuentan con menos de 100 hectáreas, se redujo en un tercio, pasando de 60.000 a 40.000 aproximadamente. Como este tipo de explotaciones son tradicionalmente las más pobladas y, por consiguiente, retienen población, el proceso de expulsión de pequeños productores rurales ha incidido en el decrecimiento significativo de la población rural.

—¿Qué grupo social ha tenido mayor protagonismo en el agro en los últimos treinta años?

—Si bien los empresarios rurales poseen sólo el 20%-25% de los establecimientos agropecuarios, controlan alrededor de 12 millones de hectáreas de los 15 millones y medio que tiene Uruguay. El otro grupo de propietarios son los productores familiares que tienen el 80% de los establecimientos agropecuarios del país, pero poseen sólo 3.5 millones de hectáreas. Si se quiere implementar una política enfocada en la exportación y en la generación de producto agropecuario, es claro que ella debe tener muy cuenta la producción de los empresarios rurales. Sin embargo, no se debe dejar de pensar en los establecimientos agrarios familiares que producen para el mercado interno y también para la exportación y en los asalariados rurales que son quienes trabajan en el campo. Un desarrollo sano del sector agropecuario implica un equilibrio entre los distintos componentes sociales y, por tanto, no hay que pensar sólo en los empresarios rurales sino también en los otros dos grupos sociales.

—¿Cómo ha evolucionado el número de empresarios rurales?

—En 1985 había 15.000 patrones y once años más tarde ese grupo alcanzaba a las 19.000 personas, es decir que esta categoría pasó de representar el 9% de la PEA rural al 13%. Es posible suponer que la cantidad de patrones de establecimientos agropecuarios haya aumentado en el período intercensal como consecuencia de que algunos productores familiares lograron acumular riqueza y transformarse en pequeños empleadores. Aunque la categoría de empleadores también pudo haber crecido por otras razones. Al desaparecer muchos productores familiares, sus tierras fueron compradas por capitales extra-agrarios, que posiblemente provengan de los sectores enriquecidos de los medios urbanos: profesionales universitarios o comerciantes de localidades cercanas que invierten sus ahorros en tierras en vez de tenerlos depositados en un banco y que manejan su nueva explotación con trabajo asalariado. Una tercera posibilidad es que algunos de estos nuevos patrones sean pequeños productores que residiendo en su explotación o trasladando su residencia al pueblo más cercano, se emplean ellos o sus familiares fuera del establecimiento, como una forma de mejorar sus ingresos familiares totales. Como contrapartida contratan a un trabajador rural para que se haga cargo de las tareas del establecimiento. Este movimiento se ve facilitado por el nivel extraordinariamente bajo de los salarios rurales.

—¿Cuál es la situación de los trabajadores asalariados rurales?

—El número de asalariados rurales, que constituyen la principal fuerza laboral del agro, descendió de 94.000 en 1985 a 74.000 en 1996. Su notoria disminución se debe, por un lado, al lento crecimiento del sector agropecuario y, por otro, a procesos de cambio tecnológico tendientes a ahorrar mano de obra. Ellos son los que perciben las retribuciones más bajas de todo el país a pesar de ser quienes crean las principales riquezas del país. Cabe preguntarse por qué esto es así y la respuesta tiene que ver con que el salario se fija según las reglas de la oferta y la demanda y no por la contribución que hacen al producto, ni por razones de justicia y de remuneraciones equitativas. Como hay una alta tasa de desempleo en Uruguay, los salarios rurales son muy bajos. En consecuencia, no deberíamos sorprendernos que el campo continúe despoblándose progresivamente porque el jornal es magro y las condiciones de trabajo son muy duras.

—¿Qué repercusiones ha tenido la propuesta de fijar una jornada laboral de ocho horas diarias para el trabajador rural?

—En las recientes negociaciones de los consejos de salarios, hubo una áspera discusión sobre la posibilidad de fijar una jornada laboral de ocho horas diarias para el trabajador rural, no habiéndose podido llegar a un acuerdo al respecto por el momento. Si bien entiendo las circunstancias que rodean a ese debate, porque en el campo las jornadas de trabajo son más cortas en invierno y más largas en verano y porque se trabaja de una manera diferente en los días de lluvia, considero que es razonable la fórmula propuesta que flexibiliza el horario de trabajo y en vez de fijar una jornada de ocho horas por día, establece una carga semanal de determinada cantidad de horas. Eso me recuerda que al reinstaurarse el gobierno democrático, el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Fernández Faingold, intentó sin éxito convocar a los convenios salariales de los trabajadores rurales. Se han perdido veinte años porque el sector empresarial se opuso tan firmemente a esa negociación que hubo que archivar aquella propuesta.

