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ARGENTINA | Funcionarios del ex presidente deberán responder por la causa en la que ayer fueron condenados dos policías a cadena perpetua
Piden imputación de Duhalde en asesinato a piqueteros de 2002

BUENOS AIRES | AP y LA NACION/GDA

El tribunal que en la noche del lunes condenó a prisión perpetua a dos policías por el asesinato de dos manifestantes "piqueteros" en junio de 2002, también ordenó investigar la responsabilidad de tres importantes colaboradores del entonces presidente provisional Eduardo Duhalde.

Ayer el abogado Mariano Bergés, representante del padre de uno de los piqueteros asesinados, aseguró que el ex presidente —actualmente de vacaciones en Punta del Este— deberá responder preguntas "como imputado" sobre su responsabilidad en el episodio.

La cadena perpetua contra el ex comisario Alberto Fanchiotti y el ex suboficial Alejandro Acosta fue por considerarlos culpables de "doble homicidio agravado por la alevosía".

Ambos ultimaron a balazos a los jóvenes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, durante la represión policial de una multitudinaria marcha "piquetera" a la altura del puente Pueyrredón.

Duhalde se vio forzado a adelantar el llamado a elecciones y a acortar en seis meses su permanencia en el gobierno, ante el escándalo político provocado por testimonios fotográficos y de televisión en los que aparecían los policías dando muerte a ambos jóvenes.

INVESTIGACION. Los tres magistrados del Tribunal Oral del vecino municipio de Lomas de Zamora ordenaron que se investigue por presunto falso testimonio al ex ministro de justicia Jorge Vanossi, al ex jefe del servicio de inteligencia Carlos Soria y al subjefe del mismo, Oscar Rodríguez.

Los tres ex colaboradores de Duhalde declararon como testigos en el juicio y presuntamente incurrieron en contradicciones al ser preguntados si el gobierno de entonces había encomendado a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) investigar y organizar la represión de los "piqueteros".

Los abogados de los familiares de Santillán y Kosteki sostuvieron que la orden de reprimir la marcha en forma violenta, utilizando incluso balas de plomo, en vez de las usuales de goma empleadas por la policía en esos casos, provino del gobierno de Duhalde.

Los tres ex funcionarios lo negaron, pero uno de ellos, Soria, admitió que se quiso darles una "lección" a los manifestantes, para que "fuera un caso testigo, destinado a recomponer la autoridad del Estado".

Según el abogado Bergés, hay varias preguntas para hacerle a Duhalde: "¿por qué dispuso de fuerzas federales en territorio provincial? ¿Por qué se disparó? ¿Había órdenes? ¿Por qué había funcionarios que hablaban de ‘mano dura’ y de que cortar el puente era una declaración de guerra?"

Vanossi y Rodríguez son actualmente diputados nacionales, el primero del partido derechista Pro y el segundo en representación de la fracción peronista disidente que responde a Duhalde. Soria no ocupa ningún cargo público.



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