Ya en el mes de diciembre de 1971, la poca transparencia del recuento electoral que se llevaba a cabo en el Cilindro Municipal, un recinto poco apropiado al que la malicia popular definía como lleno de duendes, espíritus y fantasmas, hizo que el escrutinio definitivo de los votos se transformara en el centro de la atención nacional. El jueves 30 de aquel mes, Wilson Ferreira Aldunate denunció en una conferencia de prensa (ver semanario Marcha del 7 de enero) que una campaña concertada "hacía aparecer al Partido Nacional como enfrascado en prácticas obstruccionistas", que la diferencia entre el Partido Colorado y el Nacional "era de sólo 8.523 votos", que la maniobra del "doble voto" habría favorecido al oficialismo "con no menos de 35.000 sufragios inexistentes" y que la Junta Electoral no actuaba como juez de las elecciones sino como "un comité político del Partido Colorado". Las acusaciones fueron gravísimas y a los ciudadanos blancos les trajo el recuerdo de la gesta nacionalista del 97, cuando Aparicio Saravia se levantó en armas enarbolando la bandera de la pureza del sufragio. No habían pasado ni veinticuatro horas de estas declaraciones, cuando un hecho sumamente irregular se produjo en el mismo escenario del Cilindro. Cuando los funcionarios encargados del conteo penetraron al local, rompiendo como era de rutina los precintos de las puertas, se encontraron sentados adentro a los delegados del Partido Nacional que habían hecho irrupción sin anular sellos ni eludir guardias ni violar los lugares de entrada, utilizando otra puerta exterior semitapada por un cartel de Coca Cola que carecía de guardias, llaves y lacres. La tan protegida virginidad del santuario donde se estaba dilucidando voto tras voto, quién sería el próximo Presidente de la República, había fracasado por completo. La situación fue grotesca pero al mismo tiempo tremendamente seria. Se interrumpió el escrutinio y se llevó el tema ante la Corte Electoral. Esta se reunió y decidió "que el hecho referido no revestía significación", ordenando continuar con el recuento. "Así, estas elecciones que no se olvidarán por muchos años, están dando frutos antes aún de determinar a quién corresponderá el próximo gobierno", escribía al respecto en una nota editorial de Marcha, el maestro Julio Castro, muerto años después, en un cuartel de la dictadura, según fuentes militares, "por excesos en el interrogatorio". Y continuaba. "Muchos años de lucha le costó al país el voto libre y secreto y hay que reconocer que lo había logrado plenamente. (...) Ahora todo está maculado. La elección fue sucia y tramposa en su preparación, en su propaganda, en el transcurso del acto electoral. La coacción oficialista descarada y prepotente. Lo que va del escrutinio, por lo menos, turbio. (...) Si se comprueba el fraude denunciado, al nacionalismo le habría sido estafada la elección. Pero pese a que el perjudicado sería todo el Partido Nacional, sólo el sector de Ferreira Aldunate es portavoz de la reclamación y la protesta. El otro sector –aliancismo, aguerrondismo y heberismo– no disimula su aprobación y aún su apoyo al resultado electoral que proclama el gobierno". Un detalle anecdótico reproducido por los diarios de aquellos días: las tirillas de los sobres correspondientes al circuito 802 –que funcionó en el Yacht Club–, aparecieron sin que nadie se explicara cómo, dentro de la urna del circuito 894, que había funcionado en un colegio católico ubicado en las calles Rossel y Rius y 4 de Julio. El delegado nacionalista Ciro Ciompi, quien había sido objeto de un atentado a balazos en su casa (ver nota anterior) luego que una llamada telefónica anónima le había advertido "blanco rata, vendepatria, si no te dejás de joder te vamos a limpiar" declaró que "el hecho de la aparición de las tirillas en otra parte no tenía explicación y tampoco había habido resolución. Nunca vi un escrutinio como éste con urnas que durante un mes permanecen sin lacrar. Denunciamos que durante treinta y dos días una puerta del Cilindro permaneció abierta y las autoridades nos dijeron que "pudo no haber pasado nada". Consultado por estos problemas y en especial por las anomalías de las listas casi idénticas que en algunos casos habían sido contabilizadas dos veces originando así más votos que votantes, el Presidente de la Corte Electoral Fernando Abdala, declaró a la prensa que para él "las listas no son iguales. Tienen un número que las distingue y además, la inscripción vigente y proyectado. (...) Entiendo que no hay motivo de protesta, los partidos interpondrán recursos y se verá qué sucede. Por mi parte, creo que en esta elección, no ha ocurrido ni más ni menos que en cualquiera de las otras realizadas".

