La totalidad de los más de 153.000 uruguayos que las autoridades argentinas tienen registrados como residentes en ese país se verían habilitados a regularizar sus documentos si prospera una iniciativa que tiene en análisis el gobierno del presidente Néstor Kirchner.
La medida comprendería a todos los extranjeros procedentes de países limítrofes que son miembros plenos o asociados al Mercosur que alcanzarían una cifra cercana a los 700.000, informó en su edición de ayer el diario La Nación.
El plan tendría como objetivo instrumentar una simplificación del trámite de obtención del documento por parte de los extranjeros procedentes de países del Mercosur.
Es que, asimismo, se encuentra vigente una nueva legislación del bloque regional, que ordena reconocer el ingreso de extranjeros en los países miembros con la sola condición de ser ciudadanos del bloque regional.
Según la publicación, estos requisitos resultan rigurosos pero en adelante los inmigrantes sólo deberían presentar un certificado de salud y otro que demuestre que no tienen antecedentes policiales o penales en Argentina o el exterior.
Si cumplen con estas condiciones los aspirantes a lograr la residencia la obtendrán por el término de un año, prorrogable por otro más. Si luego de ese período acreditan tener medios de vida —como es el caso de un empleo formal—, se podría obtener la residencia permanente y con ello, si se lo desea, iniciar el trámite de ciudadanía y adquirir todos los derechos para poder sufragar.
SUSPENSION. De acuerdo con los datos que maneja la publicación argentina, hasta tanto se ponga en marcha el nuevo régimen de residencia, se suspenderían las expulsiones de inmigrantes ilegales, incluso las de quienes están en trámite en función de que las autoridades han detectado que carecen de documentos.
La población extranjera —legal e ilegal— que reside en Argentina es estimada por las autoridades en 1.200.000 per- sonas.
De ellas, poco más de 1.000.000 proceden de países del continente latinoamericano y 153.970 de Uruguay, según cifras que maneja la Dirección Nacional de Migraciones que datan de 2002.
NUEVO REGIMEN. Paralelamente, hace dos semanas, el Congreso argentino aprobó un nuevo régimen migratorio el cual apunta a dar igualdad de oportunidades y de trato a los extranjeros, con el objetivo principal de erradicar una ley de la dictadura militar, penalizar el tráfico ilegal de personas y prohibir la contratación laboral de inmigrantes ilegales.
Hasta la aprobación de la nueva norma legal regía en Argentina la denominada "ley Videla".
El proyecto aprobado por el parlamento fue impulsado por el ex diputado y actual senador socialista, Rubén Giustiniani.
