Gabriel Sosa, en Río Branco

Río Branco es la frontera olvidada. A diferencia del Chuy y Rivera, de donde llegan noticias al resto del país, Río Branco es una especie de caja negra desde donde sólo de tanto en tanto la prensa publica algún hecho muy fuera de lo común, como un empresario local arrestado en Brasil en una redada contra el contrabando, un escándalo de la Junta Local Autónoma más sonado que lo normal o algún hecho de violencia aislado.

O la prostitución infantil.

El renacer del Pueblo Viejo

Extraña, complicada y extendida son los adjetivos que mejor dan una idea de la ciudad de Río Branco. A orillas del río Yaguarón, está comunicada con la ciudad brasileña del mismo nombre por el puente Barón de Mauá, el puente internacional más antiguo (y hermoso) de Uruguay, inaugurado en 1930.

Yaguarón tiene 40.000 habitantes. Río Branco, unos 16.000. La cantidad exacta es difícil de precisar, porque por su condición de ciudad fronteriza hay un gran trasiego de población flotante, que viene atraída por la esperanza de oportunidades laborales y termina amontonada y sin trabajo en barrios marginales que se forman en lo que hasta poco antes era campaña pelada.

La ciudad tiene dos partes: en el ángulo entre la entrada al puente y el río está el Pueblo Viejo, el núcleo más antiguo, que se encuentra en territorio inundable. Por eso todo el desarrollo moderno del pueblo se llevó a cabo en lo que se conoce como La Cuchilla, una zona lindera más alta. En un caso único en la urbanística uruguaya, las agencias de transporte, varias casas de comida y el único hotel están ubicados a un par de kilómetros de la plaza principal.

Hasta hace pocos años, este Pueblo Viejo se hallaba semiabandonado. Su única razón de ser eran las épocas en que el cambio de la moneda era favorable para los brasileños, que hacían sus compras en Río Branco. Un lugareño que unos años antes trabajó en un comercio de venta de quesos y dulces añora las épocas en que ese local vendía hasta siete toneladas de queso de Colonia cada semana.

Pero cuando todo parecía perdido para el Pueblo Viejo, una nueva modalidad comercial inédita en la zona llegó para salvarlo: los free shops. En dos años abrieron los cinco locales que ahora dominan la avenida central del Pueblo Viejo, y que ya realizan obras para ampliarse. Son el Darling, el Mario, el Bekarte, el Place y el Neutral. Los tres primeros son propiedad de ciudadanos locales. Como el Pueblo Viejo sigue siendo zona inundable, es de esperar que dentro de no mucho tiempo se verán pasar flotando río abajo aparatos de DVD y remeras Lacoste.

Con los free shops, el Pueblo Viejo (rebautizado Zona Comercial por la Junta Local) reverdeció. El Neutral, parte de una cadena, ya prepara su mudanza a un local mayor, de casi media manzana de superficie. Se habla de planes para construir un hotel de lujo, y a una cuadra de donde desemboca el acceso al puente hay un local donde se va a instalar ese salvador de la economía uruguaya contemporánea: un local de máquinas tragamonedas de Casinos del Estado.

Pero con tanto cambio, el Pueblo Viejo se las ingenia para conservar sus tradiciones, y aunarlas a la modernidad: el dueño uruguayo del free shop Darling, Alejandro Moneta, fue capturado el 4 de noviembre en su casa de Yaguarón, en medio de una gigantesca redada hecha por la policía brasileña, la Operación Plata. La policía desarticuló la banda de contrabandistas que integraba Moneta, que terminó procesado en Porto Alegre. El negocio era descargar mercadería en tránsito en el puerto de Montevideo y entrarla de contrabando a Brasil por Rivera, Chuy y Río Branco.

