La reforma tributaria y los porteros

JULIO PREVE FOLLE

Hace algunos días y en un episodio mediático más de esta administración tributaria, los uruguayos asistimos perplejos a la amenaza, anticipada por el director de la DGI, del lanzamiento de una campaña para detectar rentas no declaradas, en este caso derivadas de alquileres en balnearios. Para ello anunció que visitaría viviendas, citaría a propietarios, y que haría lo propio con los porteros de edificios, para inquirir si están ofreciendo viviendas en arrendamiento. Desconozco si el resultado de la amenaza logró recaudar algún peso más, lo que seguramente fue el objetivo de las declaraciones. En cambio, con seguridad logró otros objetivos. El primero, contribuir a intensificar este ambiente de sociedad policíaca en el que vivimos, en el que todos los días jerarcas de diferentes reparticiones del Estado, amenazan con el trueno de sus inspecciones.

El segundo, agregar a la lista de opositores a la reforma otros grupos sociales: los propietarios del este, así alquilen o no sus viviendas, sus inquilinos, que tal vez deban recibir en sus vacaciones la visita de inspectores, y los porteros, convertidos ahora en enemigos públicos por el director de la Impositiva. Todo es una barbaridad.

POLICÍA ADMINISTRATIVA. No se trata solo de la propuesta increíble del MGAP de crear una policía administrativa para mantener vigilados a los funcionarios públicos hoy, quién sabe si mañana a los propios frentistas. El tema posee un alcance mayor; a partir de esta Administración en la sociedad se vienen introduciendo amenazas de las autoridades que generan el sentimiento de que todos estamos bajo sospecha, y que somos culpables hasta que se demuestre que somos inocentes. La sensación es que los ciudadanos comunes tenemos que estar preparados para recibir inspectores de la DGI, del BPS, de la Intendencia, para probar que tenemos todo en regla. Y esa sensación de miedo cuando suena el timbre, inaceptable en una sociedad democrática, procede de planteos como el del director de la DGI que debería cumplir con su deber sin anunciar sanciones y proferir amenazas. Yo entiendo que la inicua reforma tributaria, inicua también por el tipo de mecanismos policíacos que requiere para ponerse en práctica, supone controles. Pero es claro que la sociedad, origen y destino final de la reforma, debe ir apoyando, admitiendo paso a paso, el injusto, innecesario e inútil, pero gran cambio en el régimen de tributación.

En realidad ninguna reforma puede llevarse a la práctica con mínimas mayorías que la apoyan, y un creciente número de grupos sociales que no solo están en su contra sino que están dispuestos a resistirla. En este caso todos los propietarios señalarán que sus inquilinos son amigos que ocupan la casa de favor, y todos los porteros dirán que solo hacen lo que hacen. Como todo será incontrolable por más policía que se quiera, la Administración castigará a algunos y finalmente a lo mejor inventa fictos de ingresos por arrendamiento, como tantos otros fictos que requiere el impuesto a la renta por la imposibilidad obvia de controlarlo todo. Claro que así la renta, de real no tendrá casi nada; aunque entretanto la DGI sea algo cada vez más grande en dimensiones y poder.

REFORMA INICUA. Se ha escrito mucho sobre esta reforma. Era innecesaria y se convirtió, algo netamente instrumental, en un tema de debate político. La verdad que si es mejor un sistema tributario basado en impuestos directos o indirectos, en la renta real o presunta, en el consumo o en la renta personal, me parece un tema en el fondo bastante menor: pueden concebirse sistemas relativamente justos o injustos en todos los casos. En el actual se instalaron al menos dos temas muy graves para mí. El primero es el agravio a la familia. En efecto es muy grave que en el régimen actual no se reconozca la existencia de hijos, la constitución del núcleo familiar, en definitiva las deducciones necesarias para sacar adelante un país vacío, con apenas unos pocos habitantes. O que un padre de familia numerosa, exclusivamente con ingresos salariales o de honorarios, termine pagando más que un solterón dedicado a disfrutar de algunas rentas de alquileres o depósitos. Es indudablemente una barbaridad imposible de sostener.

