Uruguay y Argentina presentarán conclusiones distintas en dos informes individuales que evidencian los desacuerdos por aspectos técnicos en la instalación de plantas de celulosa en Río Negro. Esos informes se harán llegar esta semana a los respectivos cancilleres Reinaldo Gargano y Jorge Taiana.

Como estaba previsto, tras la última reunión de delegados en el Grupo Técnico binacional de Alto Nivel (GTAN) no hubo acuerdos ya que los representantes de Argentina mantuvieron sus demandas de información específica que Uruguay dice no poseer.

Uruguay dijo que seguirá adelante con el proyecto mientras Argentina amenazó con demandar a los "patrimonialmente responsables" —entre ellos el Estado uruguayo— por los eventuales perjuicios ambientales.

Según quedó claro en la reunión, la información que Argentina reclama tiene que ver con detalles del proceso químico de blanqueo, indicándose los químicos a utilizar, en qué cantidades, y en qué orden. Pidieron una indicación precisa del tratamiento de los efluentes líquidos, cómo se van a tratar, cómo se va a controlar esos efluentes antes de ser devueltos al río, cómo se tratarán las emisiones de gases, los filtros, y en qué consistirán esas emisiones.

La delegación argentina, con el director de asuntos ambientales de la Cancillería argentina Raúl Estrada Oyuela a la cabeza, dijo que las emisiones que autoriza la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) uruguaya tienen una elevada cantidad de tóxicos los que, acumulados a lo largo de diez o quince años, pueden contaminar seriamente la cadena alimentaria.

Insistieron en que necesitan saber cómo se tratarán los residuos sólidos, cuáles van a ser los recaudos ambientales de las plantas, quien va a estar a cargo, y cómo se van a tratar los problemas que ocurran en los seis primeros meses de puesta en marcha de la planta donde según la experiencia de los especialistas son frecuentes las interrupciones y reanudaciones de tareas, cada una de las cuales se asegura que provoca emisiones. Enfatizaron ayer que todos estos datos ya están en manos de las empresas y dijeron que Uruguay debió pedirlos.

Los miembros de la delegación uruguaya respondieron que esa información no está en sus manos y que lo que hay se ha entregado en forma completa.

A su vez, según se supo ayer, el informe de la parte uruguaya sostiene que el impacto ambiental de las dos plantas de celulosa es sustentable en su totalidad, pues la "tecnología de producción adoptada por ambas plantas está señalada dentro de las mejores tecnologías disponibles establecidas por la Unión Europea".

En lo que respecta a los olores, el informe uruguayo señala que "puede esperarse" que los mismos sean "esporádicos".

Tras la reunión, Estrada Oyuela dijo que el canciller Reinaldo Gargano "está mal informado" en varios aspectos de las negociaciones entre ambos países, y respecto a las autoridades ambientales uruguayas opinó que "debieron ser más estrictos" con los controles sobre las plantas.

Si las plantas se instalaran y provocaran daño a Argentina, Estrada Oyuela opinó que se produciría una situación "muy dañina para todos", porque "las empresas y los bancos serían demandados, el gobierno uruguayo también podría ser demandado porque no ha cumplido con tratados y autorizó la construcción de esas plantas. Habría un foco de discrepancia entre Argentina y Uruguay por cien años. Pero ojalá esto no ocurra".

"Tengo desilusión", dijo el representante argentino, porque "cuando empecé esta negociación pensé que teníamos una base común mucho más amplia. Y me encuentro que hay una adhesión muy subordinada a la política de las empresas" extranjeras.