Entre luces y sombras transcurrió el primer año legislativo del gobierno que encabeza el presidente Tabaré Vázquez, a pesar de que, por primera vez en décadas, tiene la mayoría absoluta en la Asamblea General.

En ocasiones hubo problemas con la oposición, representados en las largas batallas políticas por el Presupuesto, pero en otros asuntos —inesperadamente— la rebeldía partió de filas propias, como en el caso de la autorización para los ejercicios navales Unitas y cuando se ratificó el tratado con Estados Unidos. Y Vázquez experimentó el amargo sabor que le causó la renuncia de su viejo compañero socialista Guillermo Chifflet, quien abandonó su banca disgustado con el gobierno y la bancada oficialista porque pretendían obligarlo a apoyar el envío de tropas a Haití.

En el otro plato de la balanza, hay que decir que Vázquez logró algunas metas significativas para su gestión. Quizás pudieran haber sido más, por el hecho de contar con mayorías absolutas, pero se aprobaron la ley de libertad sindical, la ley de Presupuesto, la ley que ratifica el tratado de protección de inversiones con Estados Unidos, y la iniciativa que acentúa las penas para quienes cometen actos de violencia en el deporte. Salvo en este último, el criterio del mandatario primó en los tres casos luego de dejar atrás arduas disputas políticas internas.

POLEMICA. El tratado fue la última batalla que libró y ganó Vázquez, aunque este puede considerarse un triunfo caro en términos políticos, porque en el Senado debió soportar la rebeldía del Partido Comunista, cuyo representante Eduardo Lorier soportó contra viento y marea los reproches hasta de sus propios compañeros y se mantuvo sin votar por mandato partidario.

El acuerdo bilateral establece condiciones de protección recíproca de inversiones entre ambos países. Fue redactado durante el gobierno del anterior presidente Jorge Batlle, pero la administración frenteamplista le introdujo cambios.

En Diputados, el apoyo total del oficialismo al tratado se logró luego de que se declarara el respaldo al proyecto como "mandato imperativo", ya que algunos legisladores no estaban de acuerdo en apoyarlo en un principio.

La iniciativa de libertad sindical fue presentada al Parlamento por el Poder Ejecutivo. Se aprobó en la Cámara de Representantes. Pero después, al gobierno se le ocurrió sacar el tema del Parlamento y solicitar un paréntesis de 60 días para convocar a la cuatripartita para discutir el tema. En ese ámbito no hubo acuerdo y entonces surgieron dudas sobre qué hacer: otra ley o volver a impulsar aquella con sanción en Diputados. Finalmente, los senadores oficialistas entendieron que lo mejor era seguir este camino y terminaron votándola.

Asimismo, tras varios meses y después de algunos hechos violentos concretos en varias canchas de fútbol y basquetball, el Parlamento aprobó una ley modificando aspectos del Código Penal que hacen más severas las penas para quienes provoquen incidentes, riñas o similares en los espectáculos deportivos. La nueva ley faculta a los jueces penales a que prohíban el ingreso a espectáculos deportivos por plazos de hasta un año en primera instancia y hasta dos años en caso de reincidencia, para personas que generen incidentes en estadios o similares.