La semana inmediata las cosas se agravaron más todavía, a raíz de una denuncia publicada por el semanario oficialista Tiempo y levantada por el diario Acción, que publicaba una foto del general Líber Seregni en el acto de penetrar al lugar de votación, según la leyenda explicativa "escoltado de dos guardaespaldas evadidos del Penal de Punta Carretas". Al día siguiente Seregni se presentó ante un Juez Letrado iniciando querella por difamación e injurias ya que las personas cuestionadas eran dos allegados. Pese a ello, algunos diarios tronaron anunciando que el líder del Frente Amplio sería pronto sometido a la Justicia Militar y a un Tribunal de Honor. Finalmente, nada de eso sucedió y quien sacó mayor rédito político del grueso error de información fue el diario frenteamplista El Eco, que publicó un enorme título en su portada con la sola palabra Bobitos y una larga nota titulada Record Mundial de la Bobera, en la que explicaba que quienes acompañaban a Seregni no eran los tupamaros Pérez Lutz y Cocco Pérez, como decía el diario del doctor Jorge Batlle, sino los secretarios de aquél, Osiris Carbajal y Carlos Batello. En esos mismos días, insistiendo en un tono combativo que semanas después elevó la ira del gobierno al punto de decretar su clausura, Federico Fasano, quien ejercía la dirección política del diario, había acusado a las personas que atentaron a balazos contra una residencia de Avenida Brasil creyendo que era la de Wilson (ver nota anterior), llenando su tapa con la foto del edificio baleado y sólo tres palabras: Fue la Jup.

Otro hecho entretenía los comentarios de los orientales en esos días finales de enero de 1972: el conocimiento público de que diez ediles habían viajado a Italia con viaje pagado y un viático de mil dólares cada uno, que pagó la Junta Departamental, para entregar un busto de José Enrique Rodó. Los viajeros fueron Domingo Pérez Roque (15), Heráclito Barreto (315), Juan Carlos Galván (315), Pedro Fernández (400), Amadeo Arévalo (aguerrondista), Juan Fígoli (aguerrondista), Carlos Aguerre Zanata (123), Graciano Iriberry (315), Luis Goncálvez (515) y Gumersindo Azambuya (315). La expedición no pudo cumplir con sus nobles propósitos ajenos por supuesto a todo espíritu turista, porque según las crónicas de la época, el busto del escritor fue extraviado en el camino y nunca se supo cómo. Escándalos como éste, que no fue el único ocurrido en el órgano deliberante municipal, precipitaron una intervención judicial que terminó con varios ediles presos y alguno fugado y fue detallada en otra Historia Coleccionable publicada en este suplemento el año pasado.

