Gonzalo Ramírez
Recientemente, el Estado a través de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), formalizó una propuesta de incremento salarial a los trabajadores médicos del sistema público, que en el plazo de dos años tendería a equiparar los salarios de estos trabajadores con los trabajadores médicos del sector mutual. Al momento de redactar éste artículo, desconocíamos el contenido concreto de la propuesta, mas allá de las declaraciones públicas realizadas por las autoridades de ASSE, en el sentido que los aumentos se realizarían escalonadamente en un plazo de dos años hasta llegar al 60 %.
Con relación a los salarios de los trabajadores del sector público, escribimos un artículo que fue publicado en el mes de abril del 2007 bajo el título "depredando los salarios médicos", en el que cuestionábamos el valor que el MSP le había asignado a la hora de los mencionados trabajadores, en un llamado público a 100 profesionales para implementar el servicio de Atención Primaria de Salud de ASSE, con un salario por demás exiguo.
Podían verse en la página web del MSP las bases del concurso para médicos, con una carga de 6 horas diarias de lunes a sábado, lo que hacía un total de 36 horas semanales y 155 horas mensuales. El salario propuesto ascendía a $ 10.800 nominales lo que correspondía a un salario líquido mensual de $ 8.194, nada más y nada menos que para los profesionales médicos que habrán de trabajar en un servicio definido, como eje del nuevo sistema de salud.
En aquella oportunidad, decíamos que si se comparaba el valor hora en el sector mutual con el valor hora que proponía el MSP para los médicos del nuevo sistema de Atención Primaria, resultaba que este último era cinco veces menor.
Pasaron diez meses y a principios de año se puso en funcionamiento el nuevo sistema nacional integrado de salud -SNIS- sin que se hayan eliminado las asimetrías existentes entre trabajadores públicos y privados, tanto a nivel médico como no médico.
En el ínterin se aprobó la ley de creación de ASSE (18.161) como servicio descentralizado, cuyo objetivo primordial será prestar servicios integrales de salud en régimen de competencia con las mutualistas privadas en un "supuesto pie de igualdad", lo que le ha valido a ASSE el calificativo de ser la "gran mutualista pública o la mutualista del Estado".
Así lo confirmaba el senador Víctor Vaillant, declarando públicamente el 17/7/2007, que: "ASSE competirá ahora con los prestadores privados, y que deberá aumentar su eficiencia para captar más usuarios".
La competencia empezó el 1º de enero de 2008 con la incorporación de más de 430.000 menores de 18 años y discapacitados -según cifras oficiales- al SNIS, a los que deben sumarse los jubilados no dependientes con ingresos menores a $ 4.090, los dependientes con ingresos menores a $ 4.430 y todos los que pasen a retiro a partir del 1º de enero.
Por esa razón, desde mediados de diciembre, los medios de comunicación se han visto invadidos por una intensa campaña publicitaria en la cual las mutualistas más importantes del país, tratan de captar el mayor número de afiliados. Sorprendentemente, ASSE -la mutualista del Estado- no se encuentra realizando ninguna gestión publicitaria tendiente a ofrecer sus servicios a los más de 500.000 nuevos usuarios del SNIS, lo cual nos hace reflexionar sobre la verdadera intención de competir por parte de ASSE. Seguramente, sus autoridades son conscientes de las carencias existentes en el sistema público de salud, y por eso decidieron no competir por la captación de 500.000 afiliados que habrían de optar por las mutualistas y seguros privados, independientemente de los esfuerzos que pudieran realizarse en una campaña publicitaria.
Personalmente, creemos que se cometió un grueso error al adelantar la puesta en funcionamiento del SNIS, sin que uno de los principales actores, en teoría, estuviera en condiciones de prestar sus servicios conforme a los objetivos que el gobierno se había fijado. En efecto, las autoridades ministeriales correspondientes manifestaron en reiteradas ocasiones, que la primera etapa del SNIS consistiría en fortalecer el sistema público dotándolo de los recursos necesarios para competir en un pie de igualdad con los prestadores privados.
Sin embargo, hasta hoy la mutualista del Estado otorga grandes ventajas a sus competidores, tanto en materia de infraestructura como de recursos humanos, sencillamente porque las inversiones en equipamiento y el gasto en salarios son sensiblemente inferiores a los del sector privado.
