La Paz El presidente boliviano, Evo Morales, enfrentaba las demandas inmediatas de 6.000 propietarios de automóviles de contrabando que exigen legalidad y de 250.000 vendedores de ropa usada, mientras se incuban otros problemas: los malestares por su política de rebaja salarial y las pretensiones de las regiones de manejar su riqueza petrolera.

Apenas diez días después de asumir el poder, Morales estaba en la encrucijada de atender las demandas de los propietarios de vehículos motorizados ingresados de contrabando al país, que pretenden incluirlos en las flotas de transporte público, a contrapelo de una ley específica que proscribe su circulación.

Pero el problema más agudo deriva de un decreto expedido por la administración del ex presidente Eduardo Rodríguez, que a fines del año pasado prohibió la importación de ropa usada desde este 1 de febrero.

Morales se encontraba entre la espada y la pared, presionado por un lado por los importadores de prendas de segunda mano, y del otro por empresarios textiles que exigen privilegiar la industria nacional, una de las ofertas en la campaña del mandatario.

Los importadores alegan que la actividad ocupa directa e indirectamente a 250.000 personas en todo el país, mientras que los empresarios textiles advierten que la industria colapsará en breve y suprimirá 80.000 fuentes de trabajo si no se aplica el decreto de Rodríguez.

"Somos 250.000 gremialistas y el día lunes vamos a tener un congreso (en La Paz) y vamos a decidir acciones a tomar. Nosotros no queremos entorpecer al actual gobierno. Si no nos escucha el gobierno, vamos a salir en movilizaciones", amenazó Amadeo Tapia, de la Comisión Nacional de Ropa Usada.

Bernd Abendronth, titular de la Federación de Empresarios de La Paz, exhortó a estos comerciantes a ofrecer "lo que el país produce".

El ministerio de Desarrollo Económico abrió un compás de espera en busca de una solución salomónica, "bajo el criterio de que por sí sola la prohibición de la importación no soluciona el tema" y en vista de que existe "un masivo contrabando de esta mercadería".

Bolivia importó en el último lustro ropa usada por unos 500 millones de dólares, es decir, el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) de 9.300 millones de dólares, según el Instituto Boliviano de Comercio Externo (IBCE).

Sólo el 7% de la ropa usada fue ingresada al país legalmente por puertos de Chile, el resto lo hizo de contrabando, precisó el informe.

Mientras la administración boliviana intentaba capear este temporal, gruesos nubarrones se cernían en otros ámbitos.

Menos de una semana después de recortar en 57% su propio salario, Morales lidiaba con una fuerte resistencia en diversos sectores para acatar su política de austeridad.

Los mandos de la policía antidrogas se opusieron de entrada a una rebaja salarial. "La gente que trabaja tiene que estar bien pagada", afirmó el coronel Miguel Vásquez, jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Las bancadas oficialista y opositora también disentían sobre un recorte de 50% en las dietas de los congresistas.

"Plantearemos dos resoluciones que fijan la rebaja del 50% para diputados y senadores", enfatizó el presidente del Senado, el socialista Santos Ramírez, que también gestionaba la supresión del pago de haberes a legisladores suplentes.

En otro potencial conflicto, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, frenó en seco las gestiones de los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz y Tarija para exportar gas y petróleo.

Soliz esgrimió que "el ordenamiento jurídico vigente no autoriza a los prefectos a suscribir acuerdos de nivel internacional".

Marcelo Navajas, vocero de la Prefectura de la provincia sureña de Tarija, donde se emplaza la riqueza gasífera, anunció que llamará la semana que viene a un cabildo público para adoptar "las decisiones que más convengan" en caso de que las gestiones con algunas regiones de Argentina y Paraguay, sean entorpecidas por La Paz.

AFP