Otra persona pública no estatal

Julio Preve Folle

Se ha dado a conocer el proyecto de la nueva ley de lechería elaborado por el MGAP, el que entre su exposición de motivos y su articulado refleja la visión que sobre este sector posee el ministerio. Se trata de una visión corporativista que declara por ley un conjunto de obviedades de imposible oposición, y que no contribuye en casi nada al tema siempre postergado de la rediscusión de toda la profusa regulación de la lechería, la que se mantiene e incrementa. Solo se anuncia que algún día terminará la cuota de muerte natural, y se sustituye la prohibición lisa y llana de participar en el mercado interno de leche pasteurizada de nuevas empresas hoy vigente (art. 2 ley de lechería) por una habilitación administrativa.

REGULACIONES VIEJAS. Como se sabe, en este sector de modo bien diferente al de casi todos los demás, todo está regulado: existen precios administrados, prohibición de hecho de instalación de nuevas empresas, gravámenes para exportar leche en estado natural, dificultades prácticas para la importación de lácteos, subsidios a la industria costeados por el consumidor, reparto de mercado interno de leche pasteurizada, etc. A estas regulaciones de siempre se agregó en la administración anterior el FFAL (Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera), que transfirió deudas de los tamberos a la sociedad en su conjunto. Este tipo de creaciones tiende a perpetuarse en el tiempo, lo que ya ocurrió con esta administración que no solo lo reiteró sino que convirtió su gestión en otra persona pública no estatal, bajo el pretexto de todas de zafar a las rigideces de la administración pública. Peor aún este FFAL II que, queriendo sacarse de encima el agravio de que todos lo pagáramos a través del sachet, hizo algo parecido aunque más indirecto: al gravar también los productos lácteos importados, posibilitó que estos y los nacionales trasladen el aporte a efectuar al Fondo, al precio de venta resultando así que, otra vez, pagamos todos. Por si todo esto fuera poco -nueva transferencia del consumidor, creación de una traba no arancelaria, fundación de otro ente paraestatal- al haberse reducido significativamente el endeudamiento sectorial, el segundo FFAL se convierte de hecho en un crédito obligatorio para todo el sector, que recibe dinero que luego se repagará a través de un impuesto. En definitiva, una profundización del paternalismo estatal que no engendra productores lúcidos, maduros, sino eficaces lobbistas.

OTRO Ente ParaESTATAL. Como esta administración ha expresado un peculiar interés en la lechería, acudí al proyecto de ley que se denomina de política lechera con una gran curiosidad. ¿Estaría allí alguna forma de desregulación? ¿Incluiría tal vez alguna devolución de libertad que al sector le fue arrebatando toda la legislación? ¿Terminaría con los subsidios, al menos los disfrazados haciéndolos explícitos? ¿Incluiría alguna disposición nueva de promoción de desarrollo? Nada de eso; siguen las regulaciones, sigue la fijación de precios, sobreabundan las expresiones de deseos. Qué me encontré. Al leerlo no lo podía creer: otra persona pública no estatal, el Inavi de la leche. Debo confesar que mi sorpresa se agiganta al considerar las expresiones que sobre este tipo de creaciones ha manifestado el MGAP. Más de una vez el propio ministro ha mostrado su dificultad respecto de la independencia de todos estos institutos, como también por el uso de sus fondos. Por ejemplo hace aproximadamente un año, luego de una visita a INAC realizó duras declaraciones que fueran celebradas en estas columnas como una oportunidad no de emparejar los sueldos de todos (funcionarios del MGAP y de los entes paraestatales) hacia abajo, sino para revisar la lógica corporativista que recogen. "El reto que lanzó el ministro" se llamaba un artículo que escribí hace exactamente un año, recogiendo el desafío de la rediscusión de esas instituciones con cuyo diseño -inconstitucional, según el Dr. Ramírez- siempre he discrepado. Pues bien, en apenas un año el MGAP nos propone dos más.

CORPORATIVISMO CRIOLLO. Es este una especie más benigna del mal universalmente combatido. Se trata de una corriente que piensa no sin cierta ingenuidad, que hacer política sectorial es sentar en la misma mesa a todos los actores para que se pongan de acuerdo bajo la mirada atenta de los representantes del gobierno. Creen que cuanto más grande la convocatoria mejor. Y así se juntan, según el caso, representantes de empresarios, de trabajadores, de ministerios, de intendencias, repitiendo en cada instituto los mecanismos de que ya dispone con una legitimidad mayor la democracia representativa. Así se colabora a la confusión de roles de lo público y lo privado, resultando institutos que juzgan sanciones a sus propios directivos, o que sientan a hablar de negocios a empresarios y empleados públicos. Como corolario los sectores sueñan con hacer su propia política sin vínculo necesario con el interés general; esto sobre todo porque jamás se sienta en esa mesa el consumidor. Así, cuando se juntan granjeros e importadores de frutas y verduras acuerdan precios que fusilan a la gente, o lo mismo en el vino; y funcionarios terminan proponiendo negocios cárnicos, o empresarios estableciendo fiscalizaciones a ellos mismos, impidiendo la competencia legítima, parando importaciones, etc. En verdad nada asegura, más bien es al contrario, que "del rejunte" de representantes corporativos salga una política sectorial de calidad, alineada con la política general y orientada al bien común y no al particular de las corporaciones.

Fuera de esto queda un conjunto de ideas generales de promoción, estímulo, asesoramiento, que no requieren esta creación institucional, y curiosidades como por ejemplo cuidar "la amenaza creciente de extranjerización", o fijar como objetivo de la política nada menos que el incremento del área lechera (art. 20). Hay otras cosas que pueden ser graves como la obligación de proporcionar información que en este caso es darla a la competencia, o la sustitución del destino de la tasa del LATU (art. 15) para derivar los recursos a este nuevo engendro.

Volveré sobre este tema si progresa aunque con cierto agobio, porque durante muchos años resistí la conversión de la Junta de la Leche en el Inavi de la leche, pasando de algo asesor sin injerencia en las políticas a esto. Y en los que tengo de vida leí proyectos análogos para la granja, la miel, la pesca, la sanidad animal y vegetal, la leche, entre otros. Es el sueño de hacer política sectorial con fondos públicos para fines privados; o el de hacer política oficial pero tomando atajos en la gestión de los recursos. Ojalá vaya esta iniciativa a algún cajón perdido. Por el bien de todos.