El segundo es su complejidad. Agravian sus autores a la inteligencia de los uruguayos cuando afirman que el nuevo sistema es más sencillo solo porque se compone de menos impuestos, sin considerar como se liquidan los nuevos y sobre todo cómo se administran. Basta mirar el tamaño actual de la DGI, o los avisos en el "Gallito" pidiendo contadores, para advertir lo insólito de aquella afirmación. De esta complejidad lo peor es precisamente la necesidad de una feroz y cada vez más grande y profesional policía tributaria. Es la lógica del sistema, pero colabora a instaurar en la sociedad la denuncia, la inversión de la carga de la prueba, la sensación que todos somos culpables, etc. No puede ser así. Una sociedad en la que ser portero es motivo de sospecha de la comisión de delitos; una sociedad en la que ser propietario de viviendas es motivo para que alguien llame o incluso toque timbre para introducirse con estratagemas o amenazas en un hogar, una sociedad así está enferma. Más aún; dudo del marco jurídico que habilite a las actuaciones que se plantean. Por ejemplo, molestar a alguien en su hogar para averiguar si pagó impuestos o no sin orden judicial, probablemente no pueda hacerse, aunque es tal la transferencia de poder que se le ha conferido a la DGI, que no me extrañaría que alguna norma moderna le hubiera dado esta facultad.

EN CONTRA. En su contra están el Partido Nacional, el Partido Colorado, las asociaciones de jubilados, las asociaciones de profesionales, el colegio de abogados, de a ratos algunos sindicatos, la clase media, muchos padres de familia, algunas organizaciones sin fines de lucro, varios expertos incluso pertenecientes a las filas del gobierno, las asociaciones gremiales del agro, muchos exportadores, etc. Más aún; algunos especialistas han sostenido nada menos que su inconstitucionalidad. Se han presentado recursos por esta causa, y se anuncian varios mecanismos de recolección de firmas para su derogación, la que ya aparece en una plataforma política presentada por el presidente anterior y por el Presidente del Directorio del Partido Nacional. Todos sabemos además, que algunos partidos de la coalición de gobierno aprobaron la reforma a regañadientes, esperando su primer tropiezo para dejar al ministro de economía y su grupo como únicos responsables de la misma. Ahora se sumará a estos grupos el de los propietarios de viviendas y el de los porteros. No se advierte que la forma de resistir a un impuesto que se considera injusto va a encontrar siempre recovecos. Como ir a las inmobiliarias supone exponerse a una exacción que no se considera justa, proliferarán los "dateros", lugareños conocedores de oferentes y demandantes de alquileres. Y si las inmobiliarias se quejan de esta competencia de porteros y limpiadoras, debe ser porque agregan poco valor, ese que sí aportan en la compraventa que es difícil hagan otros.

IMPUESTOS INDIRECTOS. Los indirectos son humildes. No pretenden ser los más justos. Se sabe que quien más consume o más vende no es necesariamente quien más tiene o gana. Pero su administración es sencilla, no pretenden otra cosa que recaudar, son casi imposibles de evadir, no requieren demasiada policía -esto sí que es relevante- y su recaudación es bastante previsible. Y además se pueden devolver en la exportación -los directos no- lo que puede ayudar a la competitividad de la economía. En definitiva no presumen de justos pero muchas veces lo son en mayor medida que los directos por la forma de aplicación práctica de estos últimos, al menos en Uruguay, como lo estamos viendo. Por otra parte, discutir sobre la justicia tributaria sin referirse a su contracara que es la de la justicia del gasto público, parece al menos algo muy parcial.

Y en este tema del gasto ya el ministro de economía aclaró que el incremento previsto del 47% es para este gobierno un tema ético: el fuerte compromiso con los más desfavorecidos. Es decir que este lugar común de cualquier administración del planeta -el compromiso con los más pobres- es atendido con el compromiso de gastar más. Hay en este encadenamiento lógico un error sustancial, que es el que supone que la pobreza existente deriva de la falta de gasto público para resolverla lo que es falso, o que incrementando éste las cosas van a andar mejor.

Finalmente una precisión. Cuando se intenta justificar estas barbaridades como meterse en el hogar de la gente, o controlar porteros, o perseguir restoranes de tablones clavados con techos de hoja de palmera, se suele afirmar que todos debemos pagar algo, para que todos paguemos menos. Es un juego de palabras que no soporta el testeo de la realidad. Desde que lo vengo oyendo se puede traducir en que tenemos que gravar a más gente, aun a los que aportan monedas, para aumentar la recaudación general y gastar más, mucho más, porque la presión global no ha caído significativamente nunca. Para eso prefiero entonces un régimen tributario lo más neutro e impersonal, con la menor administración tributaria posible -una DGI chiquita y sin exposición mediática- y con una política de gastos públicos destinada a la compensación social; pero gastando bien, que no quiere decir gastando más.