Deslocalización

—¿Cuál es la situación laboral de las personas que viven en las localidades menores de 2.000 habitantes y en las áreas rurales?

—En las últimas décadas, se ha producido un fenómeno de "deslocalización" entre lo rural y lo agrario en Uruguay al igual que en el resto de América Latina. Si se comparan los dos últimos Censos, la PEA que tenía residencia rural incluía a 120.000 personas en 1985, pero bajó a 96.000 individuos en 1996. Si bien una parte PEA que reside en el campo y desempeña tareas agrícolas es la propiamente rural, hay otras dos categorías de trabajadores: una que vive en el medio rural pero cumple labores no agrícolas y otra que está radicada en pueblos y ciudades, pero trabaja en actividades agrícolas. La primera categoría tiene residencia rural y su trabajo agrícola decrece progresivamente. La segunda categoría, o sea aquellos que tienen residencia urbana y trabajo agrícola, se mantiene estable pero constituyen el 39% de la totalidad de la fuerza de trabajo agrícola. Pero la tercera categoría es decir aquellos que tienen residencia rural y trabajan en actividades no agropecuarias aumentó de 49.000 en 1985 a 87.000 en 1996 En resumen, este es el segmento de la PEA rural que crece con mayor intensidad.

—¿A qué se dedican esas personas que residen en el medio rural pero trabajan en actividades no agropecuarias?

—Trabajan en la construcción, en actividades industriales y, fundamentalmente, en la rama de los servicios. Estas personas que poseen un pequeño establecimiento rural pero trabajan en los centros poblados, continúan viviendo en el campo porque allí no tienen que pagar alquiler y pueden lograr algún ingreso adicional mediante la cría de unos pocos animales o el cultivo de frutas y legumbres para el consumo familiar exclusivamente. Por otra parte, los adelantos tecnológicos en materia de comunicaciones y transporte han facilitado el desplazamiento de los residentes en pequeñas chacras cercanas a las áreas urbanas.

Frontera

—¿Qué elementos están contribuyendo al desdibujamiento de la frontera rural-urbana?

—La electrificación se ha expandido de manera importante en los últimos años. En el Uruguay rural el 58.5 % de sus viviendas cuentan con energía eléctrica. Detrás de ella aparecen otros elementos del confort que antes eran propios e identificables con la vida ciudadana como, por ejemplo, la televisión, la computadora y en muchos casos la conexión a Internet porque la telefonía se ha extendido mucho en el medio rural. Si hasta hace pocos años el teléfono era un lujo y un elemento inalcanzable para la mayoría de quienes vivían en el campo, hoy los teléfonos celulares se han transformado en un elemento accesible. Ahora el agro está mucho más conectado al resto del mundo. Las fluctuaciones en los mercados agropecuarios, los pronósticos climáticos, los precios de los distintos insumos, etc. son permanentemente seguidos por miles de empresarios y productores familiares rurales.

Asimismo, han mejorado las rutas de acceso y se han abaratado los medios de transporte. Es más frecuente encontrar a un trabajador rural desplazándose por carreteras y caminos con un motociclo que cabalgando. Incluso la población rural ha ido dejando de lado la típica vestimenta campesina y ha adoptado ropas urbanas. Por ejemplo, los trabajadores de la esquila no usan alpargatas y bombachas sino que visten modernas prendas deportivas. Esto responde a que prácticamente la mitad de las personas que desempeñan tareas rurales (esquiladores, cosechadores de frutas, etc.) tienen residencia urbana y han sido urbanizados en sus costumbres.

—A la inversa, ¿en qué medida la cultura rural se proyecta al país urbano?

—En Uruguay ha habido una emigración rural-urbana muy fuerte. Hoy buena parte de la población de las ciudades, por residencia y por actividad, tiene profundas raíces rurales. Han tenido una niñez campesina y por haber sido socializados en el campo son portadores de una cultura rural que hoy permea a la sociedad urbana. Según una encuesta a la población urbana publicada en El País en 1999, el 33% de los entrevistados había vivido más de un año en la campaña en el término de su vida.

