JAVIER DE HAEDO

Nuestra dirigencia política, en general, carece de convicciones liberales en materia económica y en ese sentido creo que representa bien a la población.

Eso se manifiesta en una tendencia del gobernante a pretender intervenir en asuntos que no deberían ser materia pública y, aún en el caso en que se admitiera que lo fueran, a hacerlo de un modo poco estudiado, sin evaluar costos y beneficios, como "cobrando al grito de la tribuna", pretendiendo quedar simpáticos con una mayoría que no se expresa pero de la que presume sus preferencias. Y, posiblemente, la presunción sea acertada, lo que no hace buena una mala idea.

Esta tendencia, que podemos llamar "voluntarista", no es de ahora, sino que en nuestro país se arrastra desde tiempo inmemorial. A mediados del siglo pasado, siguiendo la moda en el continente, esa era la norma y fue llevada al extremo mediante prohibiciones de importar, o cupos para hacerlo; precios controlados, especialmente los de artículos de la llamada "canasta básica"; tipos de cambio específicos por producto o sector de actividad y según fuera para exportar o importar; impuestos "finalistas" que generaban los efectos opuestos a los buscados (algo típico del voluntarismo); detracciones sobre las exportaciones. Ese tiempo no tuvo futuro, fracasó: condujo al estancamiento, a la escasez, a productos de mala calidad, a la inflación, a la lucha por distribuir lo que no se producía, a la emigración.

Hoy, este tipo de iniciativas es más la excepción que la norma, pero cuando aparecen rompen los ojos, precisamente por ser excepcionales. Y han empezado a aparecer con una intensidad mayor a la habitual. La situación sería aún peor, si no fuera porque suelen encontrar un obstáculo en la conducción económica. Además, porque los vientos que soplan desde fuera son excepcionalmente favorables y atenúan los efectos de los errores que se cometen, al generar márgenes. Márgenes que deberíamos utilizar para superarnos en vez de para compensar o financiar errores.

Así, ante el aumento de algunos precios de bienes exportables como consecuencia directa del aumento de sus precios internacionales, surgieron las ideas de imponerles detracciones y de controlar sus precios internos. Mientras tanto, se mantienen regulados otros mercados cuyos precios son altos y también han subido, aún cuando el sustento de las regulaciones fue derrumbado por las mismas autoridades que las mantienen.

Si se considera que es esencial el acceso a determinados bienes por parte de la población con menores ingresos, deben votarse recursos presupuestales para volcarlos directamente a la población objetivo de modo de mejorar su ingreso, lo que se está haciendo. Si se desea que esa población objetivo reciba directamente los bienes considerados esenciales, aunque este camino no es el mejor, se puede dedicar los recursos presupuestales a adquirir esos bienes en el mercado y distribuirlos de algún modo entre aquélla. Pero lo que no se debe hacer es distorsionar el precio de esos bienes, ya que en una economía de mercado los precios trasmiten información a quienes deciden invertir en su producción. Además, porque si se topeara el precio también lo pagarían más bajo quienes no lo necesitan.

En Argentina hay ejemplos, como el de la carne, sobre cómo este tipo de distorsión ha implicado caídas en la producción: mientras que en Uruguay y Brasil los precios al productor recorren el mismo camino que el precio internacional, en Argentina están congelados, desde hace varios meses, en el mismo precio en dólares, a su vez, con el dólar congelado. Lo único que no ha estado congelado en Argentina es la tasa de la detracción a la exportación de carne, que ha subido junto al precio internacional, para que los consumidores sigan comprando la carne al mismo precio y para que, de paso, el IPK muestre menos crecimiento. Hasta se llegó a prohibir, transitoriamente, la exportación de carne. La consecuencia ha sido la pérdida de producción de carne, ya que con ese impuesto ha perdido condiciones frente a otros rubros. Es claro que algunos de esos otros rubros también son objeto de detracciones y ello ha dado lugar a la "exportación" de productores argentinos hacia nuestro país, lo que nos ha venido muy bien, ya que han traído capital de trabajo y know how, y han contribuido a un crecimiento extraordinario de nuestra productividad y producción, en detrimento de la argentina.