El 28 de enero no apareció el semanario Marcha, clausurado otra vez por el gobierno. El motivo de la sanción se justificaba en la reproducción de un artículo del diario brasileño O Estado de Sao Paulo en el que se describía cómo había sido pagado el rescate para liberar al cónsul Aloisio Díaz Gomide secuestrado por el MLN. De nada valió que se argumentara que este hecho había ocurrido exactamente un año atrás, el 3 de febrero de 1971. Marcha fue cerrada, pero el diario de San Pablo siguió circulando libremente por Montevideo. El pago por el diplomático había sido hecho por la señora Ivani Almeida, que estaba vestida de blanco según lo convenido y el abogado Marcos Ribeiro de Acevedo a un joven alto y rubio en la ciudad de Chuy, frente al Supermercado El Cairo. El dinero estaba en una bolsa de papel metido dentro de una bolsa de plástico con un mango rojo y había sido obtenido por la esposa de Díaz Gomide, María Aparecida, que a esos fines había recurrido a una colecta popular. Lo pedido por los secuestradores había sido en principio un millón de dólares, pero éstos al comprobar que no se había llegado a esa suma, aceptaron igual. Díaz Gomide fue liberado diecinueve días después. Como este relato le costó la clausura, Marcha tuvo que posponer un durísimo reportaje hecho por uno de sus redactores políticos, el hoy diputado socialista Guillermo Chifflet a Wilson Ferreira Aldunate. En una de sus partes más fuertes, el líder de Por la Patria contestaba la pregunta clave acerca de la existencia del fraude. "¿Qué quiere decir fraude? Vamos a analizar los hechos. En primer tiempo haría una lista sintética de esos hechos: la ley indica que las listas deben distinguirse y las listas se confunden; las autoridades entregan un formulario en el cual resulta imposible registrar sin error los resultados; la ley ordena envolver, cerrar cuidadosamente y lacrar las urnas y ese importantísimo requisito no se cumple; ordena además que las urnas sean custodiadas y aisladas con todas las garantías y no se adoptan las medidas correspondientes; se encuentra una entrada sin lacrar y algunas autoridades dicen que el hecho no tiene relevancia aunque las circunstancias demuestran que la tenía, no sólo porque los delegados nacionalistas llegaron hasta las urnas sin que se enterara la guardia y esperaron a las autoridades y el ingreso de los demás delegados tomando mate junto a ellas sino porque es lícito que esos delegados se pregunten: "¿no habrán entrado otros antes de nosotros?" Más, me atrevería a decir que es imposible que no hayan entrado otros. Si a todo esto se agrega que en numerosos circuitos aparecen más votos que votantes y que la maniobra pudo alcanzar a muchos más que la suma de votos dobles que se detectan (porque pudo haber sobres que incluyeran sólo la lista a la intendencia o únicamente la lista por el régimen vigente y en esas circunstancias la irregularidad en un circuito puede no aparecer); si se suman todos los hechos, la palabra fraude quizás no sea la que tenemos que emplear. Debe haber una palabra peor". Y al ser interrogado sobre el tema de la supuesta premeditación de los votos dobles respondió. "Es claro que fue así. El gobierno no tuvo la más mínima duda en cuanto a su triunfo en lo nacional. Pero partícipe en la "Operación Gallup", creyó en su propia operación y terminó abriendo las vías para impedir un posible triunfo del Frente Amplio en Montevideo. (...) "La caravana" (se refiere a la que hicieron por la capital los dos partidos tradicionales juntos) "nos hizo un daño a dos puntas. El ciudadano que estaba dispuesto a votarnos y sabía lo que ha significado el pachequismo, el ver la gente nuestra con el pachequismo se volcó hacia el Frente. Por otro lado cuando denunciamos la maniobra y nos opusimos a la caravana, algunas señoras horrorizadas se planteaban: "¿Pero cómo? ¿No están contra los comunistas?" Y eso las llevó a volcarse a Pacheco. ¿Comprende cómo en esa maniobra teníamos todo para perder?" Por su lado, el ex Presidente Bordaberry le declaró a Miguel Angel Campodónico en el libro Antes del silencio, "que luego de su derrota Wilson había quedado con cierta forma de desequilibrio" (pág. 71) y que se había entrevistado varias veces con él luego de las elecciones y nunca le había hablado de fraude.

El escamoteo que proclamaba Wilson nunca pudo ser probado. Por cierto que el Partido Nacional en pleno se solidarizó con Por la Patria al punto de hacer una denuncia ante el Juzgado Letrado de Instrucción de 5o turno, a cargo del doctor Díaz Romeu, luego de consultar a algunos de sus más distinguidos abogados, entre ellos, el doctor Aparicio Méndez, a quien luego las volteretas de la políticas llevaron a la Presidencia de la República, sustituyendo al doctor Alberto Demicheli, por designación de los generales que usurpaban el poder. La denuncia del presunto fraude electoral estuvo firmada por el diputado Alembert Vaz, el coronel Eduardo Malán, el profesor Juan Pivel Devoto el señor Gustavo Puig, el escribano Durán Mullins y el señor Juan Soñora y no ahorraba epítetos como "La estafa del siglo", "sucio proceso" o "el gran fraude". La reproducción del primer párrafo de ese escrito, da una idea de la indignación que sacudía en ese momento al Partido Nacional. "Antes que nada y como presupuesto de esta denuncia, queremos señalar al señor Juez el hecho público y notorio de que el proceso electoral de 1971 ha sido uno de los más irregulares y escandalosos de la historia de este siglo del país. En efecto, sabrá el señor Juez que el Directorio del Partido Nacional ha formulado ante la Corte Electoral la denuncia de gravísimas irregularidades en la elección y el escrutinio de Montevideo, tendientes a hacer prevalecer o hacer triunfar a un candidato o lema. Pero además se ha señalado –hecho que está debidamente probado– en ese documento histórico entre otras cosas gravísimas, el de que en buena parte de los circuitos de Montevideo, hay más votos que votantes".