También en el Pueblo Viejo vivían los tres implicados en un caso de prostitución infantil que hace pocos meses salió a la luz. De los tres sólo uno, Onil Olivera, fue procesado, porque contra otro de ellos no se logró reunir pruebas, y las niñas no quisieron declarar contra el tercero, un septuagenario cercano a círculos políticos, miembro prominente del club de Rotarios. Mientras duró el proceso este tercer implicado se fue a vivir a Yaguarón, donde su hija tiene un comercio, abandonando su casa con vista al río y al puente, a pocos metros del free shop de Moneta.

Abusadores reincidentes

Mary Suárez tiene, junto con su marido, una panadería en la calle principal del Pueblo Viejo (frente al free shop de Moneta). Cuando se habla de prostitución infantil, de inmediato recuerda cuando su hija tenía 5 años (ahora tiene 11) y ellos recién habían llegado. Un brasileño del otro lado del puente venía muy seguido y rondaba a su hija, sin que ella se percatara de nada. "Estaba ciega, ni me imaginaba lo que podía estar pasando", cuenta. "Entonces el carnicero de acá a la vuelta me dice ‘Mary, abrí los ojos porque un brasilero te está manoseando a la nena’. Ahí me cayó la ficha".

Mary fue a la policía, pero le dijeron que no podían hacer nada a menos que trajera a su hija para hacer un careo. "De ninguna manera iba a llevar a mi hija a que la manoseara un médico", dice Mary. Así que decidió tomar el revólver que guardaba su marido, sacarle el cargador y esperar al abusador. Cuando apareció de nuevo, le plantó el arma en la cara y le dijo que si lo volvía a ver, lo mataba.

El hombre no volvió. Pero cada vez que Mary va a Yaguarón se lo cruza por la calle, muy bien vestido de saco y corbata. Cada vez que la ve, el hombre la saluda socarronamente.

Este caso no es una rareza en el pueblo. Francisco Antunes, director del semanario A Folha Regional de Yaguarón, no se sorprende: "acá todo el mundo sabe que el que anda en eso no se va a arriesgar a exponerse. Cruza el río, hace sus cositas en el otro lado y listo, vuelve como si nada".

La Policía brasileña alertó este año que tres rutas fronterizas, entre ellas la que une Yaguarón con Río Branco son usadas "para el tráfico de niños que se prostituyen en ciudades de Uruguay y Argentina".

A pesar de eso, en los dos casos de prostitución infantil en los que la Justicia pudo intervenir en los últimos años, los implicados fueron todos uruguayos. En 2003 se descubrió a un hombre de 69 años, Nicasio "Cacho" Píriz, que llevaba niñas a su casa para sacarles fotos pornográficas, filmarlas y tener relaciones sexuales con ellas. Cuando se allanó la casa se encontraron cientos de fotos, en las que se logró identificar a cuatro niñas. Pero también había imágenes de otras menores a las que no se pudo identificar, quizás brasileñas o de barrios marginales del mismo Río Branco. Píriz marchó preso a la cárcel departamental de Conventos.

Germán Freddy García, de 35 años, también fue enviado a prisión por un delito continuado de atentado violento al pudor, por el mismo caso. Un tercer implicado no pudo ser acusado. A los dos meses de estar preso Píriz murió en la cárcel, eventualidad que parece ocurrir con curiosa frecuencia a los pedófilos procesados.

En 2004, dos menores denunciaron que tres hombres mayores les pagaban por mantener relaciones sexuales. Es el caso por el cual fue procesado Onil Olivera, de 70 años. A diferencia de los casos anteriores, Olivera pudo ser procesado por la nueva ley 17.815, referida a la prostitución infantil. Las niñas fueron internadas en el INAU de Melo.

En total, una decena de niñas aparecieron implicadas en dos casos en dos años. Se trata de algo más que de episodios aislados. Una psicóloga de uno de los centros CAIF que hay en la ciudad, aunque no quiso dar declaraciones, reconoció que entre las chicas que trata hay tres adolescentes embarazadas de alrededor de 14 años, que se dedican a la prostitución.

