MALDONADO | MARCELO GALLARDO
Abrió su negocio el 10 de octubre de 2005 y lo cerró el viernes pasado. En todo ese tiempo facturó 15 mil pesos. Impositiva quiso cobrarle $ 23.160 como anticipo a cuenta de impuestos sobre las ventas que supuestamente generaría en la temporada. Además, le anunciaron dos veces que su comercio sería clausurado. Antes de que ello ocurriera, Jorge Elíades le ganó de mano al organismo y decidió auto clausurarse como protesta contra lo que considera "prácticas terroristas" del organismo recaudador en el Este del país.
Pero Elíades no está solo en su cruzada contra la Dirección General Impositiva (DGI). Ayer las gremiales empresariales que operan en Punta del Este emitieron una dura declaración criticando las actuaciones del organismo en el balneario.
La Liga de Fomento de Punta del Este, la Asociación de Agentes de Viajes y Transportes Turísticos de Maldonado, la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, la Corporación Gastronómica de Punta del Este y el Centro de Hoteles de Punta del Este sostuvieron ayer que "las clausuras llevadas a cabo (por la DGI en Punta del Este) atentan no sólo contra los establecimientos sancionados, sino contra la imagen del balneario en su conjunto y contra los propios clientes y turistas".
Las gremiales aseguran que "las actuaciones realizadas en la presente temporada, han afectado la actividad comercial de la zona y particularmente a inmobiliarias que operan desde hace décadas en nuestro balneario", y reclaman que "por tratarse de establecimientos con actividad todo el año, bien se pudo optar por penalizaciones previas a una clausura en plena temporada de verano, en el entendido que la clausura debe ser una medida extrema", sostuvieron los operadores.
Los empresarios reiteraron su "absoluto apoyo" al combate del informalismo y la evasión y subrayaron que la DGI les ha manifestado reiteradamente las dificultades para actuar sobre ese fenómeno lo que, a su juicio, "se ha traducido en una total inacción contra el mismo".
La declaración emitida ayer testimonia la generalización del malestar del empresariado esteño con la DGI, dado a fines de la semana pasada se conoció otra que fue firmada en solitario por las inmobiliarias.
AUTOCLAUSURA. "Hice todo bien, estoy al día con mis obligaciones. Con todas. Con la DGI, con el BPS. Como pequeña empresa no tenía que pagar IVA sino una cuota fija. El tema es que desde octubre hasta el viernes cuando cerré el local apenas vendí 15 mil pesos. Fue una temporada atípica con poco movimiento", contó Elíades —el comerciante auto- clausurado— a El País.
Agregó que en quince días recibió dos inspecciones de la DGI las que le impusieron que de no pagar el adelanto de impuestos su comercio sería clausurado. Se quejó del tratamiento de varios de los inspectores del organismo, el que calificó de "prepotente".
"Así no se puede trabajar. Perdí mucho dinero, por lo que decidí hacer algo que creo que no se había hecho que es demostrarle a la gente que las cosas no están funcionado bien. Que así vamos muy mal rumbeados porque se está agrediendo de una manera muy fuerte al comerciante medio" se lamentó Elíades.
Apoyo por papeleras
Pese a las críticas por las actuaciones de la DGI los empresarios puntaesteños brindaron apoyo irrestricto al gobierno por su posición a favor de la instalación de las papeleras y en contra de los cortes de rutas en Argentina.
Las gremiales exhortaron a las autoridades argentinas a deponer de inmediato las acciones que no hacen otra cosas que agravar aún más la problemática planteada, y que pueden conducirnos a situaciones mucho más graves a impredecibles, que nadie desea.
Asimismo, dijeron que apoyan incondicionalmente todas las acciones seguidas por el gobierno uruguayo la defensa de nuestra soberanía y la generación de ámbitos de negociación y entendimiento que atienda las inquietudes planteadas por la República Argentina.