Por otro lado, se estima que el 80% de la producción rural está vinculada a las etapas de transformación agroindustrial y de comercialización de esa cadena. La mayoría de las agroindustrias (laneras, frigoríficos, empaques de frutas, etc.) están instaladas en los pueblos y ciudades del Interior o en sus cercanías y, lógicamente, sus empleados son trabajadores urbanos industriales. Sin embargo, sus ingresos (salarios o jornales) y los de miles de personas vinculadas al comercio y los servicios en dichas localidades dependen casi exclusivamente de lo que ocurre en el campo en la etapa agrícola, ya sea por efecto de la sequía, las heladas, la calidad de las cosechas, las epidemias, etc. Por lo tanto, ahí también existe una creciente mezcla de lo urbano con lo rural.

Límites más difusos

—¿Se está construyendo un nuevo tipo de sociedad rural en Uruguay?

—Sí. Aunque estos procesos sociales son lentos y llevan muchos años, probablemente la vida de un individuo, hay cambios que tienen que ver con la "ruralidad". Los innumerables casos de personas residentes en el campo que trabajan en centros urbanos y de otras que viven en pueblos y ciudades pero desempeñan tareas agrícolas pueden interpretarse como formando parte de una nueva forma de ser rural o, por el contrario, como formas en que lo urbano penetra a la sociedad rural. Son estas transformaciones las que disuelven las fronteras entre el mundo rural y el urbano. En el mundo actual y más aún en el futuro los límites entre lo rural y lo urbano se volverán cada vez más difusos.

Explotaciones forestales introducen cambios muy profundos

—A partir de la incorporación de explotaciones no tradicionales en el agro, ¿cuáles son las grandes transformaciones socioeconómicas que se están produciendo en el medio rural del Uruguay?

—En realidad, hay dos realidades diferentes. Por un lado, no ha aumentado el número de tambos ni de arroceras en los últimos años. Lo que ha ocurrido es un incremento de la producción de leche y arroz debido a que explotaciones cada vez más grandes pueden invertir en tecnologías más modernas y producir en forma muy eficiente, en general, con menos cantidad de trabajadores.

Por otro lado, la forestación ha crecido en forma muy rápida a partir de la ley de 1987 ya que desde entonces la superficie forestada pasó de unas 150.000 hectáreas a casi 600.000 en el presente y las perspectivas son que va a continuar expandiéndose, aun sin el subsidio que este sector gozó hasta octubre pasado. Esta nueva explotación está introduciendo cambios muy profundos en el medio rural porque ocupa un tipo de mano de obra muy distinta a la que prima en otros establecimientos agropecuarios.

—¿Qué diferencias presentan las explotaciones forestales con respecto a otras actividades rurales?

—Las empresas forestales, que cada vez más responden a capitales extranjeros, tienden a poseer grandes extensiones de tierra, pero generalmente no contratan directamente a sus trabajadores. Por lo general, estas firmas tercerizan diversas tareas en el campo así como el transporte de carga. Para ello cuentan con contratistas de mano de obra quienes arman sus propias cuadrillas. El grueso de estos obreros se desempeña bajo un régimen laboral de carácter zafral. Sabemos que las condiciones de trabajo dejan mucho que desear en algunas explotaciones forestales. Por ejemplo, los contratistas no registran a buena parte de los obreros en el BPS, los salarios que pagan no son buenos y, sobre todo, las medidas de seguridad tienden a ser deficientes. En la última década el sector agropecuario ha superado al sector de la construcción en cuanto al número de accidentes laborales, y si bien la mayoría de los accidentes se debe al trabajo con animales; también se atribuye parte de este incremento a la falta de precauciones en la forestación.

También hemos detectado que hay dos tipos de emprendimientos forestales. Por un lado, están las empresas forestales que desarrollan algún grado de procesamiento de la madera (tablas, postes, etc.) y, por otro, las firmas creadas a impulsos de la ley de 1987 que se dedican a suministrar materia prima para la fabricación de pulpa de celulosa. Según nuestras investigaciones, existen diferencias apreciables entre ambos tipos. Las condiciones laborales en las empresas que manufacturan la madera son mejores porque cuentan con un número mayor de trabajadores permanentes en su plantilla, contratan obreros más capacitados y, por ende, las retribuciones son más altas. En cambio, las forestadoras que producen materia prima son las que más trabajan con contratistas de mano de obra y tienden a no supervisar el trabajo de las cuadrillas. Allí predomina el trabajo zafral, con bajas remuneraciones, sin cobertura social y malas condiciones en los lugares de trabajo: en síntesis, trabajo precario.

FICHA TÉCNICA

Diego Piñeiro, uruguayo, 60 años, es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Obtuvo la maestría en sociología rural en la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos). Actualmente es profesor titular de Sociología Rural con dedicación total en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Agronomía de la UdelaR. Entre sus obras se destacan "Los trabajadores de la esquila" (2003) y "En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina" (2004).