DANIEL ARTANA, DESDE BUENOS AIRES

Luego de superar la barrera de los 100 días del conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno por las retenciones móviles introducidas el pasado 11 de marzo finalmente el tema ha sido girado al Congreso de la Nación. La estrategia del Ejecutivo de que se vote por ratificar o no la controvertida norma podría ser ignorada por los legisladores en la búsqueda de un punto intermedio que podría normalizar la producción agropecuaria y los ingresos del fisco.

El gobierno argentino ha ido mutando en su defensa de las retenciones móviles a las exportaciones de trigo, maíz, girasol y soja (incluyendo harinas y aceites de los dos últimos), pero finalmente ha confesado su interés fiscal bajo la excusa de mejorar la distribución del ingreso.

Existen varios problemas en la argumentación oficial. Por ejemplo, las retenciones son un impuesto a la producción que al deprimir el precio de venta en el mercado interno también subsidian el consumo doméstico de los productos alcanzados. A diferencia del impuesto a las ganancias no reparan en los costos, con lo cual aparecía una primera paradoja: los más afectados eran los productores de mayores costos, presumiblemente los más pequeños y los más alejados de los puertos. Para ello, el gobierno propuso subsidios directos que los productores no confían en recibir dadas las demoras de la burocracia que los administra.

La recuperación argentina ha mejorado la situación de la mayoría de los sectores económicos. El impuesto a las ganancias trata a todos por igual, mientras que las retenciones caen en forma desmedida sobre el productor del campo. Por ejemplo, hay commodities industriales cuyo precio ha subido tanto desde el año 2002 como algunos granos y tienen 5% de retención en comparación con los cerca de 30 puntos que gravan al maíz y el trigo y los 45 puntos que alcanzan a la soja. Gravar a un sector en forma diferencial para dar subsidios universales que favorecen por igual a ricos y pobres es la antítesis de una política distributiva eficaz. Lo correcto es gravar igual a las ganancias de todos los sectores para dar subsidios focalizados en las familias de menores ingresos. Las dificultades para controlar a un sector tan atomizado como el campo podrían justificar algún nivel de retención pero no uno móvil y de la magnitud actual.

El conflicto con el campo traerá algunas consecuencias negativas sobre el desempeño de la economía argentina, aún cuando se encuentre una solución en el Congreso. Hay varios elementos que introducen mayor incertidumbre.

Por un lado, el poder del Ejecutivo ha sufrido algún deterioro. Los analistas políticos prevén que el gobierno puede perder las elecciones de senadores y diputados del año 2009. Aún cuando ello finalmente no ocurra, la posibilidad de un período de dos años (2009 a 2011) con disputas en el partido de gobierno acerca de quiénes representarán al oficialismo en las elecciones presidenciales del 2011 introduce un ruido que hasta el 10 de marzo no existía.

Por otro, prácticamente se ha perdido la oportunidad de enfrentar los problemas de la macroeconomía (inflación, desajuste de precios relativos, aumento explosivo del gasto público). Toda la energía de los actores políticos se ha gastado en resolver un conflicto innecesario; la dinámica electoral del 2009 hace que sea virtualmente imposible avanzar en decisiones "impopulares" desde fines de este año y hasta noviembre del próximo.

Finalmente, en la solución del conflicto es altamente probable que se deteriore el superávit primario de la Nación: el gobierno tratando de "comprar" adhesiones a su propuesta con nuevas obras y transferencias y varios gobernadores exigiendo coparticipar con las provincias el producido de las

retenciones, sin proponer reducción alguna de gastos nacionales.

Ese clima de mayor incertidumbre debería desacelerar la economía algo más de lo que naturalmente iba a suceder en el año 2009 al agotarse los márgenes que daban la capacidad ociosa y el alto desempleo. Es posible que mejore la situación en el mercado cambiario donde un menguado -por el conflicto- superávit comercial es superado por la fuga de capitales. Pero la mayor incertidumbre sugiere que la fuga de capitales se llevará una parte del resultado comercial normalizado y la compra de reservas del Banco Central se reducirá respecto de lo que ocurrió en la primera parte del año 2007 (luego de un período de normalización por las operaciones postergadas).

Por ello la economía argentina difícilmente crezca más del 4% el año próximo, aunque superaría el 2% de crecimiento si en el tercer trimestre se normaliza la actividad perdida en el segundo.