Todo esto forma parte de una tendencia local que casi podría decirse histórica. Cuatro meses atrás, un grupo de madres denunció a un hombre mayor que se dedicaba a rondar a los niños de una escuela. Una de ellas, incluso, lo reconoció como el hombre que, cuando ella misma era una niña, se masturbaba enfrente suyo. Al verlo cerca de su hija, casi sufre un ataque. El sujeto ya llevaba dos generaciones de niñas acosadas. El juez Leopoldo Pazos desestimó la causa, diciendo que los antecedentes presentados no eran pertinentes y que los casos deberían haberse denunciado en su momento, y hoy el sujeto sigue circulando en su bicicleta roja por Río Branco. No ha vuelto a rondar por la escuela. Al menos, por esa escuela. En Río Branco hay varias. El juez Pazos se niega a hablar con la prensa.

¿Por qué Río Branco?

Como ciudad de frontera, Río Branco tiene varias peculiaridades. Es algo más que un lugar de paso, es una atracción en sí misma, y más desde que hay free shops.

Cerro Largo es parte del "Uruguay profundo", esa porción del país alejada de Montevideo y de las zonas turísticas, tanto como de la mirada del público. Es zona de arroceras y caudillos políticos, y de largas tradiciones que se resisten a desaparecer. En Río Branco se ven muros con pintadas recientes que recuerdan al fallecido intendente Villanueva Saravia, muerto en 1998.

En Río Branco tienen su propia manera de solucionar las cosas. Hace años varias familias debieron ser evacuadas como consecuencia de una inundación. Como solución de emergencia, se las alojó en el gimnasio municipal. Allí estuvieron hasta que fueron realojadas en viviendas del Estado, o volvieron a sus ranchitos inundables. Un grupo de familias, una media docena, no se acomodó a ninguna de estas opciones, y quedó flotando en el limbo, viviendo en el gimnasio en carpas armadas con nailon negro. Así, tres años.

Por fin llegó el rumor de que un préstamo internacional podría ser utilizado para construir viviendas para estas familias. Ante esta posibilidad, se decidió desalojarlas del gimnasio, y darles una solución temporal. Se consiguieron unos contenedores, se los depositó en un terreno municipal a siete kilómetros de la ciudad, y se los acondicionó como viviendas precarias. Allá marcharon las familias, hace cuatro años, a los contenedores colocados en medio del campo. Y como el préstamo nunca llegó, allá permanecen, lejos de todo y de todos. La única manera más efectiva de sacarlos de la vista hubiera sido encerrarlos en los contenedores y tirarlos en mitad del río.

La colonización cultural de Río Branco es profunda y cotidiana, y casi no hay política oficial que se preocupe de frenarla. Una funcionaria judicial resume la situación diciendo que "a Río Branco el Estado no llega".

Los niños hablan un portuñol que de español tiene muy poco. Los de Yaguarón, hablan portugués con apenas algún término mezclado.

Como si fuera un milagro, lo único que en los últimos años llegó a Río Branco para defender el castigado idioma español es la televisión por cable. Desde que tienen su propia emisora de cable, los niños riobranquenses han recuperado el castellano.

El cable incluye el canal porno Venus, libre durante la noche. Es que Río Branco es una sociedad liberal, muy liberal y permisiva. Un funcionario judicial que llegó a la ciudad hace poco tiempo cuenta su sorpresa ante la aceptación e integración de la que gozan los homosexuales y travestis en la sociedad local. Río Branco es liberal, en lo bueno y en lo malo.

Luchando en contra

Olga Abad es inspectora asistente social del juzgado de Río Branco. En ese cargo, su función es intervenir a pedido del juez en casos que impliquen a menores en situaciones de riesgo, término muy utilizado que implica todo tipo de aberraciones, desde abuso directo y violencia hasta la omisión de enviar un niño a la escuela. Por esa poco envidiable posición es que Abad tuvo contacto con varias niñas y adolescentes que se vieron implicadas en casos de prostitución infantil. Probablemente sea la persona en Río Branco que tiene un panorama más amplio y desolador sobre el tema.