Frente a esta situación, advertimos que la prematura puesta en funcionamiento del sistema de salud, puede causar un efecto no deseado por las autoridades, desencadenando un vaciamiento de los servicios de salud del Estado. Si como prevemos, el millón trescientas mil personas que hasta hace pocos meses se atendían en Salud Pública, migran hacia el sector privado, la consecuencia es la privatización de la asistencia. No cuestionamos este resultado en cuanto puede ser más beneficioso para los usuarios, pero advertimos la grave contradicción que ello significa con relación a los objetivos de la reforma.
LA PRIMERA RAZÓN. A nuestro juicio, las autoridades ministeriales y los jerarcas de ASSE, no han considerado que la falta de equiparación salarial entre los trabajadores públicos y privados y las carencias en infraestructura de la "mutualista del Estado", pueden herirla de muerte a pocos meses de su concepción.
Adviértase, que si el sistema privado atendía a diciembre de 2006 -según cifras oficiales del Sinadi- 1.450.000 personas y en pocos meses esta cifra aumentará a 2.000.000 de usuarios, necesariamente se generará una creciente demanda de mano de obra en el sector privado.
Valiéndose de los recursos que las mutualistas privadas recibirán del Fonasa por los nuevos usuarios y ante la pasividad del competidor público, que prevé equiparar los salarios médicos en forma escalonada recién para fines de 2009 y que al día de la fecha revela una desidia alarmante a la hora de competir, nos atrevemos a aventurar que detrás de los nuevos usuarios que migrarán hacia las mutualistas, partirá de ASSE un grupo importante de trabajadores. Si nos guiamos por el sentido común y las reglas naturales del mercado laboral, ASSE habrá de perder una parte muy importante -cualitativa y cuantitativamente- de sus recursos humanos, lo que habrá de incrementarse a medida que el SNIS vaya incorporando a nuevos usuarios.
Como base de este análisis debe considerarse un elemento adicional de gran trascendencia, y es que los trabajadores técnicos y no técnicos del sector público vienen manifestando desde hace ya tiempo, su disconformidad por las pésimas condiciones en las cuales deben prestar sus servicios en los hospitales del Estado. Si a ello le sumamos una oferta laboral económicamente mas atractiva en el sector privado, razonablemente la mayoría de los trabajadores debería aceptar un nuevo trabajo en este sector o simplemente un incremento de las horas de servicio.
De más está decir, que el sector privado optará por los trabajadores mas capacitados del mercado, quedando la "mutualista del Estado", como ya dijimos, gravemente herida.
Por ejemplo, en los próximos días el sector privado habrá de recibir más de 200.000 nuevos usuarios menores de 18 años provenientes del sector público, ya que según cifras del Sinadi, a diciembre de 2006 las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC) ya atendían a 230.000 menores de 19 años. En consecuencia, la demanda de las mutualistas por los servicios de trabajadores técnicos especializados en la atención de los menores de edad, tendrá un impacto enorme en el mercado laboral y especialmente en ASSE.
LA SEGUNDA RAZÓN. Además de las razones de naturaleza empresarial que justifican un rápido incremento de los salarios en el sector público, no puede perderse de vista que la condición de competidor en el mercado de la salud que el Estado le atribuyó a ASSE, impone necesariamente que ésta se rija por las reglas que el gobierno estableció en materia de fijación de salarios. Si bien formalmente los trabajadores del sector público no deben fijar sus salarios conforme a los laudos que los Consejos de Salarios establecieron para el sector privado, no existe una sola razón para que este servicio descentralizado denominado ASSE, abone a sus trabajadores una remuneración inferior a la que los trabajadores de igual categoría perciben en el sector privado.
No sería realista pensar que el PIT CNT se vaya a apartar del principio tantas veces invocado por dicha organización, que reza "a igual tarea igual remuneración", tolerando las mencionadas asimetrías salariales.
Como dijimos en el artículo publicado en el mes de abril de 2007, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948 se consagró que "toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual", principio que fue reiterado en la Carta Internacional de Garantías Sociales de la OEA y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1966. Este principio laboral es además fuente inspiradora de los principios de justicia perseguidos por la Ley de Consejos de Salarios y se encuentra sin duda entre los objetivos abrazados por los sindicatos de trabajadores y por el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Adicionalmente, las reglas elementales de la competencia, imponen que el Estado compita lealmente con las mutualistas pagando como mínimo los salarios establecidos por los Consejos de Salarios. De lo contrario, el propio Estado se valdría de una ventaja competitiva emanada del ordenamiento jurídico vigente, que impondría a sus competidores directos pagar mínimos salariales mucho más altos que los suyos.
Por último, sería bueno saber dónde se van a asistir los menores que están bajo la tutela del Estado (INAU), no sea cosa que les toque en "suerte" ser los únicos niños que "optan" por ASSE.