SERGIO ABREU

Economía & mercado

Se afirma por especialistas que el aumento del IPC durante los últimos doce meses obedece a causas complejas que comprenden aspectos coyunturales, situaciones estructurales y tendencias de la economía internacional. La lucha contra la inflación se ha instalado como la prioridad central del gobierno y de su equipo económico, y aunque pueda ser analizada en forma aislada no puede desvincularse de muchas variables tanto externas como internas que repercuten en forma diversa en la economía del país.

Crecimiento, inversión, política fiscal, distribución del ingreso, tipo de cambio, tasas de interés, deuda externa e inflación actúan en forma relacionada en búsqueda de lo que muchos llaman la estabilidad macroeconómica. Por eso se dice, que si se crece mucho aumenta la demanda; que si aumenta la demanda, aumentan los precios; que si la inflación se instala se perjudica a los sectores de menores ingresos. Es más, que todos los gobiernos -y en especial el nuestro- libran una desigual lucha entre la inflación y el tipo de cambio, y que siempre uno de los dos termina prevaleciendo sobre el otro.

De la misma forma, la política fiscal -es decir la relación entre ingresos y egresos públicos- actúa sobre el contexto económico en un permanente ejercicio de geometría variable. Para hablar en términos simples, así como en la economía doméstica no es aconsejable gastar más de lo que ingresa, tampoco lo es en la economía pública, porque el déficit resultante, o no se paga, o se paga con endeudamiento, o con emisión de dinero sin el debido respaldo.

El empresario, el trabajador, el ciudadano común (que somos todos) está percibiendo que el gobierno ha decidido recaudar como capitalista y gastar como socialista. ¿Qué quiere decir esto? Que la reforma tributaria que ha impulsado, le ha metido la mano en el bolsillo a la clase media y ha confundido (discúlpesenos la licencia económica) impuesto a la renta con impuesto a los ingresos. El contribuyente, que ya carga con la mochila de los tributos municipales (particularmente pesada en Montevideo luego de 20 años de administración frentista), siente sobre sus hombros el peso adicional del IRPF, el aporte al Fonasa y el aumento de los descuentos de los salarios de junio, derivado de la aplicación del IRPF a la suma del medio aguinaldo y el sueldo. Como consecuencia de esto, los trabajadores saltaron de franja y comenzaron a reclamar lo que tantas veces se advirtió desde el opacado Parlamento, cuya voz se apaga cada día más por la sordera omnímoda de las mayorías parlamentarias.

Frente a esta situación, el Pit-Cnt, ministros, ex ministros, legisladores, sectores y dirigentes del Frente Amplio han salido a reclamar una solución más flexible, la misma que se le planteó en la discusión parlamentaria por parte de la oposición y que demuestra que las críticas a la reforma tributaria tenían un sólido fundamento económico y social. Ya existe coincidencia en que el mínimo imponible debe aumentar y que las deducciones deben extenderse al núcleo familiar, entre otros ajustes.

Este desorden político no es ajeno a la desprolijidad de la conducción económica, que no sólo tiene marcha atrás sino que va y vuelve en función de las demandas internas de su fuerza política y de las presiones corporativas. Lo cierto es que la inflación no puede ser controlada; las previsiones del gobierno del 2007, del 2008 y 2009 son superiores a las proyectadas. Por otro lado, los salarios tienden a contenerse para evitar un efecto adicional inflacionario, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo y el natural descontento de la población. Dirigentes políticos hacen propuestas y comentarios aislados, y agudizada su "sensibilidad social" se preocupan por los salarios policiales, y hasta se propone -por parte de los ex guerrilleros-, que el salario de los soldados debería ser aumentado, aunque las fuerzas militares hayan sido responsables "de c … a palos" (sic José Mujica en Teledoce).

FESTIVAL VOLUNTARISTA. Todas estas propuestas parecen surgir de un festival voluntarista, con el agravante de que la Rendición de Cuentas en consideración en el Parlamento no sólo no ha contemplado estas inquietudes, sino que ha destinado millones de dólares a nuevos cargos de confianza política y a gastos corrientes de la Administración Pública. Es más, algún senador oficialista ha lanzado la idea de aplicar impuestos a los sectores agro-exportadores, con el argumento de que han elevado sus ganancias debido al precio internacional de sus productos. Parece que no se ha aprendido nada de la última crisis argentina.