Hubo tres casos que pasaron por el juzgado de Río Branco en los últimos años, uno en 2003, otro en 2004 y otro en 2005. En los tres actuó Abad.

El de 2003 fue un caso en el límite, que implicaba a un varón de 17 años. "Hubo internación del menor en el Iname, por la situación de riesgo que estaba viviendo, y creo que nada más", recuerda Abad. La persona mayor involucrada no fue sancionada.

El caso más sonado fue el de 2004, el de Píriz. Cuatro niñas y adolescentes pasaron por el juzgado, la menor de ellas de 8 años, la mayor de 16. Una de las niñas, de 14 años, estaba embarazada, aunque no pudo determinarse si alguno de los agresores sexuales era padre del bebé.

Sólo una de las cuatro, la embarazada, fue internada en el Iname. Las otras volvieron con sus familias. "Yo supongo que no hubo reincidencia, pero el contexto en el cual viven o han vivido estas adolescentes implica una altísima vulnerabilidad a situaciones de este tipo. Es difícil probar si alguna de estas chicas volvió a situaciones similares. Pero estas cosas no cambian mágicamente".

Abad calcula que cuatro o cinco niñas y adolescentes más estarían implicadas en el caso de Píriz. La denuncia llegó al juzgado por teléfono, de forma anónima, y nunca se pudo identificar su fuente. Los vecinos sabían o sospechaban lo que ocurría en casa de Píriz, (era obvio el constante tráfico de menores a la casa), pero antes de la denuncia la situación se prolongó durante meses sin que nadie hiciera nada.

Abad sospecha que el caso se cerró sólo a medias: "es difícil creer que esta persona actuara sola. Tenía métodos tecnológicamente sofisticados, no habituales para un anciano, o para ese entorno. Supongo que las fotos y las grabaciones eran para comercializar, el problema es que esas puntas específicas no se pudieron demostrar".

El caso más reciente involucró a dos adolescentes, que fueron enviadas al INAU, y al menos a un mayor, que fue procesado. Otros hombres que inicialmente resultaron implicados, no pudieron ser procesados por falta de pruebas.

Otra vez, Abad sospecha que hubo más involucrados, tanto víctimas como victimarios: "me cuesta creer que son las únicas menores implicadas. El tema es que no tengo cómo probarlo. Y sin pruebas no se puede intervenir".

"En un caso así —dice Abad— lo que se ve es la punta del iceberg. Lo más grande no se ve. A nivel profesional para mí es una frustración grande el ir constatando el abuso sexual, y que no haya pruebas suficientes que permitan sancionarlo. Y sobre todo, no tener herramientas como para poder restaurar ese daño".

Para Abad, la prostitución infantil "es un hecho que existe en Río Branco, no tengo ninguna duda. No son hechos aislados. Creo que es la pobreza extrema en general lo que da lugar a esto. No quiero etiquetar, no quiero decir que las niñas y adolescentes en situación de extrema pobreza tengan la tendencia a la prostitución. Es que su situación las expone de manera particular a los agresores".

Un reciente relevamiento de la ONG Nuestro Hogar contabilizó que en la pequeña ciudad viven 278 niños en la calle, subsistiendo de la mendicidad.

La imagen que da Abad de las menores implicadas en denuncias de prostitución infantil va contra los prejuicios de muchos. El propio término "prostitución infantil" ya lleva una imagen errónea, cuando la fuerza del primer término borra lo dramático del segundo. La idea que puede tenerse de una prostituta es de alguien hecho a la vida, maduro y acostumbrado a la sordidez. En los casos en que Abad intervino, las víctimas no eran de ninguna manera mujeres de la calle, sino que eran niñas. Algunas en edad escolar, otras un poco mayores, incluso varias con déficit intelectual y retardo leve, lo que las volvía más infantiles y con menos idea de lo que les estaba pasando. "No eran conscientes de lo que les pasaba, o al menos no lo interpretaban como lo haría un adulto. Eso sí, lo vivían con mucha vergüenza y mucho miedo".