El concepto de que se habían constatado más votos que votantes, doblemente subrayado en los últimos párrafos por responsabilidad del autor de estas notas, fue siempre el argumento fundamental para la presunción del fraude en las elecciones de 1971. De cualquier manera, aunque efectivamente alguien hubiera tenido esa intención, un extremo nunca demostrado, el tema central sigue siendo el saber si esos votantes de más fueron suficientes como para disminuir los resultados al punto de dar por triunfadores a Wilson Ferreira y Carlos Julio Pereyra. La diferencia final de botos entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, fue de 12.800 votos redondeados y la Corte siempre sustuvo que los votos que superaron a los votantes no se aproximaban de ninguna forma a esa cifra.

En febrero de 1972, la Corte Electoral confirmó oficialmente el triunfo del Partido Colorado y la elección de Juan María Bordaberry como Presidente de la República. El ex senador electo por el Partido Nacional luego de la coalición del herrerismo con el ruralismo (Bordaberry se consideraba en ese momento colorado ruralista) debía enfrentarse a un país irritado, radicalizado y con sus partidos políticos muy divididos. Los observadores políticos se preguntaban si el hecho de sacar más votos que los demás, significaban realmente un triunfo. El Partido Colorado que había conquistado cincuenta diputados en 1966, ahora tenía cuarenta y uno y de sus dieciséis senadores, le quedaban trece. Además, de las diez intendencias del 66 sólo había podido retener cinco. Es decir, había perdido doce legisladores y la mitad de los gobernantes municipales. Con un porcentaje de votantes directos que era menor al 23% y la mayor parte del espectro político en su contra no le iba a ser nada fácil a Bordaberry gobernar sin acuerdos. Con ese panorama partidario interno, sumado a un país que estaba anarquizado y jaqueado por la guerrilla, a la escasa concentración de poder en sus manos y a unas Fuerzas Armadas que cada día se mostraban más amenazantes, muchos calculaban que el porvenir de la legitimidad no iba a ser duradero. Es muy probable que en esos momentos en que la soledad del poder vuelve más dolorosas las reflexiones, el nuevo presidente se haya acordado de una conversación mantenida por su esposa con Pacheco Areco y que el propio Bordabery tuvo la deferencia de relatar en su casa a quien escribe estos recuerdos. La noche del acto pachequista que cerró la campaña electoral del 71, Bordaberry y su señora Josefina Herrán fueron a la residencia presidencial y en medio de la euforia reinante, la señora Herrán le dijo a Pacheco: "después de ver esa multitud, estoy convencida que usted va a ser reelecto". Y quien aún detentaba la Presidencia le respondió: "no señora, su esposo va a ser el próximo presidente. Pero va a tener que disolver las Cámaras". En ese momento Bordaberry recordó que su padre le había dicho que todos los presidentes de la República habían sido masones y dedujo que como estos no se enredan en Golpes de Estado, de pronto él había sido electo indirectamente para llevar a cabo ese hecho, por su condición de católico no masón.

Juan María Bordaberry asumió el 1º de marzo de 1972 y el mismo día, en su discurso ante el Parlamento, hubo incidentes entre legisladores, insultos y hasta amagues de golpes. El 27 de junio de 1973, a pocos meses de un desacato de las Fuerzas Armadas que tuvo lugar el 9 de febrero y que constituyó un Golpe de Estado de hecho, los militares, con la anuencia presidencial, derribaron las instituciones democráticas. No sería raro que desde su cargo de embajador, Jorge Pacheco Areco haya pensado: "¿Te acordás que te lo advertí, Juancho?"