BUENOS AIRES / AP, AFP y LA NACION (GDA)
Diez horas de debate en la Cámara de Diputados argentina terminaron en la aprobación, por 148 votos contra 89, sin contar dos abstenciones, del proyecto de ley para modificar la conformación del Consejo de la Magistradura en la madrugada de ayer. Esta iniciativa oficialista, promovida por la senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner, permite reformar el organismo creado en 1994 para la remoción y selección de jueces debido a que ya había sido votada afirmativamente en el Senado a fines del año pasado.
El proyecto, ahora ley, ha generado una honda controversia en Argentina. El presidente Néstor Kirchner no ocultó ayer su satisfacción por la votación en Diputados al mismo tiempo que fustigó a los legisladores que no acompañaron la iniciativa. También ayer, la ley fue objetada por los distintos colegios de abogados argentinos que preparan una acción declarativa de "inconstitucionalidad" para la flamante medida.
El punto más polémico de la reforma es la reducción del número de miembros del Consejo de la Magistratura, que pasarían de 20 a 13. Pero al mismo tiempo, el organismo mantiene la cantidad de representantes gubernamentales en el mismo, cinco (dos senadores, dos diputados y un miembro del Poder Ejecutivo), aumentando su fuerza en las votaciones internas.
En cambio, las instituciones corporativas judiciales —académicos, jueces y abogados—ven reducido su número de diez a seis, mientras que elimina la representación de la segunda minoría política en el Congreso (dos legisladores). También el presidente de la Corte Suprema deja de integrar el cuerpo.
CORPORACIONES. El Consejo reformado fue creado durante la reforma constitucional de 1994 tras el denominado "Pacto de Olivos" del año anterior, suscrito entre el entonces presidente Carlos Menem y su antecesor Raúl Alfonsín. Su principal cometido es elevar al mandatario una terna de candidatos para cubrir vacantes judiciales, al tiempo que supervisa la conducta de los magistrados y eventualmente someterlos a juicio político.
El presidente Kirchner criticó ayer a quienes votaron en contra por oponerse sin presentar ninguna alternativa a la iniciativa oficial para reformar lo que calificó como "un negro proyecto" heredado del Pacto de Olivos.
De acuerdo con el oficialismo, el Consejo de la Magistratura se había convertido en un organismo ineficiente, burocrático y muy costoso, que no garantizaba una mejor y eficaz administración de justicia. Kirchner calificó que sus principales defensores eran las Corporaciones de Abogados donde "ahí tenían su quintita", según publicó ayer el diario Clarín.
Quienes se manifestaron en contra de la ley —sectores de la oposición, y diversas organizaciones judiciales y sociales— aseguran que la nueva disposición del organismo lo hará más funcional a los intereses del gobierno.
De hecho, con la nueva disposición ningún juez podrá ser seleccionado o acusado sin tener el visto bueno del oficialismo, que además tiene poder de veto, ya que estas decisiones deben ser aprobadas por una mayoría calificada del Consejo de la Magistratura.
Tampoco creen que se disminuya la burocracia ni los costos del organismo. "El proyecto va a generar una mayor estructura burocrática porque va a haber menos consejeros para tratar la misma cantidad de asuntos, lo que hará que éstos deban contratar una mayor cantidad de asesores", señaló Luciano Hazan, subdirector del Insituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
ACCIONES. El miércoles en la tarde, entre 50 y 100 personas, abogados e integrantes de organizaciones vinculadas a la Justicia, protestaron frente al Congreso argentino en un intento que ya se suponía vano para frenar la votación de la ley.
"No al copamiento del Consejo" y "Esta Justicia no es independiente" rezaban algunas de las pancartas desplegadas durante la protesta, una especie de "abrazo" al Congreso.
Ayer los abogados subieron la apuesta. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) estudia persentar una acción declarativa de inconstitucionalidad para la flamante ley.
En la mañana, el abogado Ricardo Monner Sans, el mismo que logró llevar a la cárcel al ex presidente Carlos Menem en 2001 por tráfico de armas, presentó una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo pidiendo la declaración de inconstitucionalidad a la norma.
Dos visiones encontradas para una misma reforma
Los cruces verbales entre oficialismo y oposición en relación al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura no se detuvieron luego de la aprobación de la ley.
"Felicito a los legisladores por votar la reforma porque es la primera vez que las presiones de las corporaciones (judiciales) son ampliamente derrotadas por el Parlamento", dijo ayer Kirchner.
Por su parte, el diputado y líder del opositor PRO, Mauricio Macri, advirtió que la reforma "es un gran retroceso para la República" y que "el país va a sufrir a futuro porque no tenemos un sistema democrático como debería haber". Añadió que "es casi imposible que exista una oposición que controle el gobierno porque hoy tenemos un oficialismo que domina absolutamente todo".
Antes de la votación, la diputada Elisa Carrió, del ARI, ironizó que la aprobación de la ley significa "la inauguración de la Justicia Presidente Kirchner y Señora". Un día antes se había inaugurado en San Juan el barrio Presidente Kirchner.
Tanto Kirchner como el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, contestaron las críticas de los líderes opositores Macri y Carrió.
Sobre esta última, Fernández se preguntó que "si estaba tan en contra de la reforma por qué no presentó un proyecto alternativo", según consignó ayer la edición online de Clarín. La falta de una alternativa fue uno de los principales argumentos esgrimidos por Kirchner para fustigar quienes no acompañaron el texto.
En relación a Macri, el presidente y el jefe de gabinete recordaron que había sido beneficiado "por una justicia que no fue independiente" —según dijo el mandatario— en la década de 1990 que lo declaró inocente en un proceso en su contra de contrabando de autos a Uruguay y Paraguay. AFP y LA NACION (GDA)
Votación en cámara
El oficialismo precisaba 129 votos en Diputados para aprobar el proyecto, y obtuvo 19 más, 148.
Quienes lo aprobaron se encontraban 113 kirchneristas, 18 ex duhaldistas, un menemista, cinco radicales y otros legisladores puntanos —que responden a Adolfo Rodríguez Saá— y hasta dos salteños del opositor PRO.
Los 89 votos en contra fueron obtenidos entre el radicalismo, ARI, PRO, el socialismo y sectores duhaldistas y menemistas del peronismo.
Pese a la holgada victoria parlamentaria, el kirchnerismo no tuvo unanimidad. De los 115 diputados que responden al Presidente, dos se retiraron al momento de votar. Uno de ellos fue el ex canciller Rafael Bielsa, que discrepaba con la iniciativa.