Tal vez los mejores ejemplos de lo trágico y aberrante de la situación se encuentran enterrados en el expediente judicial del caso al que no se puede tener acceso. Los expedientes son públicos, pero la nueva ley de protección a la infancia no permite que se conozcan. Queriendo proteger a los niños, protegen a los abusadores.

Entre las muchas pruebas y documentos acumulados, hay cartitas de amor que las niñas les escribían a sus agresores. Cartas que en nada se diferencian de las que una niña de 10 o 12 años le escribiría a su noviecito de la escuela, sólo que estas están dirigidas a sexagenarios que abusaban de ellas a cambio de diez pesos, una bolsa de papas chips o un litro de querosén para la estufa familiar.

En la cartelera junto a la mesa de entrada del juzgado, hay un vistoso afiche que dice: "la explotación sexual comercial y no comercial es un delito". Lo firma la "Comisión Nacional Para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia", entidad sin duda prestigiosa y que, según dice el afiche, está integrada por el INAU, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los ministerios del Interior, de Trabajo y Seguridad Social, de Educación y Cultura, de Salud Pública, el Instituto Interamericano del Niño y la Unicef. Con tanta institución involucrada, poco se sabe del trabajo concreto de la Comisión, creada en 2004, más allá de la distribución del afiche mismo.

El Estado ausente

En Río Branco no hay una oficina del INAU. La representación departamental del organismo se encuentra en Melo. Para Oscar Bugna, defensor de oficio penal y de menores del juzgado de Río Branco, sería imprescindible que el INAU instalara un hogar en la ciudad. "Hay que tomar en cuenta que estamos a 90 kilómetros de Melo y realizar las internaciones que establece el Código se complica. Acá no hay ómnibus a Melo después de las seis de la tarde, y de Melo para acá, después de las cinco no se puede venir. Y el INAU tiene un vehículo solo para todo el departamento".

Bugna fue el defensor de oficio de las menores en el caso de este año: "hay versiones públicas que dicen que no es un caso aislado, que es un tema que se repite. Pero son versiones que no se han llegado a investigar, o las que se han investigado no dieron resultados".

Muchos de los que trabajan en temas sociales en Río Branco creen que la ciudad es más vulnerable a casos de abuso de menores que el resto del país. Bugna, que vive allí desde hace cuatro años, lo sospecha: "no tengo una idea clara, pero me da la impresión de que la frontera beneficia o ampara esta situación, no por una cuestión institucional sino cultural".

Abad no cree que la presencia física del INAU en la ciudad pueda por sí sola ayudar a mejorar la situación: "el INAU tiene la presencia que los recursos con que cuenta le permiten. Yo creo que una oficina en Río Branco no cambiaría la historia, desde mi perspectiva técnica lo único que haría es aumentar la burocracia. Lo que sí hace falta en Río Branco, y se ha demandado desde varias oficinas públicas y ONGs, es la creación de programas específicos, primero para la prevención, y luego para la educación. Esos proyectos existen, fueron formulados hace tres o cuatro años por las propias ONGs, pero no fueron financiados".

Abad tiene una idea muy clara del perfil característico de casos como estos, que en gran parte contribuye a dar forma al problema: "los agresores conocidos en general pertenecen a la clase media, con recursos, personas mayores, públicamente respetables. Las chicas casi todas pertenecen al mismo sector social pobre, con las mismas características familiares, socioeducativas y demás".

Este perfil hace que el trabajo posterior con las víctimas sea muy complicado. "En general —dice Abad— las víctimas viven su situación con mucha culpa. No tienen el amparo de la familia y también pierden el amparo de los amigos. Las herramientas para brindarles un mínimo de seguridad y de reconstrucción de la dignidad personal dependen en casi todos los casos de las instituciones nacionales que están como garantes de esos derechos. El INAU tiene una responsabilidad muy importante, y también las instituciones educativas en general. Y me animo a decir que cualquiera de los dos no están preparados. También siento que el sistema de justicia no está preparado. Es un fenómeno social creciente, para el cual no tenemos herramientas suficientemente ágiles. Se hacen procesos largos, eternos, que aumentan la victimización".