Sin embargo, el gobierno cree que las soluciones pueden encontrarse recurriendo a la microeconomía, toqueteando la competencia cuando algunos precios despiertan la preocupación de la población. Ignora que los acuerdos entre el gobierno, productores y minoristas pueden funcionar transitoriamente para administrar la evolución de los precios de artículos básicos, pero no se puede esperar de ellos soluciones duraderas. Es así, que el incremento del IPC del último año se encaró como un fenómeno temporario asociado a eventos coyunturales, desconociendo la persistencia de la presión interna y externa sobre los precios, la incertidumbre de los factores externos, y fundamentalmente, la necesidad de cambiar la estrategia para preservar la estabilidad macroeconómica.

La verdad es que la macroeconomía y la microeconomía viven dependientes de la coyuntura y contaminadas de una permanente estrategia electoral.

El gasto público ha aumentado en forma exorbitante más allá del crecimiento (el Instituto de Economía estima en el 1% del PIB el déficit global al fin del período a diferencia del 0.4% proyectado por el gobierno); debemos más como país -en capital e intereses- aunque sea otra generación la que pagará la deuda, y nos hemos lanzado a un asistencialismo de emergencia que poco asiste, y en cambio desvirtúa los valores del trabajo y el esfuerzo personal. Es más, el Director de Planeamiento y Presupuesto en una expresión moderna de clientelismo político, ha reconocido sin mayor pudor que "si el Frente Amplio logra convertir sus planes de asistencia en votos, tiene asegurada la elección".

La verdad es que a mediano plazo, tenemos que prepararnos para un escenario internacional de precios altos de los combustibles y de los alimentos básicos, acompañados de cambios en el sistema financiero global y de una reorientación de la inversión extranjera hacia las grandes economías emergentes. En esas condiciones, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica requiere y requerirá decisiones políticas responsables a fin de sustraerse a la tentación que el carnaval electoral despierta en los que aúnan su condición de candidatos a su acceso a la Tesorería. Basta pensar que se produzca un fortalecimiento del dólar, que suban las tasas internacionales de interés o que los precios de algunos commodities bajen en el mercado, para enfrentarnos a un gasto público rígido y a ingresos variables que nos llevarán nuevamente a una crisis difícil de administrar, sobre todo cuando la deuda pública -aún reperfilada- deberá pagarse en los próximos años.

Los años que se avecinan no van a ser fáciles de administrar. El legado que el gobierno y su equipo económico dejará, será una compleja realidad cuya explicación siempre estará en culpas ajenas. Lo cierto es que la prolijidad de la presentación que se realiza en todo evento en que el gobierno participa, es inversamente proporcional a la inquietud creciente de los especialistas, y en especial de la población, que sin entender mucho de economía no se explica cómo no se guarda dinero en tiempo de "vacas gordas", para poder enfrentar los años de "vacas flacas". Máxime cuando el "Uruguay productivo" del que tanto se ha hablado, ha pasado a ser una etiqueta más de las tantas que la realidad se encarga de desdibujar. En su lugar se ha sustituido por una maraña de "subsidios cruzados" que no sólo han distorsionado la formación de los precios sino que desorientan al consumidor y al contribuyente que no sabe por qué paga lo que paga y a qué costos corresponde.

Por eso, una reflexión simple ayuda a entender mucho más que los sesudos informes de las consultoras que opinan no sólo de economía, sino también de las eventuales cualidades de los principales actores políticos.

No se trata de plantear escenarios apocalípticos pero sí de desnudar muchas de las circunstancias que incidirán sobre la marcha de nuestra economía. Mientras tanto el ciudadano común -que todavía no ha emigrado- continúa trabajando, con una mano en su bolsillo para defenderse de la voracidad fiscal, y con la otra en el picaporte de la reja de su casa para proteger su propiedad.