Marisa Bucheli: Incumplimiento de transferencias

—¿Cuál es el grado de cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias de parte de los padres que no viven con sus hijos?

—El objetivo de la pensión alimenticia, que puede hacerse en dinero o en especie, es que el progenitor aporte a la manutención del hijo y, por tanto, al bienestar del hogar en donde el menor está viviendo. En la mayoría de los países que disponen de información estadística al respecto, es habitual que se planteen problemas por el incumplimiento del aporte económico que debe hacer el padre para mantener a sus hijos, incluso cuando esa obligación deriva de una sentencia judicial. Como en Uruguay no se cuenta con estadísticas administrativas adecuadas sobre este tema, hicimos una muestra con mujeres de 25 a 54 años, a las que se les preguntó sobre el monto y la frecuencia con que sus hijos recibían la pensión alimenticia. El resultado del estudio reveló un alto grado de incumplimiento, ya que el 58% de los padres divorciados o separados no realiza ninguna transferencia al hogar en el que vive su hijo o hijos, siendo una cifra similar a la que se registra en el resto del mundo.

—¿De qué factores depende el cumplimiento o no del pago de la pensión alimenticia al hijo o hijos no corresidentes?

—Hay dos variables decisivas para explicarlo. La estimación sugiere que la probabilidad de que el padre realice una transferencia aumenta proporcionalmente a cada año de convivencia que tuvo la pareja. Asimismo, esa probabilidad crece con el nivel educativo del padre.

—¿Qué sucede con las transferencias a los hijos cuando cualquiera de los progenitores entra en una nueva unión de pareja?

—En esos casos disminuye el contacto con los hijos, pero no hay una evidencia muy robusta en Uruguay de que varíe el grado de cumplimiento en el pago de la pensión alimenticia.

—¿Qué vinculación existe entre las transferencias y los contactos entre el hijo y el padre que no vive en el hogar?

—La información sugiere que la probabilidad de realizar transferencias está asociada con la frecuencia de contactos entre padres e hijos. Mientras que el 73% de los hijos que mantiene una alta frecuencia de visitas recibe una transferencia regular, el 92% que no tiene contacto con su padre tampoco recibe transferencias regulares.

—¿A qué razones obedece la frecuencia de las visitas del padre al hijo no corresidente?

—Las variables explicativas del cumplimiento o no de las transferencias —duración de la convivencia de la pareja y nivel educativo del padre— lo son también para el caso de los contactos. Asimismo, tienen incidencia en la frecuencia de las visitas los parámetros asociados con las características individuales de los hijos o de los padres. La probabilidad de una frecuencia alta de contactos disminuye con la edad de los hijos o cuando el padre tiene una nueva pareja. Además, cuanto mayor es la edad de los hijos, más incidencia tiene la voluntad de estos en la decisión de las visitas.

—¿En qué grado las transferencias a los hijos dependen de que estos hayan nacido de una pareja que estaba unida legalmente?

—Este tema está en la discusión académica uruguaya ya que existe la idea de que el casamiento legal ampara más a los hijos. Sin embargo, en nuestro trabajo no encontramos evidencias de que el tipo de vínculo que unía a los progenitores (casamiento legal o unión consensual) tenga impacto en la probabilidad de que el padre realice transferencias o en la frecuencia de los contactos. Los resultados obtenidos indican que el no pago de la pensión alimenticia se da en la misma proporción tanto para padres que estuvieron casados con la madre del niño como para los que estuvieron vinculados mediante una unión libre. Cabe aclarar que se tomaron en cuenta los casos de parejas que convivieron un mínimo de seis meses, ya que la gran mayoría de los niños que nacen en Uruguay pertenecen a parejas relativamente estables.

La economista Marisa Bucheli, uruguaya, es egresada de la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad de la República. Obtuvo una maestría en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil). Se desempeña como coordinadora del Area de Economía Laboral del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Asimismo, es consultora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en materia económica.