Ignacio Amaral es un profesor de informática de la UTU de Río Branco que se interesó por el tema de la prostitución infantil en su ciudad luego de que un conocido suyo fuera encarcelado en 2001, acusado de violar a una menor. Amaral dice tener pruebas de su inocencia, y del involucramiento de otras personas, muy influyentes en lo local, en el caso. "Las personas que están implicadas en esto juegan más alto que la simple prostitución infantil —dice—, se dedican a otros ‘negocios sucios’ como el tráfico de drogas, tráfico de armas, y principalmente el tráfico de influencias".

Hasta hoy, Amaral, que dice haber sido amenazado, no ha conseguido pruebas de sus afirmaciones. Pero insiste en que la prostitución infantil existe y es encubierta por las autoridades.

El peor panorama

Una nota publicada en este mismo suplemento el 31 de mayo de 2003 citaba un informe de Unicef, que en uno de sus párrafos decía: "Uruguay va solapadamente convirtiéndose en un lugar donde la prostitución infantil y adolescente parece crecer en los barrios más marginales de la mayoría de las ciudades y pueblos del país, con énfasis en los puntos fronterizos, el litoral, Montevideo y Maldonado".

En aquella investigación, el entonces director del Iname en Cerro Largo, Churchill Cabrera, alertaba sobre un alarmante aumento de la prostitución de menores en el departamento. "Niñas de poco más de 11 años, y habiendo menstruado una sola vez, ya han sido internadas embarazadas", denunció.

En Río Branco hay prostitución infantil. No a plena luz, no de manera descarada, pero sí extendida. Muchos factores contribuyen al fenómeno, en particular su condición de ciudad de frontera. Pero el problema está lejos de ser específico de la ciudad. Preguntando, en cualquier ciudad del interior del país se consiguen datos. Siempre son fiables y concretos, pero nunca directamente comprobables.

Una funcionaria del INAU de Mercedes cuenta cómo niñas de 8 años se prostituyen con camioneros por 20 pesos. Una asistente social de Salto cuenta sobre toda una familia que vive de lo que saca una niña de 12 años prostituyéndose en campamentos de monteadores. El dueño de un prostíbulo en Soriano cuenta cómo niñas de 13 o 14 años que se prostituyen al costado de la ruta en San José le sacan clientes de paso, que prefieren seguir viaje y pagarles 50 pesos a ellas. Lo mismo en todo el país, incluso, claro, Montevideo. La nota de 2003 citaba casos en Minas, Soriano, Canelones, Paysandú, Durazno, Rivera y Cerro Largo.

Como en Río Branco, las autoridades tienen poco poder para intervenir. Los vecinos en general no se preocupan por el asunto, o directamente lo desconocen, ya que lo normal es que se produzca en los márgenes de la ciudad, y, a diferencia de los casos de Río Branco, con gente de paso. Los trabajadores sociales que manejan el tema en ONGs o instituciones oficiales contribuyen a la desinformación, negándose a dar datos, incluso datos abstractos y no personalizados, invocando la protección a los menores o su propia credibilidad.

Para Olga Abad, esta actitud "no es protección".

"A veces se dice que ya que el chico vivió el daño, es mejor protegerlo con herramientas terapéuticas, y ahí queda la cosa. Yo creo que esa no es la única opción, primero, porque habilita a que el agresor siga con la misma conducta porque no se lo expone públicamente, y por otro lado, es un mensaje clarísimo a nivel social: si a ti te ocurre ser víctima de un abuso sexual o violento, lo resolvemos entrecasa. Reconozco que el niño sufre un daño cuando cuenta su historia, pero creo que es un daño mayor el no hablar, el dejar que el niño piense que es culpable de algo".