El Poder Ejecutivo redactó un decreto por el cual respaldó el informe final de la Comisión para la Paz, y prepara dos proyectos de legislación en materia civil, y con ello marcó "punto" a la elaboración de normas vinculadas a la cuestión de los desaparecidos durante la dictadura, aseguró ayer a El País el asesor presidencial Carlos Ramela. En tanto, el presidente Jorge Batlle mantuvo ayer una reunión de dos horas y media con el ministro de Defensa Yamandú Fau, y con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, durante la cual "intercambiaron consideraciones" sobre el informe de la comisión.
El decreto, para cuya aprobación sólo falta la firma de algunos ministros, ratifica el apoyo al informe final de la Comisión para la Paz, y añade una serie de fundamentaciones y citas de ese documento, por los cuales determina que en opinión del Poder Ejecutivo, se cumplió el artículo cuarto de la Ley de Caducidad, que dispone una investigación oficial sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Así lo adelantaron a El País fuentes del Ejecutivo, representantes del Foro Batllista y de la Lista 15.
En tanto, Ramela prepara los borradores de dos proyectos de ley, uno con el objetivo de crear la figura jurídica de "ausencia por desaparición forzada" —que sólo tiene efectos en materia civil— y otro para indemnizar económicamente a las familias de los desaparecidos. Con esos dos proyectos de ley y con el decreto, el gobierno pondrá "punto" al tema, afirmó Ramela.
El asesor presidencial y vocero de la Comisión para la Paz, indicó que el decreto del Poder Ejecutivo "no se aparta de la mecánica jurídica" de la resolución que el presidente Batlle firmó de manera inmediata a la divulgación del documento de investigación sobre los desaparecidos.
Así como sucedió durante el proceso de definición de normas derivadas del informe final de la comisión, el Foro Batllista y la Lista 15 difieren en su visión sobre las consecuencias jurídicas que tendrá el decreto, que será aprobado en las próximas horas.
Mientras fuentes de la Presidencia relativizan el peso que el decreto podrá tener en decisiones judiciales, fuentes del Foro, con la mira en el proceso judicial por el cual fue encarcelado el ex canciller Juan Carlos Blanco, estiman que la nueva norma podrá incidir. Los informantes de ese sector consultados por El País opinaron que el cumplimiento del artículo cuarto de la Ley de Caducidad, con una investigación oficial que marcó que existen elementos suficientes para concluir que 26 desaparecidos están muertos, podría ser desvirtuar el argumento de que su fallecimiento no fue probado aún, y que por lo tanto el delito es permanente.
Precisamente, la inubicabilidad de los restos óseos de Quinteros, y por lo tanto la imposibilidad de demostrar su muerte a los efectos legales, fue argumento central de la Justicia en el fallo por el cual encarceló a Blanco.
Entre los 26 casos que la Comisión para la Paz entiende aclarados se encuentra Elena Quinteros, por cuya desaparición está encarcelado el ex canciller. El Foro Batllista rechaza esa situación, y procura que Blanco sea liberado. Por su parte, la Lista 15 considera que la prisión de Blanco es "injusta", ya que no es razonable que sea condenada una persona que tuvo una participación "marginal" en el caso Quinteros, cuando los autores directos del delito están amparados por una ley. No obstante, el sector se ha mostrado reticente a "inventar" instrumentos jurídicos con el objetivo específico de liberarlo.
POSICION. Por otra parte, entre las 15 y las 17.30 horas de ayer se reunieron en la residencia presidencial de Suárez y Reyes el presidente Batlle, el ministro Fau, y los comandantes en jefe del Ejército Carlos Daners, de la Armada Carlos Giani, y de la Fuerza Aérea José Pedro Malaquín.
Fau explicó a El País que durante el encuentro se analizaron varios temas, como la guerra en Irak, una solicitud de Naciones Unidas para que las fuerzas de paz uruguayas en el Congo sean trasladadas desde su ubicación actual hacia otra zona al noreste, pero reconoció que las derivaciones del informe final de la Comisión para la Paz fue uno de los asuntos centrales.
La reunión fue promovida por el propio Fau, quien entendió que las características del escenario planteado luego del documento final sobre los desaparecidos justificaban un encuentro entre todos.
El ministro comentó que "no se realizaron planteos como tales", y que en ningún momento se efectuaron "planteos ríspidos". El jerarca mantuvo en reserva las opiniones que fueron emitidas durante la conversación.
Horas antes de la reunión en Suárez, Batlle se entrevistó en el edificio Libertad con el presidente del Centro Militar Juan Rebollo. El general retirado evitó todo comentario vinculado a las consecuencias del informe de la comisión gubernamental, y se limitó a decir a los periodistas presentes a su salida, que se reunió con el jefe de Estado para invitarlo a la celebración por los 100 años del Centro Militar.
Si bien lo hicieron bajo condición de anonimato, en los últimos días varias fuentes militares expresaron a El País su preocupación por el "hostigamiento" del cual se sintieron objeto en virtud del informe de la Comisión para la Paz, y de la advertencia del grupo de familiares de desaparecidos, que impulsó acciones judiciales penales.
Los militares, retirados y en actividad, creen que a partir del documento de la comisión se instala en la sociedad un relato sesgado de la historia uruguaya de las décadas de 1960, 1970 y 1980, y que acentúa la violación de derechos humanos por parte de efectivos militares, e ignora los delitos cometidos por guerrilleros.