Como parte natural de ese proceso, los extranjeros están comprando tierra en Uruguay. Los argentinos por la razón expuesta y los que provienen de otras partes del globo, porque nos han empezado a descubrir y encuentran todavía bajos nuestros precios. En algunos casos también compran empresas que se dedican a procesar los bienes exportables, e invierten en ellas. Y en otros casos, las construyen.

El presidente Vázquez dijo recientemente en Vietnam, que en Uruguay no hacemos diferencias entre uruguayos y no uruguayos a la hora de recibir inversiones. Sin embargo, no parece ser ese el espíritu de algunos funcionarios y legisladores, que no se cansan de dar señales en el sentido contrario.

Así, el mismo día que el Presidente decía lo anterior, uno de sus ministros se quejaba de que los empresarios locales no tuvieran el espíritu necesario como para seguir empujando a las empresas que heredaron de sus padres y dieran paso a extranjeros, que las compraban, por lo que se corría el riesgo de que éstos se asociaran de algún modo para expoliar a los productores locales.

Entre las "soluciones" planteadas se habló de que los productores tuvieran su propio frigorífico y de que habrá "que inventar los mecanismos" para evitar semejantes eventuales atropellos. Sin entrar a analizar las consideraciones obviamente legítimas y seguramente bien fundadas que los empresarios locales tienen para vender sus empresas (en definitiva son suyas y, aunque magullado, todavía existe el derecho de propiedad), resulta claro que en nuestro país existen "mecanismos" para prevenir la colusión en una industria o en un sector cualquiera, claro está, excepto en el caso de las actividades industriales y comerciales que el Estado realiza en forma monopólica. Además, para el caso concreto de la carne, está el instrumento de la exportación de ganado en pie, que es una garantía para los productores. Esto, sin entrar a considerar los incentivos que existen por pagar el mejor precio posible por la carne, cuando hay interesantes usos alternativos para la tierra.

Pero lo peor se ha dado (ya no se trata de ideas o amenazas sino de hechos) en materia de tierras. Quienes se oponen a la propiedad de la tierra por parte de no uruguayos aún no lo han logrado, pero lo han vuelto más complicado. Hasta ahora consiguieron que el propietario (uruguayo o no) se deba identificar, y no se permite que una sociedad anónima con acciones al portador posea tierra, salvo excepciones (lo que resulta injusto), que por otra parte no se han otorgado. Encima de eso, se ha aumentado el costo de las transacciones acumulando tributos y regulaciones con el propósito de que el Estado, principal latifundista del país, termine apropiándose de mayores extensiones de tierra.

La situación se lleva al extremo con una ley recientemente aprobada, por iniciativa de la oposición, y que se anuncia será corregida, por la que el Instituto Nacional de Colonización puede adquirir hasta un quinto de la superficie que se pretende vender, entre particulares, cuando ella supera las 1.500 hectáreas de índice Coneat 100. También, cuando funcionarios hablan de un "modelo de desarrollo forestal" que no es ley pero en función del cual se dice a los propietarios de tierra y a los que quieren serlo, lo que pueden hacer con ella y lo que no.

A propósito de "colonización", cabe preguntarse si el viejo esquema, de 1948, mantiene sentido hoy, en un contexto en el cual la tierra se ha valorizado y requiere de crecientes inversiones, por lo que el mero acceso a la tierra ya no representa lo que representaba otrora.

Estas ideas surgen de gobernantes que salen de la población. Por lo que, en definitiva, las ideas salen de la población, la que en general lo espera todo del Estado, reniega de las libertades económicas y pretende seguir en 1950. Quizá los viajes a países remotos, en los que mucho se ha avanzado, sirvan para importar ideas más modernas. Y que los dirigentes políticos "representen" menos y lideren más, guiando a sus representados en lugar de tan sólo ponerse delante de ellos y caminar en su misma dirección.