El nuevo gobierno y un gran desafío

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FRANCISCO ROSENDE | DESDE SANTIAGO DE CHILE

El próximo 11 de marzo asumirá la Presidencia de Chile el economista y empresario Sebastián Piñera, quien triunfó en la segunda vuelta de las elecciones realizadas en enero pasado.

El programa de gobierno de Piñera apunta esencialmente a elevar la eficiencia global de la economía chilena, la que de acuerdo a diferentes estimaciones ha venido cayendo en forma sostenida durante la última década, condicionando así las posibilidades de crecimiento.

Un aspecto esencial dentro de la agenda económica de la "Coalición por el Cambio", que lidera Piñera, apunta a lograr un mejor uso de los recursos públicos, considerando que el alto precio del cobre registrado en la última década permitió una expansión sustancial del gasto fiscal. Así, la abundancia de recursos parece haber provocado algún grado de relajamiento en los estándares de evaluación de los correspondientes programas. Más aun, la combinación de un cuadro de holgura en las cuentas fiscales -gracias al alto precio del cobre- junto con un cuadro de incertidumbre macroeconómica ocasionada por la crisis internacional, llevó a un fuerte crecimiento del gasto fiscal -del orden de 18% el año pasado- que por su magnitud hace razonable suponer que contuvo márgenes de ineficiencia que será necesario revisar.

Cabe mencionar que, como consecuencia de esta fuerte expansión fiscal, el déficit del gobierno se elevó a un 4,5% del PIB, lo que involucra un alejamiento de la regla fiscal vigente, en tanto se observó un déficit -evaluado con una estimación de los ingresos de largo plazo- de un 0,9% del producto, en circunstancias que de acuerdo a dicha regla debió registrarse un equilibrio de las cuentas fiscales.

Un tema importante dentro de la agenda económica de los próximos años se refiere a la gestión de las empresas públicas, considerando que algunas de las más importantes, como Codelco, muestran un aumento importante de sus costos, lo que amenaza la competitividad de mediano plazo de éstas. Las autoridades económicas del gobierno saliente intentaron impulsar un mejoramiento en la eficiencia de este grupo de empresas durante su gestión, pero parece evidente que queda mucho por hacer en esta área.

El desafío que tienen por delante Piñera y su equipo económico es complejo. Se trata de reimpulsar la tasa de crecimiento de la economía y particularmente del empleo, en un contexto donde la oposición a su gobierno defenderá el mantenimiento de la red de políticas sociales impulsada por la presidenta Bachelet, la que involucra un importante compromiso de recursos fiscales para los próximos años. Por otro lado, parece poco razonable promover aumentos de la carga tributaria, considerando que uno de los objetivos prioritarios del nuevo gobierno es impulsar la iniciativa privada y el empleo. En definitiva, el fortalecimiento de la eficacia en el proceso de asignación de recursos es crucial para lograr las metas de crecimiento que el nuevo gobierno se ha planteado.

UN DESASTRE TERRIBLE. La complejidad de los desafíos que debía enfrentar la administración de Sebastián Piñera eran y son evidentes para los miembros de su equipo y los observadores especializados. Frente a estos, el gran activo que sustentó su triunfo electoral y que alimenta las expectativas de éxito de su gobierno, es la reconocida inteligencia y capacidad técnica del presidente electo, el que será apoyado en su gestión por un gabinete conformado por profesionales de reconocida capacidad. No obstante, a partir del 27 de febrero pasado, la complejidad del desafío se multiplicó.

En efecto, el violento terremoto que sacudió al país en la fecha mencionada, ocasionó una gran destrucción de infraestructura, viviendas y maquinarias. Así, no obstante que la compleja geología del país supone la incorporación habitual de consideraciones "antisísmicas" en la construcción, la fortaleza del movimiento sísmico superó la capacidad de respuesta de numerosas obras, incluso de modernas carreteras y edificios. La zona sur del país, esencialmente agrícola y que por varias décadas no se vio afectada por episodios de esta naturaleza, sufrió con fuerza los efectos del mismo, a lo que en el caso de algunas regiones costeras se añadió un importante tsunami.

Estimaciones preliminares dan cuenta de 500 mil viviendas destruidas, de daños significativos en el Sistema Interconectado Central, lo que ha mantenido sin electricidad a una parte importante del país; y de destrucción en hospitales y en los principales puertos del país.

Aun es prematuro establecer los costos económicos que involucra la recuperación de la infraestructura y maquinaria dañada por el terremoto. A modo de ilustración cabe mencionar que la empresa norteamericana Eqecat, especializada en desastres, ha realizado una primera estimación que sitúa las pérdidas en torno a US$ 20.000 millones, la que podría llegar incluso a los US$ 30.000 millones. El propio presidente electo ha hablado de pérdidas de un orden de magnitud parecida. Con el correr de los días será posible disponer de una estimación más precisa de la magnitud de los daños materiales ocasionados por el terremoto.

En el contexto actual, el desafío de lograr un eficaz uso de los recursos públicos parece imperioso. Más aun, considerando que será necesario sostener un crecimiento más fuerte del gasto fiscal en los próximos años que lo proyectado anteriormente, con el propósito de apoyar la reconstrucción de la infraestructura pública y de las viviendas sociales destruidas.

Para ilustrar el cuadro de estrechez de las finanzas públicas, cabe señalar que tras el fuerte aumento experimentado por el gasto fiscal el año 2009, el retorno a "la regla del balance (equilibrio) estructural" -durante el presente año- involucraba un aumento del orden de 3% en dicha partida. Ello en un contexto de fuerte caída de los ingresos tributarios del gobierno, como consecuencia de la contracción registrada por la actividad económica el año pasado.

Esta realidad hará necesario realizar ajustes en la mencionada regla fiscal, junto con la búsqueda de financiamiento para esta mayor expansión fiscal. Parece poco razonable sostener ésta en un aumento de impuestos, por lo que probablemente será necesario acudir al financiamiento externo, aprovechando que la sólida posición estructural de las cuentas fiscales permitiría acceder a dichos recursos a un costo relativamente bajo.

El terremoto de fines de febrero pasado plantea un desafío gigantesco para las nuevas autoridades chilenas, que deberán destinar una fracción significativa de su mandato a la reconstrucción del país, junto con el establecimiento de las bases necesarias para recuperar con fuerza el ritmo de crecimiento. Chile tiene los recursos y las instituciones como para salir adelante a la brevedad, confiamos en que el renovado liderazgo de un nuevo gobierno podrá conducir con éxito este proceso para dejar atrás la tragedia y acercarnos al desarrollo.