JULIO PREVE FOLLE

La semana pasada me referí al incremento del riesgo político derivado de anuncios del futuro ministro, así como de la promulgación de normas que, aunque aun no se han utilizado, confieren al MGAP la facultad de hacer prácticamente cualquier cosa con los precios y las cantidades, producidas o exportadas, de prácticamente cualquier rubro; en definitiva, de agregar incertidumbre a todos los negocios. Mis puntos de vista han sido confirmados hasta el paroxismo en el reportaje al futuro ministro que en la edición del jueves 21 publicó el semanario Búsqueda. Allí, en un delicioso viaje al pasado -un pasado de colas, escasez e inflación- el ministro electo repasó su voluntad de intervenir los rubros que hasta ahora lo estaban menos: arroz, cítricos, carne, leche, trigo. Quizás lo que hay que esperar de continuar este proceso, es lo que señala un graffiti de la rambla: "control de precios ya". El mismo refleja el pensamiento de algunos que, tirando por la borda nuestra experiencia histórica, creen posible operar sobre los precios sin hacerlo en las causas reales de la inflación, y sin considerar los efectos de cualquier control en la producción futura.

MÁS DECRETOS. El decreto que quiero comentar y que es fácil que se pase por alto es el 69/008, uno más en la lista de recientes medidas inútiles y fuertemente intervencionistas. En este caso se trata de obligar a declarar sus existencias a los que guardan productos hortifrutícolas en cámaras frigoríficas, con una periodicidad a establecer; a lo mejor todos los días, a lo mejor una vez al mes o al año, dependerá de la voluntad de la administración. Se trata de un decreto al que le caben todos los argumentos que en su momento hice contra el que estableció obligaciones equivalentes para los granos: arma para el intervencionismo, violación del derecho a la reserva, antesala del control del comercio exterior o de precios internos, etc.

En este caso se trata de un decreto más falluto, porque arranca en la necesidad de disponer de información fehaciente, algo aparentemente inocuo. Pero es falso. Técnicamente es indiscutible que la forma mejor de lograr información veraz no es precisamente a través de registros administrativos del tipo de las declaraciones juradas. Se apela a ellas a falta de adecuados marcos de muestreo, que son los que permiten recoger información de mayor calidad y preservando el anonimato. El MGAP tiene una oficina capacitada -la Dirección de Estadísticas Agropecuarias- para generar ese tipo de información en base a encuestas, con una frecuencia razonable.

SEGURIDAD ALIMENTARIA. Para una población que no tiene ninguna restricción en materia de oferta de alimentos, hablar de seguridad alimentaria en un decreto como lo hace éste sorprende. Es más; este concepto ha sido acuñado hace años por la FAO para referirse a países con problemas de hambre. Y cabe recordar que precisamente en su nombre desde siempre se han cometido todos los atropellos conocidos al comercio exportador en el que se inserta nuestro país. Aún hoy en la Ronda de Doha de la OMC, la seguridad alimentaria se esgrime como fundamento de las miles de excepciones a todo el sistema de reglas a favor del comercio. Pero el considerando dice algo más. No solo habla de la seguridad alimentaria, sino que se refiere a las políticas que en su nombre se viene impulsando. En este sentido, no debe haber ningún período de la historia reciente en que haya sido mayor la inseguridad alimentaria uruguaya en materia de frutas y hortalizas. Me explico. Como no se puede señalar que no hay oferta de alimentos, vayamos a los precios. Tomo los de cinco rubros importantes, y compararé los precios de hoy -enero del 2008 según INE- a los que había poco antes de asumir esta administración, en enero del 2005. La inflación en el período fue de 21%. Pues en el mismo lapso la papa aumentó un 250%; la cebolla un 300%; el tomate menos, un 11%, pero con picos como por ejemplo en noviembre del 250%; la manzana casi 200%. Es decir que la política actual que ha sido de encierro total a través de instrumentos que puso en funcionamiento la administración anterior, no hay nada nuevo, lleva a la peor inseguridad alimentaria que es la derivada de las fuertes oscilaciones típicas de estos productos, muy sensibles a variaciones climáticas, en ausencia de comercio. Dice el decreto que estas declaraciones juradas servirán para un diseño más eficiente de políticas públicas. Estaremos atentos, ya que por eficiencia parece entenderse un mejor uso de los mecanismos de encierro de que se dispone.

TRANSPARENCIA. Hay aquí otra afirmación falluta, cuando el decreto se refiere a la necesidad de más transparencia, justo en un sector en el que lo que es más notorio es la absoluta opacidad y falta de transparencia, a partir de la gestión de la administración anterior, gran responsable de la situación actual. En efecto es falta de transparencia utilizar el régimen de IVA para disfrazar un arancel. Y es el colmo de la ausencia de transparencia y, peor aún, de reflejo jurídico, utilizar la expedición de certificados sanitarios para administrar las importaciones conforme al interés de un par de listos como ocurre en toda la granja. Peor aún; si se siguen las declaraciones de los dirigentes gremiales se verá que piensan honradamente que la granja no está ni debe estar sometida a la competencia externa, y que está bien regular el comercio a través del abuso legal porque, es obvio señalarlo, no está permitido a la administración violar leyes y actuar fuera del marco vigente a partir de inventos sanitarios.

DESTRATADOS. Vamos muy probablemente hacia ciclos cada vez más pronunciados de escasez con altísimos precios, y sobreabundancia con quebranto de productores, lo típico en un esquema comercialmente carcelario. Si la política de encierro absoluto pretende ser más precisa en la cantidad para regular la oferta interna, no hará otra cosa más que contribuir a este proceso, que es un círculo vicioso difícil de abandonar, porque el discurso ha sido el de beneficiar a productores y consumidores. Los excesos de oferta no se podrán exportar y tirarán abajo los precios, ya que quien ha agraviado de modo permanente a países vecinos al prohibir ilegalmente importar, no puede pretender venderles; es casi imposible. Dicho de otra forma también, cualquier cambio técnico que genere aumentos de oferta contribuirá a la inestabilidad, convirtiendo así a la tecnología en enemiga de la granja.

En cambio, cuando falten productos la escasez la pagaremos todos, ya que nadie puede montar un negocio de importación, solo a partir de que un funcionario alguna vez le dé permiso para hacerlo no cajoneando permisos sanitarios.

En este escenario solo podemos esperar más escasez estacional, más problemas de precios, oscilaciones enormes derivadas de nuestro clima, en un continuo fluctuar sin cambio ni crecimiento.

Estos ciclos me recuerdan la tragedia de Sísifo, condenado a subir y bajar la montaña con la piedra al hombro que se caía siempre cerca de la cima, sin llegar jamás al objetivo; una vez y otra, un día y el siguiente, eternamente.