Santiago de Chile - El gobierno peruano oficializó hoy ante la cancillería chilena el pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) en el cual expresa el deseo que "la justicia prevalezca y se erradique la impunidad".

El gobierno chileno aseguró hoy "un debido proceso" al ex mandatario detenido desde el 7 de noviembre pasado, cuando regresó sorpresivamente desde Japón, donde estaba prófugo de la justicia de su país.

El vocero gubernamental, el ministro Osvaldo Puccio, dijo que las autoridades respetarán cualquier decisión de los tribunales, pues "son un poder independiente".

El canciller Ignacio Walker subrayó que los tribunales chilenos son "una absoluta garantía de imparcialidad" e indicó que el caso "no afectará de ninguna manera" la relación bilateral.

El embajador de Lima en Santiago, José Antonio Meier, acompañado del Procurador Anticorrupción, Antonio Maldonado, entregó hoy al canciller Walker 12 cuadernillos que avalan los cargos contra el ex mandatario, 10 por casos de corrupción y dos por atropellos a los derechos humanos.

"Con este acto -dijo Meier- el Estado peruano reivindica su obligación y sus derechos de hacer justicia con el irrestricto respeto al debido proceso y a la vez responde a las expectativas y las aspiraciones de todo el pueblo peruano para que la justicia prevalezca y se erradique la impunidad".

Añadió que "el pedido de extradición se formula en nombre de todos los peruanos y peruanas, y particularmente en nombre de las víctimas que se atribuye al ciudadano peruano Alberto Fujimori".

Según el diplomático, los cuadernos de extradición contienen "elementos probatorios contundentes y suficientes para habilitar a las autoridades chilenas, a fin de que puedan tener una visión de cada uno de los casos y tener criterios para definir que éstos se encuentran estipulados dentro del tratado de extradición vigente desde 1932".

Meier adjuntó a la petición de extradición de Fujimori una nota "en donde se establecen los argumentos de hecho y de derecho, y se solicitan algunas condiciones para que (el caso) no se convierta en un elemento de impacto político e interferencia en las relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países".

El gobierno visó de inmediato la petición de extradición y la entregó a la Corte Suprema que la derivó al juez Orlando Alvarez, a cargo del proceso.

El magistrado adelantó que interrogará a Fujimori en su lugar de reclusión (la Escuela de Gendarmería), y admitió que una de las primeras decisiones que deberá adoptar es si amplía el período de reclusión del ex mandatario o decreta su libertad provisional.

El tratado de extradición bilateral, vigente desde 1932, permite el arresto preventivo hasta dos meses cuando se anuncia una petición de extradición, plazo que vence el próximo sábado.

El abogado de derechos humanos, Héctor Salazar, patrocinante de familiares de las víctimas de La Cantuta, reconoció a ANSA que el proceso de extradición puede ser muy lento y prolongarse por más de un año porque se tramitará bajo el antiguo sistema procesal.

El caso de La Cantuta es una de las matanzas que se atribuyen a operaciones militares ordenadas por Fujimori contra nueve estudiantes y un profesor universitarios cometida en 1992.

El canciller Walker, tras recibir la solicitud, explicó que no corresponde al gobierno "entrar a conocer el fondo o el mérito de este proceso".

"El gobierno se abstendrá de opinar o de emitir cualquier juicio manteniendo la prescindencia que le corresponde en un caso de extradición que está, a diferencia de otros países, radicado exclusivamente en la Corte Suprema", explicó.

Ante el planteamiento de familiares de víctimas peruanas que esperaban una "actitud consecuente" del gobierno chileno tomando en cuenta lo obrado en casos como el del ex jerarca alemán Paul Schaefer y del ex dictador Augusto Pinochet, Walker respondió que "el gobierno de Chile siempre es consecuente con lo que predica".

"Los derechos humanos son piedra angular de nuestra política exterior", aseveró.

Walker descartó que Fujimori pueda ser expulsado si no se concede su extradición y que las autoridades intervengan para prolongar su arresto.

El canciller no quiso hacer hipótesis sobre el futuro de la petición de extradición de Fujimori formulada por el gobierno del Perú.

"Obviamente todos sabemos que cualquier proceso de extradición puede ser aprobado o rechazado y yo creo que todos confían en la acción de los tribunales de justicia", subrayó.

ANSA